El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez Brignani, advirtió que el presupuesto quinquenal no contempla la mayoría de las solicitudes presentadas por el Poder Judicial y reclamó que el Parlamento “redistribuya mejor los recursos”. En entrevista con PortalAPU.uy, sostuvo que históricamente la justicia ha quedado relegada en la agenda política y que eso limita su capacidad de respuesta frente a las demandas sociales.

Pérez Brignani señaló que de los 24 juzgados de género solicitados (6 en Montevideo y 18 en el interior), el proyecto del Poder Ejecutivo sólo incorporó uno para el año 2027. También se dejaron por el camino varios artículos “sin costo” que buscaban desburocratizar trámites como divorcios, tenencias y asignaciones familiares. “Pedimos medidas para agilizar procesos y aliviar a los juzgados, pero prácticamente nada fue recogido”, lamentó.

El magistrado insistió en que la SCJ necesita recuperar independencia económica. “Hoy, para trasladar fondos de un rubro a otro debemos pedir autorización al Poder Ejecutivo. Eso limita nuestra capacidad y es algo que desde los años 60 estaba garantizado”, explicó.

Entre las prioridades no atendidas mencionó la creación de una oficina de salud laboral para funcionarios (especialmente los que trabajan en juzgados de violencia doméstica), el cierre de un diferendo salarial que lleva 14 años y partidas de funcionamiento que no se actualizan desde 2013.

También alertó sobre la falta de defensores de oficio suficientes y la necesidad de acercar la justicia a localidades alejadas. “Existen barreras culturales, económicas y físicas que dificultan el acceso. No se trata de una justicia para ricos y pobres, sino de garantizar igualdad de oportunidades reales”, dijo.

Convenios sociales y rol institucional

El presidente de la SCJ destacó la firma de un convenio con INDA para proveer 1.500 tickets de alimentación a madres, niñas, niños y adolescentes que deben pasar largas horas en los juzgados. “Muchas veces llegan sin recursos para comer; con este acuerdo podemos paliar esa situación”, explicó, y adelantó que se buscan nuevos convenios de apoyo.

Sobre la eventual creación de un Ministerio de Justicia, Pérez Brignani fue cauteloso: “Mientras no se cercenen las competencias de la Corte, será una decisión del Poder Ejecutivo y el Legislativo”.

“Nunca es prioridad”

El jerarca criticó que la justicia no figure como un eje central en las campañas electorales ni en los programas partidarios. “Se prioriza salud y educación, que son muy importantes, pero nunca la justicia. Sin embargo, nuestro sistema tiene impacto directo en la economía y es uno de los motivos por los que organismos internacionales confían en Uruguay”, sostuvo.

Finalmente, informó que la SCJ ha mantenido reuniones con todas las bancadas políticas (a excepción de Cabildo Abierto) para insistir en la redistribución de recursos. “No podemos ser siempre los castigados; la sábana es corta, pero siempre para este lado”, concluyó.