La bancada de legisladores del Frente Amplio presentó este lunes los resultados del trabajo de la comisión especial investigadora sobre el proceso de compra de las patrulleras oceánicas al astillero español Cardama. Tras seis meses de actuaciones en la Asamblea General, el oficialismo concluyó que existieron graves irregularidades con apariencia delictiva y resolvió remitir todos los antecedentes a la Fiscalía General de la Nación para que la Justicia determine eventuales responsabilidades penales.

El informe legislativo identifica anomalías vinculadas a la constitución de garantías contractuales, presentación de documentación presuntamente falsa, ausencia de traductores públicos u apostillados en escritos presentados en inglés y autorizaciones de giros económicos efectuados sin la documentación original a la vista. Según detallaron representantes del sector, la maniobra principal responde al accionar del astillero, aunque señalan que no pudo haberse concretado sin la omisión o acción de funcionarios públicos e integrantes de las Fuerzas Armadas.

A nivel político, el Frente Amplio apuntó directamente hacia la responsabilidad del expresidente Luis Lacalle Pou, así como a los exministros de Defensa Javier García y Armando Castaingdebat, junto a jerarcas de confianza de la cartera. Asimismo, la bancada respaldó la rescisión del contrato dispuesta por el Gobierno, argumentando que evitó una pérdida superior a los 50 millones de euros frente a una estafa consumada contra el Estado uruguayo.