Bajo el argumento de proteger la producción frutícola, el gobierno resolvió avanzar con un plan de exterminio masivo de cotorras que habilita prácticas ampliamente cuestionadas por su crueldad y por los riesgos ambientales que implican. La estrategia, impulsada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), expone una vez más la disposición del Estado a ceder sin resistencia ante la presión del agronegocio, incluso a costa de vulnerar principios básicos de bienestar animal y de desconocer su propia institucionalidad.

La superpoblación de cotorras, un problema conocido desde hace décadas, fue utilizada como justificación para implementar un “plan de choque” que prioriza la eliminación rápida por sobre soluciones sostenibles, científicas y éticamente aceptables. En lugar de apostar a políticas de largo plazo, el MGAP optó por habilitar el uso de cebos tóxicos y adhesivos en los nidos, métodos que provocan muertes lentas, dolorosas y difíciles de controlar.

Entre las técnicas autorizadas se encuentra el denominado “pega-pega”, que consiste en colocar adhesivos en los nidos (ubicados generalmente en eucaliptos de gran altura) para inmovilizar a las aves. Organizaciones ambientalistas advierten que el resultado es una agonía prolongada: las cotorras se desgarran intentando escapar y mueren tras horas o incluso días de sufrimiento.

La representante de las organizaciones ambientalistas en el directorio del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), Rita Rodríguez, calificó la medida como “cruel e innecesaria” y denunció que el organismo fue directamente excluido del proceso de decisión. “Hay un avasallamiento institucional”, sostuvo, en referencia al desconocimiento del rol del INBA por parte del propio Estado, en una política que debería tener al bienestar animal como eje central.

Pese a que existen alternativas no letales (como los cebos esterilizantes, utilizados en otros países), el MGAP las descartó por considerar que requieren tiempo, planificación e inversión. En su lugar, eligió una respuesta inmediata y violenta, alineada con los reclamos del sector frutícola, que exige resultados antes de la próxima cosecha.

El Ejército y los venenos

Uno de los aspectos más polémicos del plan es la participación del Ejército Nacional en la aplicación de cebos tóxicos en los nidos. La decisión, justificada por razones logísticas, refuerza la imagen de un Estado que moviliza recursos militares para ejecutar una política de eliminación animal masiva, sin atender adecuadamente los impactos éticos, ambientales y sanitarios.

Los venenos previstos (según advierten especialistas) provocan muertes particularmente crueles. Los rodenticidas anticoagulantes generan hemorragias internas progresivas, con síntomas como dificultad respiratoria, temblores, debilidad extrema y una agonía prolongada antes del fallecimiento. El propio plan reconoce el riesgo de intoxicaciones secundarias en otras especies, como perros, gatos, zorros y aves rapaces, y obliga a los productores a enterrar los cuerpos en menos de 48 horas, una solución precaria que evidencia la improvisación del enfoque.

Mientras el gobierno insiste en la necesidad de “bajar la población lo antes posible”, queda al descubierto una política pública diseñada a la medida de los intereses del campo, que acepta la crueldad como un costo asumible. La gestión de la fauna silvestre, una responsabilidad indelegable del Estado, termina así subordinada a la presión económica, con consecuencias que trascienden ampliamente el conflicto con las cotorras y ponen en cuestión el rumbo de la política ambiental del país.