Bajo el rótulo “Arrestos: lo peor de lo peor”, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. creó un sitio en línea con información de personas que han sido detenidas por el ICE. Entre esas personas se encuentra Armando Fernández Larios, que además de haber integrado la DINA, está acusado de varios crímenes de Lesa Humanidad, participó de la llamada “Caravana de la Muerte”[i], del asalto al Palacio de la Moneda[ii] y estuvo involucrado en el asesinato de Orlando Letelier[iii] por cuyo caso Fernández Larios contaba con protección federal por lo que no podía ser extraditado. Además está acusado por la Justicia chilena por asesinato, desaparición forzada y terrorismo en algunos de los casos más simbólicos de violaciones a los derechos humanos.

El canciller chileno, Alberto van Klaveren, reconoció que el actual gobierno de su país sabía que Fernández Larios, de 76 años, “estaba detenido hace bastante tiempo”.

El abogado Cristian Cruz, impulsor junto a un equipo de profesionales, de causas de delitos de Lesa Humanidad, entre ellas las causas de los uruguayos detenidos, desaparecidos en territorio chileno, explicó algunos aspectos de esta decisión de Estados Unidos que podría catalogarse como sorpresiva.

“Siempre ha habido intromisión de otras potencias en los países que somos del Tercer Mundo”

Al ser consultado específicamente por la actitud de Estados Unidos de inmiscuirse en la justicia chilena y “sacar” del país a este agente de la DINA para protegerlo, Cruz explica lo siguiente:

“No nos debe extrañar que Estados Unidos y otras potencias actúen en Latinoamérica, en África” comenzó diciendo. Citó el caso de Bélgica que recientemente abrió un expediente referido a un ex funcionario estatal belga, que habría coparticipado en el crimen de Patricio Lumumba[iv] y el Plan Cóndor donde hubo coordinación represiva de agentes de seguridad de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay. “Sabemos -agregó- que hubo intromisión de argentinos en Uruguay, de uruguayos en Chile, sabemos que para el golpe de Estado (en Uruguay) había agentes brasileños en la frontera, también sabemos, que hubo agentes uruguayos que fueron reconocidos torturando, participando en las torturas en el estadio nacional en 1973, así que siempre ha habido intromisión de otras potencias en los países que somos del Tercer Mundo”.

Cruz lleva, junto a su equipo, 14 de los 15 casos de la Caravana de la Muerte en La Serena, donde entre 2017 y 2018 se le solicitó información a la Corte Suprema, a la Cancillería y al Ministerio de Relaciones Exteriores, y afirma que “la Cancillería recién responde en el año 2021. Lo que quiero decir es que aquí ha habido una inactividad, una desidia que raya en un límite que nos llama a desconfiar”.

Respecto a la extradición y la expulsión explica sintéticamente las diferencias entre una y otra posibilidad. “La extradición implica que un Estado le entrega a un individuo requerido a otro Estado para que sea juzgado en el territorio del requirente. Eso es lo que ocurrió con los oficiales de ejército uruguayos que, acusados de cometer el crimen de Eugenio Berríos, son requeridos por la justicia chilena, entregados por el Uruguay, juzgados, sentenciados, condenados en Chile… bueno, lamentablemente entendemos que en su oportunidad fueron enviados a Uruguay dos de ellos y no cumplieron ni la mitad de la pena a la que habían sido condenados, ya que ese es otro aspecto que nos parece delicado. Expulsión es simplemente que se le saca de las fronteras internas, o sea, se le podría enviar a cualquier país o dejar en la frontera, pero usualmente se le expulsa con destino a su país de nacimiento, su país de origen, y por lo tanto tampoco descartamos que él sea expulsado, como lo han sido otros chilenos, con destino a Chile, que es lo que obviamente pretendemos. Ahora, podrían enviarlo al SEDCOM en El Salvador, a esta cárcel, de Bukele…”.

"No es la primera vez que tenemos motivo para desconfiar del compromiso de la Cancillería Chilena respecto al cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales en la materia".

 

Cruz vuelve a mencionar la causa de la Caravana La Serena, donde ya fueron condenados varios agentes: “Hemos hecho una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por un oficial que no fue condenado debidamente, ya que fue favorecido bajo nuestro entender de manera inconstitucional a una pena de no cumplimiento de cárcel, no quiero caer en tecnicismo, pero él se dijo, mire, dado la edad y su participación no merece estar en cárcel, pero había otros oficiales de menor edad, de menor rango, de menor grado de participación y ellos sí fueron a la cárcel, pero cuando se trata de este ex comandante en jefe no, entonces, bueno, nosotros no nos engañamos, entendemos el poder que él tiene (ya) que el expresidente Lago, que se supone que es militante socialista, incluso fue a declarar a su favor…  entonces, la verdad que Cancillería, a nuestro entender, puso obstáculos ante la Comisión Interamericana para que se conozca esta causa”.

Agrega luego, como parte de la misma preocupación que “ya no es la primera vez que tenemos motivo para desconfiar del compromiso de la Cancillería Chilena respecto al cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales en la materia”.

Respecto al tema de Fernández Larios, lo definió como una persona cruel, sádica que incluso llegó a torturar mediante un corvo hasta la muerte y aun después de muertas sus víctimas las siguió acometiendo. Aún así explica que “no se trata de los cuatro o cinco psicópatas de turno que actúan. ¡¡No!! Es el Ejército Chileno que obra y que genera, en sus diversos planos, toda esta actividad, detener o secuestrar a las víctimas, torturarlas, imputarlas falsamente, asesinarlas, hacerlas desaparecer, justificar con cargos falsos o pseudo, en consejos de guerra, que en realidad nunca se dieron, toda esta actividad criminal”.

Narró, asimismo, el caso de víctimas “que fueron inhumadas, fueron enterradas en una fosa común, sin nombre, sin estar siquiera separadas entre ellas” y que luego se determinó que, “al entregar el cuerpo de una supuesta víctima, no sólo no correspondía a esa víctima, sino que correspondía a, voy a usar las palabras científicas, cuatro perfiles genéticos. O sea, usted entiende, y espero que los compatriotas entiendan la crueldad de entregar un cuerpo que no sólo no está, sino que corresponde a la unión de cuatro cuerpos de seres humanos, y decir a la familia, mira, aquí está su deudo, y eso no era así. Esa es la crueldad del ejército de Chile, esa es la maldad con que se ha obrado respecto de estas víctimas”.

La prisión domiciliaria

En Uruguay, y también en Chile, se ha debatido ampliamente la posibilidad de que, aquellos militares condenados por delitos de Lesa Humanidad, puedan terminar la condena en sus domicilios y no en los centros de reclusión debidamente acondicionados para ellos. En este punto Cruz refiere al caso de un militar conocido como “El Príncipe”[v] que fue declarado “loco o demente” y que luego se comprobó que había sido un diagnóstico que no contó con todas las garantías.

En concreto el abogado de Derechos Humanos entiende que de prosperar estas iniciativas se “está abriendo una puerta muy peligrosa” y ejemplifica sus dichos con lo que ha ocurrido con la mafia italiana y con “los grupos mafiosos organizados históricamente (que) son dirigidos por clanes familiares cuya cabeza suele ser un abuelo o una abuela”.

Al finalizar y a modo de síntesis respecto a Fernández Larios, Cruz entiende que, en base a los antecedentes que rodean a este caso en que “no pocos oficiales trataron de descargar su responsabilidad acusando de sus propios hechos a Fernández Larios, entonces si vuelve a Chile y dice la verdad, también va a complicar a muchos de esos oficiales y por lo tanto hay que, creo yo, tenerlo en una situación que impida que los poderes fácticos, los poderes castrenses, puedan acceder a él”.

[i] Se trató de una operación militar dirigida por el General Arellano Stark, ejecutada entre setiembre y octubre de 1973 en el cual murieron al menos 93 personas, algunas pertenecientes al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)  y otras sin militancia política.

[ii] Ocurrido el 11 de septiembre de 1973 en Chile y que marcó el inicio del golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet.

[iii] Marcos Orlando Letelier del Solar, político, abogado y embajador chileno, ministro de Estado del gobierno de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende. Según información desclasificada por la CIA, fue asesinado por orden del general Augusto Pinochet en Washington.

[iv] Patrice Émery Lumumba líder anticolonialista y nacionalista congoleño, el primero en ocupar el cargo de primer ministro de la República Democrática del Congo entre junio y septiembre de 1960, tras la independencia de este Estado de la ocupación colonial belga. Fue derrocado en 1960 y asesinado en 1961. En 1966 fue nombrado héroe nacional.

[v] Se refiere al excoronel Edwin Dimter Bianchi, conocido como El Príncipe, uno de los que participó en el asesinato de Víctor Jara.