RELACION DE LOS HECHOS MAS IMPORTANTES OCURRIDOS EN URUGUAY DURANTE EL 2004 RELATIVOS A LA LIBERTAD DE EXPRESION, LA LIBERTAD DE PRENSA Y EL DERECHO A LA INFORMACION.

Consideraciones generales. En actuaciones de oficio o a petición de parte la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), documentó a lo largo del 2004 una serie de hechos que constituyen violaciones o amenazas a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información.

Entre los hechos que se constataron se incluyen agresiones físicas, amenazas de muerte, coacciones, censuras, varias sentencias de juzgados civiles o penales que limitan el ejercicio profesional y represión antisindical. Como hecho positivo cabe destacar que se apresó y envió a la cárcel a los autores materiales e intelectuales de un atentado a balazos contra un periodista ocurrido durante el año 2003.

Para la APU, el año 2004 fue uno de los peores en materia de vigencia y respeto de la libertad de expresión, libertad de prensa y derecho a la información en el país, desde la restauración democrática en 1985. A la cabeza de los flagelos que limitan el ejercicio de estas libertades en Uruguay se ubicaron las sentencias decretadas por varios jueces que no sólo condenaron a periodistas a cumplir penas de prisión, sino que fundaron esas condenas en doctrinas que lisa y llanamente desconocen a la libertad de expresión como un derecho fundamental del ser humano. En esas sentencias los magistrados no repararon en que se trata de una libertad estructural de la sociedad democrática, mediante la cual el ciudadano controla diariamente a sus representantes y custodia las restantes libertades.

Estos fallos se tornan aún más graves, si se tiene en consideración que varios jueces de primera instancia ignoraron o contradijeron por completo varias sentencias dictadas en la última década por los Tribunales de Apelaciones y de la propia Suprema Corte de Justicia, que invariablemente reconocieron que las libertad de expresión y el derecho a la información tienen una posición de prevalencia sobre los restantes derechos civiles en caso de informaciones verosímiles y de interés general.

Algunos de estos fallos son de una gravedad tal que ponen al país entre los peores lugares de América Latina para ejercer el periodismo en materia de garantías para el ejercicio de estas libertades. En tanto el Poder Judicial debería ser el garante de la libertad de expresión y el derecho a la información, es preocupante que estos fallo restrinjan y se introduzcan en el ámbito de la libertad de expresión que la Constitución reconoce a los ciudadanos.

En este informe se recuerdan todos estos fallos, pero algunos de ellos, por su gravedad, merecen una mención especial . El más reciente fue el dictado en el mes de diciembre por la jueza Dolores Sánchez de Paysandú contra el periodista Carlos Dogliani. Esta sentencia es perfectamente pasible de ser presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en forma de juicio contra el Estado uruguayo.

En este caso resulta particularmente llamativo que la magistrada no encontró legítimo que un periodista informe y opine sobre decisiones absolutamente inconvenientes y sumamente polémicas de un intendente municipal. También es preocupante que la magistrada utilice doctrinas largamente superadas que establecen un honor privilegiado para los funcionarios de gobierno, cuando la jurisprudencia nacional e internacional indican claramente que éstos deberían someterse al mayor escrutinio y la más amplia libertad de crítica por parte de la prensa.

Este año también un juez de Cerro Largo condenó a 20 meses de prisión a la periodista Marlene Vaz por difundir informaciones y opiniones críticas y/o humorísticas contra un funcionario público de jerarquía. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2o. turno modificó el fallo y revocó el delito de difamación que se le había impuesto a la periodista, pero igualmente mantuvo el delito de injurias porque sostuvo que era una ofensa publicar en tono de broma informaciones sobre aspectos íntimos del funcionario. La pena se redujo a 10 meses y la periodista se encuentra actualmente bajo vigilancia policial.

Los fiscales, representantes de la sociedad ante el Poder Judicial, no le han ido en zaga a los jueces. Sus dictámenes sirvieron de sustento en todos los casos en los que finalmente se dictaron sentencias de condena a varios periodistas, pero también pidieron condenas con prisión en otros casos que fueron rechazados por los jueces.

El más grave de estos casos es el de la fiscal Graciela Perazza de Paysandú que pidió la condena del periodista Dogliani en términos absolutamente insostenibles para un Estado democrático, al punto que despreció absolutamente la veracidad de la información y el indudable interés de la población por un tema de primer orden para ese departamento.

También un fiscal de Paysandú solicitó la condena por difamación de un periodista que informó y opinó sobre la falta de seguridad y equipamiento del zoológico local, del que se había escapado un tigre que debió ser matado por la policía porque no existía rifle para inyectar tranquilizantes en el animal. El juez finalmente desechó el pedido de condena pero es una muestra más del concepto que tienen muchos fiscales, sobre todo en el interior del país, acerca de la libertad de expresión. De todos estos dictámenes se desprende que los fiscales pretenden situar la libertad de expresión bajo control directo del poder judicial, en lugar de garantizar el pleno ejercicio de la misma sin injerencias del Estado.

En toda esta zaga es indudable que comenzó a tener incidencia el “instructivo”, que incluye conceptos limitantes de la libertad de expresión, que a los efectos de los juicios en los que estuvieran involucrados periodistas distribuyó el fiscal de Corte sumariado, Oscar Peri Valdez, hace más de dos años entre el cuerpo de fiscales penales. A propósito de este funcionario sigue en pie el pedido de remoción de su cargo que APU realizó en su relatorio anterior, en momentos que el Poder Ejecutivo se tiene que pronunciar en forma definitiva sobre los hechos imputados al Fiscal de Corte.

También existieron en 2004 dos fallos adversos a los periodistas y los medios en sede de la Justicia Civil. Ambos absolutamente discutibles y a nuestro juicio improcedentes en términos constitucionales. En San José dos periodistas fueron condenados a indemnizar con U$S 2.000 a personas que habían sido denunciadas por malos tratos por una entrevistada de ese medio de alcance local.

El juez actuante entendió que antes de emitir una entrevista los periodistas deben confirmar la veracidad de lo que declaran los entrevistados, con lo que buena parte del quehacer periodístico se torna impracticable y censurado en los hechos. Otra jueza del departamento de Salto condenó a dos periodistas y a un diario a indemnizar a cuatro funcionarios aduaneros por haber difundido un documento oficial de la Policía local rotulado como “reservado” y que, en opinión del juez, no debía ser publicado en la prensa.

Pese a que ese documento exponía las posibles vías de ingreso de la fiebre aftosa al Uruguay en 2002, que produjo una de las paralizaciones económicas más grandes de la historia del país, algo que era de inocultable interés público, la jueza actuante entendió que existen documentos “que por su naturaleza están sustraídos del conocimiento público” y que los periodistas no pueden convertirse en “escudriñadores de ámbitos sustraídos a la consideración pública”.

Hay que precisar que además existieron más de 20 juicios que involucraron a periodistas presentados ante la Justicia Penal y la Justicia Civil. Hubo más periodistas absueltos de responsabilidad que condenados, pero la proliferación de denuncias contra éstos demuestra que es necesario revisar la legislación en materia de prensa, en particular aquellos delitos que han sido legislados en el siglo XIX: difamación, injurias, desacato, entre otros.

Este problema se repite año tras año y somete a decenas de periodistas a la “pena de proceso”, traducida en la aflicción de estar varios meses pendiente de una condena penal y tener que conseguir pruebas con valor judicial para respaldar artículos periodísticos. En esta materia Uruguay también se encuentra entre los países más rezagados de la región y desatiende los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual se ha sometido por la homologación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que establecen que este tipo de delitos viola claramente esta convención en cuanto reconoce a la libertad de expresión como un derecho fundamental que deben respetar los ciudadanos.

En 2004 también se presentaron más de una decena de acciones de respuesta. Varias de ellas fueron finalmente concedidas a funcionarios públicos denunciados de corrupción en programas de televisión. En otro fallo trascendente la Suprema Corte de Justicia reafirmó la constitucionalidad del derecho de respuesta, tal como está legislado en la Ley de Prensa.

En este caso la Corte no reparó en la amplitud con que la norma recoge este instituto, con soluciones que en muchos casos contradicen incluso el derecho de respuesta incluido en la CIDH. Pero además de no reconocer la ingerencia del Derecho de Respuesta en el ámbito de la libertad de expresión, la Corte emitió un fallo con preocupantes definiciones, entre ellas una que manda a los periodistas a “reflexionar (antes de publicar una noticia o información) ya que se expone a eventuales ejercicios del derecho de respuesta por personas aludidas que se consideren agraviadas”. Se trata de un fallo que puede promover la autocensura y no se encuentra en línea con la avanzada jurisprudencia que había sentado la SCJ en la materia.

La Justicia tampoco ha resuelto en el 2004 la investigación impulsada por APU sobre la interceptación ilegal del tráfico telefónico del semanario Búsqueda, pese a una enorme cantidad de pruebas aportadas en el expediente. La denuncia de éste caso fue realizada a mediados del año 2000.

En otro proceso judicial trascendente para la libertad de expresión y la democracia, aún no terminó de sustanciarse una serie de pruebas solicitadas por una fiscal de Montevideo en el caso en el que se investigan irregularidades en el otorgamiento de publicidad oficial. Pese a que hubo algunos procesamientos durante el 2003, existen en éste tema varios aspectos que aún no han sido dilucidados por la Justicia penal.

En cuanto al derecho a la información el Estado uruguayo tampoco adoptó medidas concretas para mejorar la situación de acceso a la información pública durante el 2004. En esta materia fue un año muy frustrante en tanto el Parlamento ni siquiera consideró un proyecto de “habeas data y acceso a la información” que contaba con media sanción de la Cámara de Diputados. En materia de acceso a la información Uruguay también es uno de los pocos países de la región que no ha legislado instrumentos precisos para facilitar el acceso de los ciudadanos y los periodistas a la información producida por el Estado. El proyecto que había sido discutido durante 10 años, vuelve ahora a punto cero.

En lo que respecta al Poder Ejecutivo se ha mostrado omiso en avanzar sobre aspectos centrales de una política de comunicación que democratice el acceso a los medios de comunicación. Sigue sin ser enviada al Parlamento una nueva ley de Radiodifusión que termine con los abusos históricos en la concesión y explotación de ondas de radio y televisión. Tampoco se procedió a traspasar del Ministerio de Defensa a otra órbita las facultades de concesión de ondas atribuidas actualmente a la Dirección Nacional de Comunicaciones.

Hechos a destacar. La mejor noticia del año 2004 en materia de libertad de prensa fue el procesamiento con prisión de los responsables materiales e intelectuales de un atentado a balazos contra el periodista Ricardo Gabito que había denunciado hechos de corrupción en el fútbol profesional. Hay que saludar que en este caso la Justicia haya cumplido su rol de garantía de la persona física del periodista, pero además que se reconociera que éste era un delito gravísimo y pluriofensivo que violentaba también la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos. Cabe destacar que mucho contribuyó al éxito de la investigación el activo papel que APU y el Instituto de Estudios Legales (IELSUR) asumieron para colaborar y controlar a los efectos de que no se empantanara la investigación.

En el ámbito judicial también es de destacar una sentencia de un Tribunal de Apelaciones que determinó que las columnas de opinión y las opiniones en general no se encuentran alcanzadas por el derecho de respuesta obligatorio.

Otro hecho positivo para el gremio periodístico fue la sanción y promulgación de una ley que amplió la protección de los “derechos de autor” o de “propiedad intelectual” del área periodística que abarca a colegas de los medios que trabajan por su cuenta o bajo relación de dependencia.

Por primera vez en la historia esta legislación, impulsada por APU, le otorga a los periodistas (fotógrafos, caricaturistas, dibujantes, etcétera) el derecho a autorizar o negar la circulación de sus materiales en terceros medios y solicitar una remuneración adicional para la cesión de sus derechos. El derecho autoral de los periodistas es importante para favorecer un marco de libertad de expresión porque reconoce el trabajo de los periodistas como una obra intelectual sensible y permite traducir la explotación de la obra periodística en una remuneración para los trabajadores de los medios.

Sin embargo, constituye un hecho negativo que varios medios han decidido en estos primeros meses de vigencia de la nueva ley no observar el espíritu de la misma y han procurado —sin mediar negociación alguna— conseguir que sus trabajadores firmaran contratos de cesión leoninos, y sin contraprestación alguna, para volver al régimen anterior de cesión de derechos sin participación de los periodistas y otros colegas en los segundos usos de sus trabajos.

En otro orden se tomaron algunas medidas iniciales para superar la situación de oligopolio en la televisión para abonados. La URSEC multó a los canales permisarios de la televisión por cable en Montevideo y reconoció una década después del otorgamiento de las concesiones de televisión para abonados que existió durante todos estos años un oligopolio en la capital en esa materia y que perjudicó a los consumidores.

APU solicita a los poderes públicos.

En éste capítulo se incluyen las medidas que APU reclama para mejorar la situación de la libertad de expresión y el derecho a la información en el país.

Al Parlamento se solicita:

a) La aprobación de una ley de acceso a la información que permita poner en práctica en forma efectiva el derecho a la información en el ámbito estatal a los periodistas y los ciudadanos en general.

b) Una reforma legislativa de la Ley de Prensa y el Código Penal que incluya la derogación del delito de desacato y la derogación de los delitos de difamación e injurias o la exclusión de las conductas atrapadas por los mismos de los hechos de interés público divulgados en los medios de comunicación.

c) La aprobación de un marco legal que habilite la participación sin restricciones de las radios comunitarias en el sistema de medios electrónicos.

Al Poder Ejecutivo se solicita:

a) Trasladar del ámbito del Ministerio de Defensa la facultad de conceder ondas de radio y televisión.

b) El envío al Parlamento de un proyecto de ley que modernice la ley de Radiodifusión con criterios competitivos de adjudicación de ondas, otorgamiento de frecuencias a instituciones de la sociedad civil, y regulación de la viabilidad económica de los proyectos que se presentan.

Al sistema político se solicita:

a) En mérito a situaciones que se repiten con el cierre de medios de comunicación que usufructúan bienes de la humanidad (frecuencias de radio o televisión) o son beneficiarios de dineros públicos (publicidad oficial), se solicita el estudio de una normativa que comprometa los bienes personales de los empresarios que en muchos casos cierran los medios dejando a los trabajadores sin fuentes de trabajo y sin la posibilidad de cobrar sus haberes por despido.

b) Que los beneficios tributarios que en el futuro se concedan al sector de los medios de comunicación queden condicionados al mantenimiento de los puestos de trabajo y la mejora salarial de los trabajadores de los medios.

Hechos consignados. A continuación una relación detallada de los hechos más relevantes en materia de libertad de expresión, libertad de prensa y derecho a la información, ocurridos en el 2004:

Enero

12/01/2004

El corresponsal del diario La República en Salto reportó un atentado a balazos contra la vivienda de Jorge Jacques, director de canal 3 TV Mundo. El periodista realizó la denuncia policial.

20/01/2004

La central sindical CIOSL-ORIT manifestó su preocupación por los acontecimientos en el diario La República que atentan contra la vigencia y el respeto de las libertades sindicales, la libertad de prensa y los Derechos Humanos en general. Solicitaron al gobierno uruguayo que retirara la guardia de coraceros que se instaló en diferentes sectores del diario.

23/01/2004

El diario La República informó que el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y los restantes integrantes del Ejecutivo de esa institución comunicaron al presidente de Liverpool, José Luis Palma, que no se veía con buenos ojos la presencia de Manuel Méndez en el Consejo Único Juvenil —en tanto dirigente propuesto por esa institución—. Figueredo lo cuestiono porque Méndez era además presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). Las presiones se vinculaban claramente a la decidida acción emprendida por APU y su presidente para esclarecer el atentado al periodista deportivo Ricardo Gabito. Meses después se descubriría que el autor intelectual del atentado fue Nelson Spillman, presidente del Consejo Único Juvenil.

29/01/2004

El intendente de Canelones, Tabaré Hackembruch, reconoció en una entrevista con el semanario Búsqueda que distribuyó U$S 800 mil aproximadamente en publicidad oficial por “urgencia”, porque hubo elementos extraordinarios durante los primeros años de su gestión que motivaron publicaciones lo más urgentemente posible. A mediados de 2001 la IMC informó que había comprometido U$S 294 mil en publicidad para medios de circulación departamental, U$S 655 mil en medios nacionales (U$S 199 mil para el diario La República, U$S 99 mil para Ultimas Noticias y U$S 69 mil para El País).

Febrero

02/02/2004

La República envío al seguro de paro a 22 funcionarios, entre ellos varios dirigentes del comité de base afiliado a APU, desconociendo los acuerdos firmados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en mérito a los cuales se había levantado en diciembre la ocupación de la planta del diario.

26/02/2004.

La empresa editora del diario La República denunció ante la Justicia al Pit-Cnt, APU, SAG y a varios dirigentes del sindicato de base por presuntos delitos de difamación e injurias.

27/02/2004

La APU repudió la resolución tomada por la empresa Henderson y Cía. (supermercados Tienda Inglesa) de impedir la venta del semanario Brecha en los locales de la cadena de supermercados. El viernes 13 de febrero Brecha había publicado un informe sobre la represión de niños en situación de calle que mendigaban en comercios puntaesteños, solicitada a la Policía entre otros por esta cadena.

Marzo

03/03/2004.

En el marco de un proceso de derecho de respuesta contra una columna de opinión del periodista Claudio Paolillo, la Suprema Corte de Justicia desestimó una excepción de inconstitucionalidad interpuesta por el semanario Búsqueda contra un derecho de respuesta y en la sentencia los ministros de la corporación afirmaron “que los periodistas deben reflexionar antes de publicar la información”.

“A lo sumo, atento a la dispuesto por la referida norma, el periodista deberá reflexionar antes de publicar una noticia o información ya que se expone a eventuales ejercicios del derecho de respuesta por personas aludidas que se consideren agraviadas; pero tal circunstancia no vulnera su libertad de trabajo, sino que en todo caso establece un contrapeso a la referida libertad”, sostuvo la Corte.

16/03/2004

El juez José Balcaldi denunció al fotógrafo Antonio García presumiendo que era el autor de un artículo en el que se informó que el coronel Manuel Cordero acusó al magistrado de revistar en los cuadros de inteligencia de la Policía durante la dictadura. Finalmente se subsanó el error en el que había incurrido el magistrado dado que el fotógrafo nada había tenido que ver en la realización de la nota. Respecto al autor de la misma, el periodista Alvaro Alfonso, fue citado a declarar en esta causa por el juez penal de 7o. turno, Pedro Hackenbruch, y se amparó en el secreto profesional para no revelar detalles de como consiguió la información. El juez Hackembruch amparó al periodista en la invocación del derecho de reserva profesional.

29/03/2004

El periodista Miguel Quintana, que trabaja para Canal 10 de Bella Unión y es corresponsal del diario “El Pueblo” de Salto, fue agredido físicamente como consecuencia de una nota publicada en el mencionado diario en la que informó sobre el procesamiento y encarcelamiento de un narcotraficante de su ciudad que se desempeñaba como profesor, sin que fuera mencionado su nombre. Luego de dejar la cárcel el sujeto se presentó ante el periodista a pedir explicaciones sobre la nota publicada por considerar que afectó su imagen ante la sociedad, y posteriormente lo agredió físicamente.

El Periodista confesó sentirse inseguro por él y su familia ante la lentitud de la justicia en tomar medidas en el asunto, pese a que se había hecho la denuncia policial y judicial correspondientes.

APU y la Asociación de Profesionales de la Comunicación de Salto manifestaron su repudio a la agresión física del periodista.

Abril

16/04/2004

El fotógrafo Alejandro Arigón del diario El Observador fue golpeado por la Policía durante los incidentes que se produjeron en la última jornada de inscripción de nuevos ciudadanos en el registro cívico nacional, cuando la guardia de Coraceros se dispuso a dispersar a un millar de jóvenes que se agolpó frente al edificio de la Junta Electoral de Montevideo reclamando la inscripción.

18/04/2004

La justicia procesó y envió a prisión a Juan Carlos Martínez, un “sicario” que por un precio de U$S 500 atacó a balazos al periodista Ricardo Gabito. El “sicario” confesó que lo contrataron por teléfono y le dejaron en su casa los U$S 500 y un revolver calibre 22 con 10 proyectiles. Los autores intelectuales le pidieron que mataran o baleara al periodista y el optó por esto último. La investigación continuó para determinar si Nelson Spillman —que previamente había contado a otro periodista que le daría su merecido a Gabito— estuvo vinculado al hecho.

22/04/2004

La periodista Marlene Vaz fue condenada en primera instancia a 20 meses de prisión por la comisión de los delitos de difamación e injurias. Según el juez en lo penal de Río Branco la periodista cometió esos delitos al realizar ciertas afirmaciones en la publicación “Opción Cero” de Río Branco. Las referidas afirmaciones se realizaron en una columna humorística de ese medio escrito que Vaz dirige, denunciando en la misma hechos irregulares protagonizados por funcionarios públicos de la Junta Local de Río Branco. Estos hechos fueron incluidos en esa columna de sátira política.

Uno de los denunciantes se sintió aludido e inició la acción penal, alegando que la periodista había atacado su honor y su dignidad, y que se trató de un abuso de la libertad de expresión.

Vaz contó con la solidaridad activa de A.P.U. que además de denunciar el tema le proporcionó el patrocinio jurídico para la segunda instancia. El Consejo Directivo manifestó su preocupación por el aumento de ataques a la libertad de expresión e información.

23/04/2004

El juez Homero Da Costa archivó las actuaciones promovidas por el Directorio del Banco República (BROU) contra el periodista de Brecha Samuel Blixen, a quién los jerarcas denunciaron por violar el secreto bancario al publicar la nómina de legisladores oficialistas y jerarcas de gobierno que retiraron dinero de las cuentas en dicha institución en medio de la corrida bancaria. En esa fecha el gobierno intentaba frenar la corrida llamando a los ciudadanos a no retirar los fondos depositados en el sistema financiero.

El magistrado no encontró ninguna responsabilidad en la actuación del periodista y sostuvo que era “su obligación poner en conocimiento de la población, a través de los medios de prensa en que desempeñen sus funciones, toda aquella información que posean que sea de interés público, pues son el garante principal del Estado democrático”.

28/04/2004

El diario El Observador informó que el periodista de Maldonado Fabián Sánchez, cronista de FM Gente, denunció haber sido insultado y presionado por militantes y dirigentes del Partido Socialista durante una conferencia de prensa realizada el jueves 22 por el senador Reinaldo Gargano, quién no intercedió para desestimular esa actitud.

29/04/2004.

Nelson y Daniel Spillman fueron enviados a prisión como responsables intelectuales del ataque al periodista Ricardo Gabito.

El fallo se produjo luego de un complicado proceso judicial con varias idas y venidas. El dictamen de la Fiscal Dora Domenech, recogido luego por el Juez Pedro

Hackembruch, sostuvo que el delito cometido fue “pluriofensivo”, pues no sólo afectó la integridad física del periodista, sino que atentó también contra la libertad de expresión, derecho de rango constitucional y base fundamental de cualquier sistema democrático”.

La Asociación de la Prensa Uruguaya y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay destacaron la decisión del Juez como “un hito histórico al impedir, mediante la plena vigencia de su sistema institucional, la impunidad de procedimientos mafiosos que apuntaron a silenciar a un periodista y, por consecuencia, sumir a la sociedad en la espiral de temor, impotencia y desinformación, generada por la manipulación de operadores antidemocráticos”. Destacaron asimismo la actuación de los investigadores así como de los funcionarios policiales intervinientes.

Mayo

15/05/2004

El semanario “Trato Hecho” debió publicar un derecho de respuesta del funcionario aduanero Alfredo Martínez Pérez, quien fuera objeto de una serie de denuncias por parte del semanario. Expresó el medio que “nunca ha negado el derecho de réplica a nadie por considerarlo un derecho fundamental, y que tal publicación no significa de ninguna manera una retractación de las denuncias realizadas”.

Sostuvo además que “no hubiera sido necesario llegar a una instancia judicial si el funcionario hubiera realizado sus descargos al comenzar la investigación o enviara el material con la extensión acordada”.

21/05/2004

El Tribunal de Apelaciones de 2º Turno, conformado por los ministros William Corujo, Milka Núñez y Eduardo Gómez Tedeschi revocó una sentencia de la jueza en lo penal Anabela Damasco que había otorgado un derecho de respuesta a la Corriente de Izquierda contra una opinión emitida en el semanario Búsqueda, el Tribunal sostuvo que forzar la publicación de réplicas contra la opinión difundida en un medio de comunicación, “abriría un debate no querido por la ley”.

El Tribunal recordó que “la opinión conlleva la intransferible impronta de la ideología de quién la expone y ello no es susceptible del ejercicio del derecho de respuesta”.

26/05/2004

Durante un almuerzo organizado por la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, el ex presidente Luis Alberto Lacalle reconoció que cometió un “error” al haber “sembrado” de permisos de utilización de ondas, tanto de televisión como de radio. Admitió que durante su mandato y el segundo de Julio María Sanguinetti las autorizaciones se concedieron sin los necesarios estudios de viabilidad comercial y económica. Reconoció también que muchos de los permisarios pedían “publicidad oficial” para financiar sus proyectos y como a pesar de eso tampoco eran redituables, muchas de esas ondas desaparecieron o fueron vendidas a terceros. Concluyó que había procedido “inocentemente en esta materia”.

27/05/2004

El Tribunal de Apelaciones de 2º Turno, conformado por los ministros William Corujo, Ricardo Harriague y Eduardo Gómez Tedeschi revocó una sentencia de primera instancia que concedió un derecho de respuesta al Doctor Julio La Cava contra los programas de canal 10, Zona Urbana y Subrayado, por informaciones emitidas en los referidos programas respecto a su persona.

Una investigación periodística de Zona Urbana sobre la obtención de libretas de conducir apócrifas en el departamento de Canelones involucró directamente a La Cava en estas maniobras. Según el Tribunal la “información brindada no era inexacta sino que efectivamente la situación protagonizada por un funcionario público tenía apariencia irregular, siendo además las investigaciones administrativas y penales las que se expidan sobre el fondo del asunto”. El Juez Dardo Preza, discorde con la sentencia, afirmó que el derecho de respuesta” es un derecho que la ley concede a favor de cualquier ciudadano y que pese a la resistencia que este derecho tiene en los medios de prensa, mientras continúe vigente la ley, se debe conceder la respuesta.

Junio

03/06/2004

Wilson Riet Correa, jerarca de la Intendencia Municipal de Rocha, fue condenando a prisión por un delito de injurias por sus declaraciones a distintos medios locales contra un periodista que había escrito una nota que lo aludía.

El defensor del trabajador de la prensa consideró que se trató no sólo de un ataque al honor de su defendido, sino también de un ataque a la libertad de prensa, pues se trató de un funcionario público que hizo acusaciones a un periodista por el sólo hecho de ejercer su profesión. En primera instancia el denunciado había sido encontrado culpable y en segunda instancia el Tribunal de Apelaciones en lo Penal confirmó el fallo afirmando que “se terminó la época en que se mataba a los mensajeros de malas noticias”.

04/06/2004

El periodista Daniel Hardy Coll, del semanario Trato Hecho, denunció que el sábado 15 de mayo fue amedrentado por personas que manejaban vehículos todo terreno en las dunas de El Pinar en Ciudad de la Costa. El periodista denunció que incluso estas personas intentaron atropellarlo para que dejara de realizar su trabajo de investigación que consistía, precisamente, en documentar la permanente circulación de estos vehículos cuatro por cuatro por las dunas de El Pinar con la consiguiente destrucción de ese recurso natural. Hardy Coll presentó la denuncia ante la Prefectura de Solymar.

09/06/2004

A raíz de una artículo publicado en “El Tero” de Minas, recogiendo una denuncia realizada por un particular, un establecimiento rural que se sintió agraviado presentó denuncia penal contra el referido medio por difamación e injurias.

10/06/2004

El Juzgado Letrado en lo Penal de 4º Turno archivó una denuncia penal contra el periodista de Paysandú José Balbis, por notas publicadas en el diario El Telégrafo del departamento. El periodista, que escribe en la sección deportiva del periódico, se había referido a la administración del fútbol local como un carnaval. Por este motivo ex funcionarios de la Liga de Fútbol de Paysandú, más precisamente: el ex presidente, el ex vicepresidente y el ex tesorero, le iniciaron un juicio penal.

17/06/2004

El periodista del diario La República Diego Zalduondo, fue agredido dentro de la Intendencia Municipal de Montevideo mientras cubría una movilización de Adeom, por parte de integrantes del gremio municipal.

17/06/2004

En un acto en Rivera, un militar retirado accedió a realizar una entrevista grabada con el periodista Freddy Fernández Carranza. A los pocos minutos de iniciada la nota el entrevistado se retiró antes de terminar la misma alegando que había sido destratado por el periodista, quien le habría preguntado sobre si no se sentía un privilegiado por ser militar y jubilarse a temprana edad. Luego el ex militar Auro Acosta, le anunció al periodista que no le autorizaba a publicar la nota, ante esto Fernández Carranza ofreció escuchar a los presentes la grabación para ver si era ofensiva. Así, fue abordado por una persona que acompañaba a la comitiva de Acosta y que le solicitó el grabador. El periodista denunció que le quitaron la cinta y realizaría la denuncia penal.

19/06/2004

El Ministro de Economía y Finanzas Isaac Alfie, contestó en forma destemplada a los periodistas que se encontraban cubriendo un evento sobre inversiones en Uruguay, a quienes antes de comenzar les habría solicitado que sólo formularan preguntas sobre el tema de la reunión. Luego de la entrevista, frente a determinados interrogantes de los informadores referidos a un posible aumento a los jubilados, increpó en forma destemplada a los periodistas que le hicieron una pregunta de indudable interés del público. “No me rompan más los huevos, no les voy a dar más entrevistas”, sostuvo Alfie según el relato de La República.

24/06/2004.

Luego de las expresiones emitidas por los periodistas Gustavo Escanlar e Ignacio Álvarez sobre su colega Sonia Breccia, que dieron lugar a una denuncia por difamación e injurias de ésta última contra los primeros, el proceso penal finalizó con una transacción por la cual los denunciados se comprometieron a retractarse de sus dichos, tanto en la radio (donde emitieron los comentarios agraviantes) como en un medio escrito mediante la publicación del texto de la retractación. Más allá de esta retractación, la periodista invitó a sus colegas a reflexionar sobre sus expresiones referidas a la vida de otras personas pues lo que se dice a través de un micrófono queda en el recuerdo.

26/06/2004

El Ministro de Economía y Finanzas Isaac Alfie, fue consultado sobre la posibilidad manejada en el Gobierno, sobre la suba del salario mínimo nacional, a lo que el Ministro contestó a los periodistas que no respondería sobre “boludeces”.

30/06/2004

El periodista del Canal 10 de Rivera Darío Díaz, denunció que en su programa de televisión se le arma la agenda, le traen los invitados y resumen su actividad a entrevistar a políticos, no pudiendo investigar otros temas.

Julio

02/07/2004.

El jefe de redacción del suplemento “Qué Pasa” del diario “El País”, Leonardo Haberkorn, fue amenazado de muerte mediante una carta anónima. El periodista será “liquidado” por “traidor” y por “colaborar con el enemigo”, rezaba la carta.

La amenaza sobrevino después que el periodista defendiera una caricatura del dibujante Arotxa sobre el mandatario israelí Ariel Sharon (con las manos manchadas de sangre y un instrumento de carnicería en sus manos), que decidió publicar en el suplemento Qué Pasa.

Sostuvo el periodista que criticar a Sharon no implica fomentar sentimientos antisemitas, ni tampoco estar contra el Estado de Israel.

Por la misma causa Haberkorn había recibido críticas del Semanario Hebreo, que consideró la caricatura de antisemita y afirmó que el suplemento tergiversaba la realidad.

08/07/2004

El Tribunal de Apelaciones de 2º Turno revocó parcialmente la sentencia de condena de primera instancia a la periodista Marlene Vaz, absolviéndola por el delito de difamación, por entender que el periodista tiene derecho a reflejar el estado de opinión de la sociedad, sin perjuicio de que esos comentarios se realicen en tono de sátira.

Sostuvo el Tribunal que “sólo en las sociedades democráticas puede existir un ejercicio abusivo de la libertad; puesto que, es de toda evidencia que, sin libertad, no puede existir ejercicio ilegítimo de la libertad”.

Añadió además que como “se sostiene en doctrina y jurisprudencia, que la información, la noticia, debe comprobarse hasta el límite de lo posible. Dicho de otra manera, aunque, en definitiva, la información propalada resultare falsa, la conducta estará justificada, si aparece que el sujeto ha verificado la información por los medios disponibles a su alcance”.

Sin embargo el Tribunal mantuvo la condena por el delito de injurias, por entender que la periodista difundió aspectos de la vida íntima del funcionario en forma injustificada y gratuita.

08/07/2004

APU y el Instituto de Estudios Sociales y Legales del Uruguay (IELSUR) plantearon su preocupación por la participación de magistrados judiciales en tribunales de la Asociación Uruguaya de Fútbol. El disparador del planteo fue el atentado al periodista Gabito, quien recibió un balazo en su pierna.

Por dicho ataque fueron procesados con prisión los hermanos Daniel y Nelson Spillman, este último dirigente de divisiones juveniles de la AUF. A.P.U. e Ielsur, sostuvieron que si del caso se derivara la intervención de un Tribunal de Apelaciones penal o civil, podrían surgir inconvenientes ya que varios ministros de esos cuerpos forman parte de los tribunales de la AUF.

10/07/2004

El Semanario Lavalleja expresó su preocupación por una seguidilla de audiencias judiciales a las que debió concurrir en diferentes departamentos en un período corto de tiempo, incluso dos en el mismo día y a la misma hora pero en distintos departamentos de nuestro país. Según la publicación, esto se debe a errores de distribución de competencia, consecuencia del no envío de todas las denuncias a la sede competente de la ciudad donde se edita el semanario.

Agosto

05/08/2004

El Presidente Jorge Batlle protagonizó un incidente con un periodista argentino del programa “Caiga Quien Caiga”, con quien se enojó e intentó quitarle su micrófono ante las preguntas que el profesional le realizara sobre los efectos ambientales de una fábrica de papel que se instalará a orillas del río Uruguay.

05/08/2004

El Codicen amonestó a algunos de sus funcionarios por realizar declaraciones sobre una investigación efectuada en el ámbito del organismo. El Codicen entiende que sólo a sus integrantes compete hacer declaraciones sobre políticas educativas y encomendar a investigadores o a empresas consultoras la producción de informes sobre el avance de esas políticas; y siendo el Codicen el interesado en esos estudios, será quien decidirá si la información debe conocerse en otros ámbitos. No siendo razonable, afirman además, que ellos se enteren de la información a través de la prensa.

05/08/2004.

La APU denunció las presiones que recibiera el periodista radial Luis Valenzuela por parte de la Intendencia de Tacuarembó, para que cesara de informar sobre una presunta maniobra delictiva en dicho municipio. Estas presiones, provenientes de funcionarios estatales, son consideradas por A.P.U. como un ataque a la libertad de expresión y el derecho a la información. Luego de estas presiones la propietaria de la emisora, Amiria Curbelo, redujo la jornada laboral del trabajador y levantó un programa por él conducido.

06/08/2004

El candidato presidencial Guillermo Stirling criticó la información brindada por el semanario Búsqueda respecto al descontento partidario con su candidatura y descalificó éticamente al periodista que realizó la investigación.

El semanario Búsqueda había informado sobre el desánimo y soledad política del candidato, así como de los comentarios entre los dirigentes del Partido Colorado en privado, sobre la posibilidad de la renuncia de Stirling como forma de revertir la mala situación electoral del Partido. El candidato y su compañero de fórmula Tabaré Viera, criticaron la información brindada por Búsqueda. El primero de ellos calificó de inescrupulosa la versión periodística y afirmó que se manejó una información totalmente falsa y que se hace referencia a dichos que nunca fueron pronunciados. Finalmente dijo sentir curiosidad sobre el “móvil” que habría “atrás” del periodista que redactó el artículo. Viera se sumó a las críticas y desmentidos de Stirling.

Entrevistado por el periodista Raúl Ponce de León en su programa “El diario Sarandí” en radio Sarandí, Stirling cuestionó nuevamente la información brindada por Búsqueda, sin embargo el periodista sostuvo que si bien ellos habían tomado la nota del semanario, también la habían confirmado por su parte con altas fuentes del Partido Colorado.

11/08/2004

El Círculo de Periodistas Deportivos emitió un comunicado de prensa por el cual rechazó las expresiones emitidas por dirigentes en la Asamblea de Clubes de la AUF quienes se refirieron a la actuación de los periodistas deportivos durante el conflicto entre la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales y la Asociación Uruguaya de Fútbol. En el comunicado recogieron las declaraciones del delegado del Defensor Sporting Club, Eduardo Neyra, que acusó a los periodistas de crear una brutal campaña de desinformación distorsionando hechos de la realidad. Además acusó a los periodistas de ser un “coro de lloronas griegas”.

El comunicado expresó que, atento a que las declaraciones de Neyra resultan agraviantes para el gremio, que los periodistas no están presentes en las asambleas de clubes porque los propios dirigentes no lo permiten, que durante el conflicto se brindó igual posibilidad a ambas partes para que expusieran sus posiciones y que el opinar forma parte del trabajo periodístico, se rechazan las declaraciones realizadas por el dirigente y se lo intimó a que indique cuáles son esos periodistas que crearon la “brutal campaña de desinformación” y los que pertenecen al “coro de lloronas griegas”, bajo apercibimiento de tenerlo por ratificado en sus dichos.

13/08/2004

La Asesoría Económica y Letrada de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación se pronunció en un informe a favor de que el ente obligue a los canales abiertos de televisión y a Equital (firma que reúne a los cables de Montevideo) a vender a todos los proveedores del servicio de cable del país las señales de los canales 4, 10 y 12. El informe surgió como consecuencia de la denuncia presentada por algunos operadores de cable del interior ante la negativa de los canales referidos de comerciar sus señales, que solo se realiza con aquellas empresas que integran el conglomerado de Equital y contratan sus señales en forma exclusiva. Esa negativa a comerciar genera diferencias entre el nivel competitivo de los operadores de cable, por lo que el informe recomienda que Ursec tome las medidas necesarias para terminar con esa situación.

19/08/2004

El agresor del periodista Miguel Quintana de Bella Unión, fue procesado con prisión por el delito de lesiones graves luego de cinco meses de haberse producido la agresión. Sin embargo al ser ordenada la detención, la Policía no logró localizarlo.

21/08/2004.

La Federación Rural del Uruguay acusó al semanario Búsqueda de publicar datos tendenciosos e irrelevantes de su presidente y de realizar una cobertura con evidente falta de objetividad de su congreso.

23/08/2004

La APU denunció junto al sindicato de trabajadores de La República y al PIT-CNT, nuevas presiones sobre los trabajadores por parte de la empresa Reg S.A., que obligó a sus trabajadores a firmar individualmente una carta en la que se les hacía desconocer a la dirigencia sindical legítima, bajo amenaza de despido.

Setiembre

08/09/2004

El diario El Observador publicó que el Intendente de Montevideo Mariano Arana habría controlado personalmente las matrículas de vehículos empadronados en el interior. Ante esto el Intendente afirmó que en el diario trabajan “operadores políticos disfrazados de periodistas”.

08/09/2004

La APU emitió un comunicado de prensa en el que refirió a la sentencia dictada por la Jueza Letrada de Primera Instancia de Salto, Amparo Tort, por la que se condenó al periodista Diego Fernández y al redactor responsable de La República, Carlos Fasano, al pago de U$S 16.000 por los daños y perjuicios causados por un presunto abuso en el ejercicio de la libertad de expresión, al publicar un informe del Ministerio del Interior de carácter “reservado” y de uso interno del Ministerio, sobre la entrada del virus de la aftosa en nuestro país en la que estarían implicados algunos funcionarios aduaneros.

Pese a que el informe era cierto, la jueza consideró que “existen dentro o fuera de los poderes del Estado situaciones no susceptibles de ser difundidas de no mediar maniobras ilícitas para captarlas. Los medios no pueden, entonces, transformarse en escudriñadores de ámbitos sustraídos a la consideración pública”.

08/09/2004

Se realizó la primera audiencia en el juicio por calumnias que los empresarios Francisco Casal, Nelson Gutiérrez y Enzo Francéscoli presentaron contra el periodista Ricardo Gabito por considerar que con su forma de hacer periodismo los perjudica abiertamente al incurrir en inexactitudes y mencionar cosas que no se ajustan a la realidad, desprestigiando así sus imágenes. El periodista expresó que no teme ir preso si eso sirve para descubrir las “cosas” que hay detrás de los negocios del fútbol, mientras que su abogado consideró la denuncia como un intento de acallar al periodista.

Por su parte el periodista, presentó una denuncia en la Dirección General Impositiva contra Casal y su grupo por evasión al fisco.

28/09/2004

La periodista del Canal 4 Iliana Da Silva y el camarógrafo Claudio Villarino, fueron insultados en una asamblea de funcionarios la Dirección General Impositiva.

29/09/2004

El camarógrafo Enrique Bianchi fue despedido del canal de televisión VTV después de una llamada que Walter Sánchez, director de la Secretaria de Prensa y Difusión de la Presidencia (SEPREDI), realizara a las autoridades de ese medio para quejarse por una cobertura que el profesional realizó en el Edificio Libertad. Al día siguiente Bianchi fue restituido en sus funciones luego de que sus compañeros hicieran ver a las autoridades de VTV la violación de la libertad de prensa que comportaba la medida, además de la injusticia de la situación.

Octubre

05/10/2004

El Gerente de Recursos de la Administración Nacional de Correos, José Luis Sánchez Reinaldo, denunció penalmente a los periodistas del programa Zona Urbana, Ignacio Álvarez, Gabriel Pereira y Cecilia Bonino, por sus expresiones en el informe sobre el Correo emitido en su programa que los harían penalmente responsables por los delitos de difamación e injurias. En la denuncia sostuvo que la información brindada por el programa era inexacta y que afectó el honor y la moral del denunciante, pues afirmaron que se encuentra sumariado, que conserva su celular con el que gastó 6.503 pesos y le acusaron de robar 400 computadoras del Codicen.

El denunciante sostiene que si bien es cierto que está sumariado no está separado del cargo, que no es cierto que conserve su celular y que el tema de las computadoras se trata de un error, pues el autor de ese delito es otra persona pero de similar nombre al suyo, cosa que llevó a la confusión.

La posibilidad de ampliar la denuncia es analizada en virtud de que en el programa siguiente de Zona Urbana al que fue emitido el informe, se volvió a mencionar al denunciante y se expresó que “si no quería sopa, iba a tener dos platos”.

07/10/2004

La Fiscal de Maldonado, Gabriela Fosatti pidió a la Jueza Penal Graciela Eustaquio que ordene la conducción por parte de la Policía del ex senador colorado Manuel Flores Silva, para interrogarlo sobre el registro clandestino de llamadas telefónicas entrantes y salientes del Semanario Búsqueda. La fiscal tomó esta determinación luego de estudiar nuevos elementos probatorios sobre los presuntos responsables del espionaje presentados por los periodistas de Búsqueda y la APU. La denuncia fue presentada en el año 2000.

25/10/2004

El colega Roberto Gutiérrez, conductor del programa " La Mañana con Mucho Gusto ", que se difunde por Difusora Rochense fue agredido en forma verbal por el diputado Ruben Díaz, el viernes 22.

APU respaldó en todo la declaración emitida por la fraterna Asociación de Periodistas de Rocha (que Gutiérrez integra), que rechazó la actitud asumida por el legislador, quien insultó al periodista al aire, y lo conminó a dirimir a los golpes las diferencias en el corte comercial.

La deplorable actitud y prepotencia de los que quieren prevalecer mediante los insultos y las amenazas, cuando se ven impedidos de imponer sus posturas por medio de la razón.

26/10/2004

El director técnico de la selección nacional de fútbol, Jorge Fossati, fue denunciado por APU por las presiones realizadas sobre dirigentes de la empresa Tenfield para que cesaran al periodista Julio Ríos por las críticas que este realizaba a su gestión como entrenador. APU condenó la actitud de Fossati.

Noviembre

03/11/2004

Ante el planteo formal de A.P.U. e Ielsur, la Suprema Corte de Justicia emitió la resolución 573/2004, de 3 de noviembre de 2004, donde si bien se reconoce la idoneidad de todos los Magistrados en el desempeño de la función jurisdiccional, la corporación reconoce que el hecho de integrar Tribunales de la AUF puede afectar su independencia ante casos en que les toque intervenir, y que la “doble calidad” puede dar lugar a interpretaciones equivocadas, máxime teniendo en cuenta los intereses económicos que se manejan actualmente en torno al fútbol.

La S.C.J señaló además que de una interpretación armónica de los artículos 487 y SS. del Código General del Proceso se desprende la incompatibilidad de la calidad de magistrado con la de integrante de un Tribunal Arbitral. Expresó finalmente que si bien no exista “norma que expresamente se los impida” y que la declaración de la Corte “no tiene carácter vinculante para los magistrados”, se considera que “no es conveniente que los jueces de la República integren organismos decisorios en el seno de una asociación civil fuertemente cuestionada en la actualidad por un sector de la opinión pública (lo que debe asumirse como un hecho notorio)” y “que entre sus normas rectoras contiene una que precisamente prohíbe a las asociaciones nacionales, clubes o miembros de clubes el acceso a los Tribunales de justicia de la República (Art. 63 del Estatuto de la F.I.F.A.), derecho que debe estimarse inherente a la persona humana y a la forma republicana de gobierno (Art. 72 de la Constitución)”.

07/11/2004

La Juez Letrado de 2º Turno en lo Penal, Dra. María del Carmen Roybal dictó sentencia en el expediente en que tramitó la denuncia penal contra el periodista Alberto Rodríguez, secretario de redacción del diario El Pueblo de Salto, realizada por el Director del Zoológico Municipal de ese departamento, Dr. Dardo Curbelo.

Del zoológico de Salto se escapó un tigre el cual, ante la falta de los instrumentos adecuados para su recaptura, fue baleado por la Policía. Al tratarse de un animal en vías de extinción, el periodista realizó criticas sobre la situación que motivaron la denuncia antes referida.

La sentencia expresó que cuando se trata de figuras políticas públicas “la entidad y gravedad de las manifestaciones que lesionan el honor deben poseer mayor aptitud ofensiva que para el hombre común, porque quien desarrolla una actividad política que implica constante confrontación, asume una posición que necesariamente lo expone a la crítica”.

13/11/2004

La Asociación de la Prensa Uruguaya consideró como positiva la desestimación de la condena contra el periodista Alberto Rodríguez.

30/11/2004

Se confirma sentencia que condena al militar retirado José Boudean por difamación a Federico Fasano, director de “La República”.

Diciembre

14/12/2004

El periodista Carlos Dogliani fue condenado a cinco meses de prisión como autor penalmente responsable de cuatro delitos de difamación especialmente agravados. La denuncia fue presentada por el Intendente de Paysandú Álvaro Lamas, como consecuencia de las afirmaciones del periodista en unas notas publicadas en el diario El Regional, en las que cuestionó una quita mayor al noventa por ciento que se le otorgó a un deudor de la comuna en una transacción sobre una deuda de varios cientos de miles de dólares. Si bien la información fue corroborada por la propia Jueza, la misma sostuvo en su sentencia que “el derecho a expresión no puede llevar consigo el derecho a ofender”.

El fallo fue precedido por un dictamen de la Fiscal Graciela Perazza que pidió cinco meses de prisión para el denunciado. La fiscal también hizo apreciaciones que resultan inquietantes, pues expresó que “en cuanto a la veracidad de la información contenida en los artículos de referencia, si bien se efectuó en base a datos emergentes de la Junta Departamental, esto es, información pública, la presentación que de ella se hizo a la sociedad sanducera no fue objetiva”. La Fiscal también marcó su postura en relación a la libertad de expresión y sus límites, los cuales “están dados por el interés público (en tanto seres formados de opinión) entendido como el interés objetivo o de utilidad social de la información y la verdad, exigiéndose en este caso que la información sea veraz, que responda a una investigación seria que pueda llegar a una certeza razonable de su contenido”.

Dogliani fue condenado a prisión por delitos de difamación e injurias.

25/12/2004

Radio Abril de Melo despidió a 12 trabajadores, durante una negociación que se llevaba a cabo para la venta de esa emisora. La cesión de la onda fue adquirida por la cadena mundial Radio María, propietaria de 30 emisoras en el mundo. La intención de los nuevos propietarios, que están vinculados a la Iglesia Católica, es convertir a la emisora en una repetidora de programas grabados en el exterior.