En el marco del Congreso Extraordinario de Políticas Educativas de Fenapes dialogamos desde el portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya(APU) con Gabriela Bonilla de Costa Rica, que pertenece al Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas, un esfuerzo de investigación y monitoreo que realiza  la Internacional de la Educación que es una federación de sindicatos docentes alrededor del mundo a la cual pertenece Fenapes.

Bonilla tendrá  la oportunidad de realizar la presentación del libro “Política Educativa en Uruguay: experimentos y alianzas empresariales para lucrar con el derecho a la educación”, esta publicación que es parte de un proceso de investigación que se basa en la revisión bibliográfica para encontrar las tendencias y la forma en que toma el comercio educativo y la forma de participación de sectores privados en la definición de política pública educativa, describe la autora y resalta: “lo que estamos viendo en las últimas tres décadas es un aumento y una naturalización muy fuerte de la participación de actores no estatales y de actores con intereses comerciales en la definición de la política educativa en la implementación y lamentablemente también vemos que los Estados, los ministerios de educación, Uruguay no es la excepción, naturalizan llamar a esos actores privados a sentarse a la mesa, le subcontratan servicios, y se empieza a naturalizar que haya actores no estatales orientando el rumbo de la política educativa de nuestros países”.

“Este libro recupera por un lado los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo(BID) a Uruguay desde 1996 hasta la fecha, y muestra que en esos préstamos podemos ver esa forma de incidencia que tiene una institución financiera internacional en la definición de la política  y que terminan convirtiéndose en reformas paralelas que no se negocian en las mesas de negociación colectiva, sino que se van impulsando a través de estos proyectos de endeudamiento y por otro lado muestra cómo algunos actores en el Uruguay coinciden con algunos actores internacionales, por ejemplo la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico(OCDE) junto con el Edu21, y coinciden en temas que tiene que ver con arrebatar un poco el poder de los consejos desconcentrados de la administración de la educación pública aquí en el Uruguay hasta abrir la oferta de la formación docente a actores privados, comercializar la profesión educativa”, describe Gabriela Bonilla.

En esa misma línea la exponente de Costa Rica en este congreso de Fenapes, nos relata cómo todo esto nos da información para ver que muchos actores que reproducen la narrativa del Estado como algo fallido, de lo público como algo fallido en realidad pululan y hacen redes de negocios y de lucro a costa de fondos públicos y traen esos experimentos pedagógicos al ámbito de la educación pública.

Bonilla fue consultada acerca del impacto futuro que pueden tener esta mercantilización de la educación pública y explicaba que: “Algunas de las cosas que venimos monitoreando mucho más es ese impacto sociocultural que va haber, sobretodo con relación a la identidad de la clase trabajadora, estamos mirando cosas como este impulso por recortar el currículo que lo estamos viendo desde la propuesta acá de la "transformación educativa", o una reforma que ya vivió Brasil hace dos años con un préstamo del Banco Mundial donde se recortaron de once a cuatro materias en educación media y esta es una recomendación permanente de la OCDE, de minimizar el la malla curricular, simplificar, estandarizar, poner el foco en lengua y matemática, pero además esto ya se encontraba en recomendaciones del Banco Mundial en 1990, entonces nos lo quieren vender como algo muy innovador y es la misma reforma que nos quieren impulsar desde hace 30 años, pero entonces vemos que  que hay una intención de estandarizar los contenidos  y esto favorece a las personas que venden herramientas curriculares, que venden el negocio de formación docente, de evaluar contenidos porque hace mucho más estandarizados los contenidos”.

En relación con eso que la autora describe más arriba destaca: “Vemos que hay una clara noción de despojarnos de contenidos que son más complejos, que nos permiten además complejizar la relación de las personas con su ambiente, con su comunidad, con su país, con su historia latinoamericana y vemos que hay una intención de poner los contenidos en función de la evaluación, entonces vamos dirigidos a un diseño curricular en función de la evaluación, de la estandarización y le abre la puerta a que haya muchos actores con la capacidad de vender el servicio de formación, de evaluación. También es una lógica de una educación no como un derecho sino una preparación para el empleo, para ciertos tipos de empleo, si es que se genera esas fuentes de trabajo, porque en ese discurso tan perverso de que es la educación pública la culpable de que no haya fuentes de empleo. Sabemos que es falso, sabemos que carecemos de una serie de políticas de protección del empleo que son necesarias para una fuerte inserción al mercado laboral, hay otros factores a los que no se le está interpelando y es mucho más fácil la narrativa de que es culpa de la educación”.

Para finalizar Bonilla nos deja una última reflexión: “Aquí hay una disputa por el modelo, hay unos sectores que consideran que el modelo es innecesario y que cada quien tiene que ir a comprar la cantidad de conocimientos que necesita y que pueda pagar en el mercado”.