Juanche, en diálogo con el Portal APU.Uy señaló que el hacinamiento en las cárceles uruguayas no depende exclusivamente del organismo, sino de un conjunto de factores estructurales vinculados al sistema penal. “La cantidad de personas privadas de libertad está directamente asociada a las decisiones judiciales y a la eficacia penal”.

En ese sentido, explicó que el crecimiento de la población carcelaria también refleja cambios en las modalidades delictivas, particularmente en delitos vinculados a los estupefacientes. En departamentos como Colonia, este fenómeno “se ha intensificado en los últimos años”.

La Directora de INR subrayó, además, que el endurecimiento progresivo de la legislación penal -la Ley de Urgente Consideración (LUC) sería el último eslabón en este proceso- ha incrementado los tiempos de reclusión y reducido el acceso a medidas alternativas. “Hoy ingresan más personas al sistema y, al mismo tiempo, se reducen las salidas, lo que genera una acumulación constante”.

A esto se suma la disminución de mecanismos como la libertad anticipada o la reducción de pena por trabajo y estudio, lo que prolonga la permanencia en prisión. “En lugar de una circulación fluida, tenemos una población cada vez más estable y numerosa dentro de las cárceles”, indicó.

Colonia, un caso crítico

El establecimiento tiene capacidad para 156 personas, pero actualmente alberga “276 varones y 43 mujeres, lo que representa un déficit cercano al doble de su capacidad. Cuando en un espacio para 12 personas hay 36, las condiciones se vuelven inadecuadas, por lo tanto, fallan los servicios básicos como luz, agua y saneamiento”.

Ante este panorama, el INR implementa “medidas para mitigar la sobrepoblación. Entre ellas, el traslado de internos que delinquieron en Colonia, y no son del departamento, son derivados a otras unidades, y se está trabajando en la reconversión de espacios. Hasta hace muy poco tiempo estaban en condiciones realmente muy inadecuadas, las personas no tenían camas y llevamos camas para todos, modificamos los baños, estamos cambiando techos de los pabellones. Vamos al ritmo de compras del Estado y a la capacidad de las cuadrillas que trabajan. En Piedra de los Indios hay una cuadrilla de privados de libertad del polo industrial de la unidad de Santiago Vázquez especializada en herrería, carpintería, obra, aluminio y construcción, que está trabajando para mejorar la capacidad. Además, hicimos el relevamiento de todas las camas que faltaban, y llevamos cuchetas, colchones y ropa de cama porque había mucha gente durmiendo en el piso”.

Un sistema colapsado

A nivel nacional, el sistema penitenciario presenta cifras alarmantes “aloja a 16.788 personas. El crecimiento ha sido constante en los últimos 40 años y el Estado no ha logrado generar la infraestructura necesaria al mismo ritmo”, explicó Juanche.

La jerarca también señaló un “cambio en el perfil de la población carcelaria, con un aumento de personas con consumo problemático de drogas y a su vez, hay mayores niveles de violencia intramuros”.

Educación, trabajo y reincidencia

Actualmente, algo menos del 54% de las personas privadas de libertad estudian, trabajan o realizan ambas actividades. Si bien el número es significativo, Juanche reconoció que es insuficiente. “Lo ideal sería que todos tuvieran acceso a educación y trabajo, pero el colapso del sistema limita esas posibilidades. Necesitamos más docentes, más programas y más empresas que ofrezcan oportunidades”, afirmó.

En cuanto a la reincidencia, los datos son contundentes, al punto que “a tres años de recuperar la libertad, siete de cada diez personas vuelven a delinquir, lo que equivale a un promedio del 74%. Esto demuestra que se necesitan cambios profundos. Pero es muy difícil trabajar en procesos de rehabilitación en condiciones de superpoblación”, advirtió.

Alternativas y reformas

Frente a este escenario, el INR apuesta a fortalecer las medidas alternativas a la prisión, especialmente para delitos no graves. En Colonia ya funciona una oficina dedicada a promover convenios para que personas cumplan tareas comunitarias. “Está comprobado a nivel internacional que quienes cumplen penas en la comunidad reinciden menos”, destacó.

Al preguntarle sobre la posibilidad de reinstaurar la libertad anticipada, Juanche respondió que “el gobierno anunció la eliminación del artículo correspondiente en la reforma del Código del Proceso Penal”, por lo tanto no habrá libertad anticipada, aunque la jerarca no brindó mayores detalles sobre el tema.

Ella es…

Ana Juanche, Magister en Derechos Humanos en la Universidad Católica. Es Doctora en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es la Directora de Instituto Nacional de Rehabilitación.