El presidente argentino Javier Milei emitió dos decretos para impedir el ingreso de funcionarios en la ex ESMA, hoy Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en recuerdo al escritor, periodista y docente desaparecido desde mayo de 1976.
El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti es un espacio de rescate de la memoria de los horrores cometidos durante la dictadura de aquel país. Entre sus tareas se incluian cursos a estudiantes sobre el terrorismo de Estado.
Un mensaje del gobierno de Milei, emitido a través de Whatsapp, anunciaba que “el Secretario de Derechos Humanos [Alberto Baños] hace saber a todo el personal del Centro Cultural Haroldo Conti que se procede al cierre del mismo a partir del día 2 de enero de 2025. Ello a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante. El personal queda en guardia pasiva en sus respectivos domicilios” establecía.
También fue cerrado el Archivo Nacional de la Memoria, que conserva la documentación sobre investigaciones judiciales y académicas sobre la dictadura.
Previamente a esta medida hubo denuncias por la realización de tareas de inteligencia ilegal durante una manifestación llevada a cabo el 27 de diciembre, una jornada en la que se movilizaron miles de personas en defensa de las políticas de memoria, verdad y justicia.
"Estas acciones de inteligencia son un elemento más en el cercenamiento no solo del derecho a la protesta sino de las políticas de memoria y derechos humanos que han implicado el despido masivo de trabajadoras y trabajadores, y el cierre de programas y del Centro Cultural Haroldo Conti" denunció la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
La denuncia fue presentada por el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel junto con Dora Barrancos y Roberto Cipriano García, presidentes y secretario ejecutivo de la CPM, con el patrocinio letrado de Rodrigo Andrés Pomares y Margarita Jarque.
Según publicó el medio argentino Página/12, en base a un informe sobre las tareas de monitoreo de la represión a la protesta social, la CPM advirtió que de lo relevado a lo largo del 2024 puede desprenderse que la represión de la protesta presenta rasgos de sistematicidad que dan cuenta de una política planificada que busca limitar el ejercicio del derecho a la expresión y la manifestación pública de determinados sectores.
