El 8 de noviembre de 2024, Julia desapareció en circunstancias aún no esclarecidas cuando se dirigía  al predio “Reserva Cora Número Uno-A” en búsqueda de unos animales extraviados. Al día de hoy continúa desaparecida.

Reiteradamente, a lo largo de los años había amenazas de todo tipo por parte de quien es el principal sospechoso de su desaparición, el empresario forestal Juan Carlos Morstadt Anwandter.

El 30 de septiembre, en conferencia de prensa, sus familiares, compañeras y compañeros, sus lagmien (hermanos), junto a las abogadas Male Santana y Karina Riquelme, denunciaron que cuando se les permitió acceder al expediente judicial –después de largas e intensas gestiones-, se encontraron con la transcripción de una llamada en la que el empresario Juan Carlos Morstadt Anwandter decía a su padre que Julia había sido quemada. 

Según información que han divulgado algunos medios, la información fue encontrada en el sitio web del Poder Judicial, en dos llamadas registradas: una dirigida al padre de Juan Carlos Morstadt, dueño del predio donde Chuñil fue vista por última vez, y otra a una mujer no identificada. Sin embargo, cuando las juristas solicitaron más antecedentes al Ministerio Público, este las habría bloqueado del portal web de Fiscalía en Línea.

Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile reclamó por la falta de acceso a la carpeta investigativa por parte de los querellantes, lo que, a su juicio, “genera una serie de problemas desde la perspectiva del acceso a la justicia y al debido proceso” para la familia de Chuñil, que tiene la calidad de víctima y querellante.

Desde el Portal APU.uy conversamos con Juana Aguilera, activista y presidenta de la Comisión Ética contra la Cutura y también integrante del Espacio Día a Día por Julia Chuñil; y con Mariela Santana, abodada de Derechos Humanos, Secretaria Ejecutiva de la Corporación de Derechos del Pueblo (CODEPU) y Jefa de la Unidad Jurídica de la misma. Representa, en dos instancias diferentes, a uno de los hijos de Julia Chuñil y también a la familia de la lider mapuche.

Aquí pueden acceder a la entrevista completa

"Es deber del Estado chileno investigar" https://www.youtube.com/watch?v=adYdZfxzZXI

El rol de la CONADI

En el inicio del intercambio, la abodada Santana enfatiza que "la desaparición de doña Julia Chunil Catricura se da en un contexto histórico, ya que el pueblo Mapuche siempre ha sido en Chile, objeto de una persecución por parte del estado chileno, y en ese contexto se da un conflicto de tierras abierto en un caso que podemos llamar paradigmático de despojo en donde ha jugado un rol importante la Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), que es un organismo estatal. Este rol no se ha investigado y opera un silencio por parte de dicho organismo desde el inicio de la investigación hasta ahora, y nos hacemos la pregunta de por qué Conadi no informa a la familia de Julia Chunil que se le habían devuelto las tierras al empresario que es el principal sospechoso".

Agrega que ahí radica "un hecho concreto y cierto que es la existencia de un terrateniente alemán en un conflicto abierto de tierras con la víctima desaparecida (...) y hasta hoy ese paradero se desconoce y es un deber del estado chileno investigar pero investigar con ciertos estándares, estándares que no se han cumplido".

"El Estado subvenciona a las empresas forestales, generalmente en tierra mapuche"

La subvención a las empresas forestales

Por su parte Juana Aguilera afirmó que la situación "es criminal". "Chile se comprometió, como Estado, ante el concierto del mundo sobre la protección de poblaciones específicas  y esas poblaciones específicas son las niñezes, los pueblos originarios la persona de la tercera edad, las mujeres, las personas con discapacidad y en todos esos criterios Julia cumple con tres: ser mujer, de la tercera edad y pertenecer a un pueblo original". 

Vincula, además, estos temas con la forma en que el país procesó la salida de la dictadura de Augusto Pinochet:

"tiene que ver con un contexto mayúsculo que finalmente la masacre de la dictadura en el 73 no se hizo solamente para sacar un proyecto popular de la cabeza del Estado sino que se hizo también para instalar un modelo económico que destruye nuestros bienes y y recursos naturales. Y esa esa situación después de prácticamente 30 y tantos años de gobiernos civiles comienza a mostrar el grado también de criminalidad que tiene la instalación y la apropiación por parte de grandes propietarios empresarios nacionales y extranjeros de lo que (son los recursos naturales en Chile. Sepa usted que el Estado de Chile subvenciona las empresas forestales en nuestro país, por cada árbol que ellos colocan, generalmente en tierra mapuche, reciben un recurso que pagamos todos nosotros los ciudadanos de este país".