La Justicia uruguaya se reúne este jueves para decidir si el exsenador Gustavo Penadés continuará en prisión preventiva en la cárcel de Florida o si podrá esperar el juicio en arresto domiciliario, medida que incluiría monitoreo electrónico. La decisión se toma tras la presentación de la acusación formal por parte de la Fiscalía, que solicitó 16 años de reclusión por múltiples delitos sexuales cometidos contra menores de edad y otras víctimas vulnerables.

Penadés fue imputado en octubre de 2023 por 22 delitos de violencia sexual, incluyendo abusos agravados, violación y retribución a menores, en régimen de reiteración real. Desde entonces permanece privado de libertad como medida preventiva, revisada periódicamente por la Justicia. La audiencia de este jueves evaluará si existe riesgo de entorpecimiento del proceso o presión sobre las víctimas, factores clave para mantener la prisión preventiva según los estándares legales y de protección de derechos humanos.

Protección de víctimas y derechos procesales

El caso ha generado especial atención por la magnitud y gravedad de los delitos imputados, muchos de ellos contra menores de edad, lo que obliga a la Justicia a actuar con estricta perspectiva de género y enfoque de protección de víctimas. La Fiscalía sostiene que mantener la prisión preventiva es necesario para garantizar la seguridad de las víctimas y la integridad del proceso judicial.

Por su parte, la defensa argumenta que la investigación está concluida y que no existen riesgos concretos que justifiquen la permanencia en prisión, solicitando que el exsenador pueda esperar el juicio en su domicilio bajo medidas de control. Según la Constitución, toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a esperar el juicio en libertad, excepto en situaciones que pongan en riesgo a terceros o al proceso.

Delitos imputados 

La fiscal de Delitos Sexuales, Isabel Ithurralde, imputó a Penadés por 11 delitos de retribución o promesa de retribución a menores, 4 de abuso sexual especialmente agravado, 3 de abuso sexual agravado, 1 de violación, 1 de desacato, 1 de corrupción de menores y 1 de atentado violento al pudor, todos en régimen de reiteración real. La imputación se amplió en mayo y agosto de 2024 por nuevas víctimas y hechos adicionales de violencia, incluyendo episodios de violencia privada ocurridos años atrás.

En paralelo, el profesor Sebastián Mauvezín fue imputado por siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores, con un pedido de pena de seis años de cárcel. Ambos casos reflejan la complejidad de los procesos por delitos sexuales y la necesidad de medidas cautelares que prioricen la protección de los más vulnerables.

Tras la audiencia de este jueves, la defensa contará con 30 días para presentar descargos y luego se realizará la audiencia de control de acusación, donde el juez definirá qué pruebas pasarán al juicio oral, previsto para 2026. Según las autoridades, esta etapa es crucial para garantizar un juicio con perspectiva de género, protección de víctimas y máxima transparencia procesal.