Una crisis social y política profunda se vive en Panamá desde que comenzaron las protestas en el mes de abril, en rechazo a una reforma que eleva la edad de jubilación y abre la puerta a la privatización de los fondos de pensiones.
Las movilizaciones de sindicatos, de docentes y de comunidades indígenas se han ido intensificando y el gobierno reaccionó cerró los caminos de diálogo y recurriendo en cambio a la represión a través de un operativo llamado Omega.
El mismo supuso el despliegue de más de mil quinientos efectivos para, supuestamente, “garantizar el libre tránsito y la seguridad de la ciudadanía”», sobre todo ante el bloqueo de rutas por parte de los manifestantes.
La represión a las protestas sociales ya dejaron dos personas fallecidas y el gobierno anunció, el viernes 20, la suspensión de las garantías constitucionales y el establecimiento del “estado de urgencia” en la provincia de Bocas del Toro, en la frontera con Costa Rica. El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, informó que la medida regiría, en principio, por cinco días.
Falta de diálogo. Escalada de protestas
Las protestas en esa nación centroamericana comenzaron en marzo cuando el Congreso aprobó un paquete de reformas impulsadas por el Ejecutivo para cambiar las leyes de la seguridad social, modificando sustancialmente los criterios para acceder a las jubilaciones y pensiones.
Esa iniciativa generó un gran debate parlamentario y protestas de los gremios obreros así como un llamado a huelga indefinida por parte del sindicato docente. A la convocatoria se sumaron otros sectores, como el de la construcción, el más numeroso del país.
Posteriormente el sindicato local de trabajadores bananeros se unió a la protesta generada a nivel nacional, contra la propuesta de recortar las pensiones, y también se declaró en huelga. En esa rama de actividad fue donde se generó la confrontación más fuerte dado que una de las empresas del sector, Chiquita Brands, decidió despedir a cerca de 5 mil trabajadores y trabajadoras que se habían plegado a la huelga.
Hace casi un mes, el 27 de mayo, había declarado el estado de urgencia en la provincia Bocas del Toro, aunque en ese momento el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, había afirmado que el estado de emergencia le permitiría al gobierno solucionar la crisis económica en forma rápida, pero asegurando que "la declaratoria de estado de emergencia no implica la suspensión de garantías fundamentales ni de derechos constitucionales de ningún ciudadano".
No obstante este 20 de junio el gobierno decretó nuevamente el estado de urgencia con la suspensión de las garantías constitucionales en esa región.
