El suceso, lejos de ser un hecho aislado, representa la dramática confirmación de un sistema carcelario colapsado, donde las condiciones de reclusión vulneran de forma sistemática los derechos humanos más básicos.

Mientras en el país se discutía sobre seguridad, reincidencia y políticas penitenciarias, la realidad mostró su rostro más crudo en forma de cenizas, cuerpos irreconocibles y estructuras inhabilitadas por la desidia institucional.

Una celda convertida en tumba

Según las autoridades del Ministerio del Interior, el fuego se desató tras un altercado entre dos grupos ubicados en celdas contiguas. Las llamas arrasaron con rapidez el pequeño espacio sin ventilación adecuada, sin sistema de detección ni extinción de incendios certificado. Tres funcionarios penitenciarios fueron también atendidos por inhalación de monóxido de carbono.

Las víctimas murieron atrapadas, sin que las condiciones edilicias ni los protocolos de emergencia pudieran ofrecer una mínima posibilidad de auxilio.

Las edades de los fallecidos, entre los 23 y 37 años, revelan otra dimensión de la tragedia: jóvenes cuyas vidas ya estaban atravesadas por exclusión estructural antes de llegar al encierro.

Un sistema penitenciario sin bomberos ni derechos

Esta tragedia vuelve a poner en el centro del debate que sólo tres de las 26 cárceles del país cuentan con habilitación oficial de Bomberos: Punta de Rieles, la unidad de máxima seguridad contigua al ex Comcar, y la cárcel de Tacuarembó. El resto opera sin certificaciones actualizadas ni medidas de protección frente a incendios u otras emergencias.

Esta falencia estructural fue alertada en múltiples ocasiones por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit. En sus informes anuales, Petit ha reiterado que más del 40 % de los centros carcelarios presentan situaciones de trato cruel, inhumano o degradante, con graves violaciones a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos firmados por Uruguay.

“El sistema está en un punto de saturación que ya no permite parches. Necesitamos una reforma estructural, ética y legal”, declaró Petit tras el incendio.

Superpoblación, abandono y muerte

Uruguay mantiene una de las tasas de encarcelamiento más altas de América del Sur: alrededor de 445 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. El Comcar, con una capacidad estimada para unas 2.000 personas, aloja actualmente más de 5.000. En su interior, muchos reclusos pasan semanas sin ver la luz del sol, sin acceso a atención médica oportuna, con agua limitada y sin programas de rehabilitación.

El 43 % de la población penitenciaria no accede a patios diariamente. En muchos módulos, como el 11, los reclusos duermen sobre colchones rotos, junto a heces, sin ventilación ni ventanas operativas. La mortalidad por omisión médica se mantiene entre 15 y 25 personas por año.

Reacciones oficiales: Condolencias y silencio estructural

Tras conocerse la tragedia, el ministro del Interior, Carlos Negro, expresó su pesar a través de su cuenta en la red social X:

"Lamentamos el fallecimiento de 4 personas en un incendio en una celda del Comcar. Además de seguir de cerca las investigaciones y la gestión interna, me comuniqué con la presidenta de la Comisión de Seguimiento Carcelario."

Si bien su mensaje denota preocupación institucional, no se refirió a las condiciones de seguridad edilicia ni a la falta de habilitación del centro por parte de Bomberos. Tampoco se anunciaron medidas inmediatas para prevenir nuevas tragedias.

En contraste, el periodista Gabriel Pereira fue más directo al describir la magnitud del fracaso del sistema:

“Para algunos, que un delincuente vaya a la cárcel es un triunfo contra la delincuencia. Paradójicamente, la cárcel, donde el Estado es monopólico, es el lugar donde se revela más la derrota en ese terreno. Hoy fueron cuatro los muertos en un incendio: 23, 27 (2) y 37 años.”

Advertencias ignoradas

El sindicato penitenciario SINTRAPEN había iniciado una demanda contra el Estado a comienzos de año, exigiendo la habilitación de todas las unidades por parte de Bomberos, salas de lactancia para mujeres con hijos y la aplicación efectiva de protocolos de género. La audiencia judicial sobre esta demanda está fijada para el próximo 25 de junio, ahora marcada por la urgencia de cuatro nuevas muertes evitables.

Diversos organismos internacionales, incluyendo el relator de Naciones Unidas para la Tortura y el Subcomité para la Prevención de la Tortura, han advertido durante años sobre la grave situación del sistema carcelario uruguayo. En 2009 ya se señalaban limitaciones críticas en acceso al agua, alimentación, atención médica, espacios de higiene y descanso.

Un espejo de la sociedad que no queremos mirar

El incendio de Comcar no es un accidente. Es consecuencia. Es síntoma. Es resultado directo de un modelo penitenciario que castiga con hacinamiento, abandono y fuego a quienes —más allá de sus delitos— deben ser tratados bajo el principio de dignidad humana.

La muerte de estas cuatro personas nos interpela como sociedad. Nos obliga a revisar si estamos dispuestos a tolerar cárceles que son depósitos humanos, sistemas sin control ni asistencia efectiva, y políticas públicas que criminalizan la pobreza pero se desentienden de la rehabilitación.