La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) expresó una “profunda preocupación” por la situación de la emisora M24, luego de que la empresa permisaria comunicara a su personal que la radio atraviesa un proceso de venta y que los nuevos operadores asumirían el 1.º de enero de 2026 sin mantener ningún vínculo laboral previo. La medida implicaría la desvinculación total de quienes trabajan en las tres emisoras del grupo, abarcando Montevideo, Maldonado y Colonia.

Según APU, el procedimiento ha estado marcado por “falta de información, inconsistencias y ausencia de la empresa” en citaciones formales ante la Dirección Nacional de Trabajo (DINATRA), convocadas para aclarar los alcances del traspaso. 

Frente a esa situación, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) emitió un comunicado formal expresando su profunda preocupación, denunciando una operación envuelta en opacidad, con “falta de información, inconsistencias y ausencia de la empresa a citaciones formales” ante la Dirección Nacional de Trabajo (DINATRA). 

Riesgo a la soberanía mediática

Más allá del impacto laboral, la APU lanzó una advertencia grave: la posible transferencia del espectro radioeléctrico a capitales extranjeros mediante figuras que podrían burlar la legislación uruguaya. 

La radio es un bien estratégico. La APU subraya que el espectro radioeléctrico no es un activo privado cualquiera, sino un recurso colectivo, patrimonio de la sociedad, y su control por parte de actores externos podría socavar no solo la diversidad mediática, sino también la soberanía nacional. 

Voces desde dentro: “Estamos todos despedidos”

Los periodistas, técnicos, productores y personal administrativo de M24 reaccionaron con conmoción. A través de un comunicado conjunto, los equipos de varios programas emblemáticos – como Justicia Infinita, Nada que Perder y Todo por la misma plata – lamentaron que la decisión llegó sin explicaciones sustanciales. “No se comunicó a quién se vende la emisora, ni cuándo comenzó el proceso, ni cuáles son las razones reales, más allá de un escueto ‘problemas económicos’.” 

Expresaron, además, su deseo de que la empresa conduzca un cierre “respetuoso, transparente y acorde al discurso progresista con el que se ha presentado durante años”, y reclamaron que se honren “los vínculos laborales construidos” pese a las diferencias contractuales.

Implicaciones para los derechos humanos y la democracia

El caso M24 trasciende lo laboral y plantea preguntas centrales para los derechos humanos y la democracia en Uruguay:

Derecho a la información: Si las ondas están en manos de capitales extranjeros o figuras interpuestas, se debilita la transparencia sobre quién posee esas frecuencias y con qué fines, algo esencial para el derecho colectivo a estar bien informado.

Derechos laborales: La desvinculación masiva de trabajadores sin garantías claras para su reubicación o indemnización habla de una lógica empresaria que prioriza el balance financiero por sobre el bienestar de quienes construyeron la emisora.

Soberanía cultural: El espectro radioeléctrico es un recurso estratégico. Su transferencia a actores externos pone en riesgo no solo la libertad informativa local, sino la capacidad del Estado y de la sociedad uruguaya para decidir sobre su propio espacio mediático.

Transparencia y rendición de cuentas: El secretismo denunciado por la APU llama a plantear si hay mecanismos regulatorios suficientes para evitar operaciones opacas que afecten un bien público.

Propiedad opaca y dueños ocultos: el antecedente reciente que amplifica la alarma

El escenario de incertidumbre en torno a M24 se potencia al revisarse antecedentes documentados sobre la falta de transparencia en la propiedad de medios en Uruguay. 

Uno de los especialistas que más ha investigado este fenómeno es Gustavo Gómez, experto en regulación y políticas de comunicación, quien ha expuesto en diversos hilos de la red X prácticas recurrentes de ocultamiento societario, entrada de capitales extranjeros sin trazabilidad pública y estructuras legales que dificultan saber realmente quién controla medios de gran alcance.

En un hilo publicado en diciembre de 2023, Gómez enumeró varios casos relevantes vinculados al diario El Observador, cuya estructura accionarial llegó a involucrar a figuras políticas y empresariales de alto perfil, tanto locales como argentinas.

Capitales argentinos y figuras políticas con inversiones en medios uruguayos

Gómez menciona al empresario y exdiputado argentino Facundo Garretón, quien aparece asociado como inversor en Uruguay y como uno de los propietarios de El Observador, junto a los empresarios argentinos Gerardo Werthein y Gabriel Hochbaum. Según Gómez, su nombre comenzó a circular ampliamente tras su mención en un libro de la periodista argentina María Eugenia Estenssoro presentado en Montevideo en 2023.

Un “dueño uruguayo” con vínculos políticos directos

El especialista también señaló el rol del abogado Jean Jacques Bragard, figura vinculada al Partido Nacional y asesor del Ministerio de Vivienda durante el gobierno de turno. Documentos de prensa confirmaron que Bragard habría adquirido parte del control accionario de El Observador, aunque públicamente figuraba inicialmente como “asesor” del grupo comprador.

La presencia de Bettina Guardia (Bulgheroni), ligada a un conglomerado millonario

Otro de los nombres destacados fue el de Bettina Bulgheroni (Guardia), esposa del multimillonario argentino Alejandro Bulgheroni, cuya participación como accionista fue revelada en una nota del propio diario El Observador.

Un estudio jurídico local con participación más allá de la asesoría

Finalmente, Gómez señaló que el estudio jurídico uruguayo Bragard & Asociados, presentado como asesor legal de la operación, aparecía mencionado en “operaciones destacadas” de adquisición del control accionarial del medio, sugiriendo un rol más influyente del que inicialmente se comunicó.

Por qué estos antecedentes son relevantes para el caso M24

Estos episodios, documentados públicamente, permiten contextualizar la preocupación de la APU respecto a la venta de M24:

• existen antecedentes recientes de operaciones mediáticas con participación extranjera no transparentada,

• con estructuras societarias que dificultaron conocer a los verdaderos controladores,

• y con vínculos políticos que nunca fueron aclarados por las empresas involucradas.

En este marco, la posibilidad de que M24 —una emisora con fuerte función social y política en Uruguay— pase a manos de actores no identificados, con potencial participación extranjera y sin cumplir la normativa vigente, no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia sostenida que debilita la soberanía informativa del país.

Impacto en derechos humanos y libertades públicas

La ausencia de transparencia en la propiedad de medios incide directamente en:

• el derecho a la información, porque afecta la pluralidad de voces;

• la libertad de expresión, al crear condiciones para presiones políticas o empresariales no visibles;

• los derechos laborales, al dejar sin garantías a trabajadores esenciales para el funcionamiento democrático;

• la gobernanza del espectro radioeléctrico, que debe ser administrado bajo criterios de interés público, no de opacidad comercial.

Organizaciones internacionales han advertido en los últimos años un retroceso en las garantías para el ejercicio del periodismo en Uruguay, incluyendo presiones institucionales, estigmatización y señales de concentración mediática.

Un caso que excede a una emisora

Lo que ocurre con M24 no es únicamente un conflicto laboral ni una operación comercial. Es un punto crítico dentro de un proceso mayor: la pérdida paulatina de transparencia en la propiedad de los medios y el debilitamiento de las garantías que sostienen la libertad de expresión y la soberanía comunicacional en Uruguay.

Mientras desde APU se exige claridad sobre los compradores, garantías normativas reales y la defensa activa del espectro como bien público; el caso M24 podría convertirse en un precedente peligroso para el sistema de medios y para la calidad democrática del país.