08 de Abril del 2026
Apuntes del día
Justicia
Este 8 de abril se define el destino de Moisés tras una vida de violencia sistemática
Fiscalía General de la Nación
Foto: Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía de Homicidios solicita 18 años de penitenciaría por homicidio especialmente agravado, mientras la defensa invoca el artículo 36 del Código Penal para solicitar la absolución por "sufrimiento crónico".

 

En la presente jornada, la magistrada María Noel Odriozola dará lectura al fallo definitivo sobre el caso de Moisés Martínez, imputado por la muerte de su progenitor tras dispararle en 15 ocasiones el pasado 25 de mayo de 2025. El proceso técnico se ha centrado en determinar si la conducta del acusado encuadra en una figura punible o si responde a una respuesta psicopatológica derivada de una historia documentada de tortura y abusos sistemáticos.

La fiscal de primer turno, Sabrina Flores, sostiene la acusación de homicidio especialmente agravado, argumentando que el delito, por su naturaleza, no habilita la redención de pena por trabajo o estudio, fijando su pretensión en 18 años de prisión. Para el Ministerio Público, a pesar de los antecedentes de violencia del fallecido, no se justificó la imposibilidad de acudir a las autoridades en el momento del evento.

Por su parte, la defensa técnica, encabezada por el Dr. Marcos Prieto, fundamentó su alegato en el artículo 36 del Código Penal. Dicha norma faculta al juzgador a exonerar de pena al imputado cuando el acto sea consecuencia de una “intensa conmoción provocada por el sufrimiento crónico producto de violencia intrafamiliar”. La defensa argumentó que el colapso disociativo de Moisés se activó tras conocer, 72 horas antes, que su padre planeaba mudarse cerca de su madre y descubrir la magnitud total de los abusos sexuales y físicos contra sus hermanos.

Un punto técnico crucial del juicio ha sido el tercer requisito del mencionado artículo: la eficacia de la protección estatal. Mientras la defensa alega que el sistema falló históricamente en proteger a la familia, la fiscalía cuestionó las omisiones en denuncias previas.

En virtud del acuerdo de cooperación entre la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y el Poder Judicial, la audiencia será transmitida íntegramente de forma pública, permitiendo el seguimiento ciudadano de un caso que promete sentar precedentes sobre la legítima defensa incompleta y el estado de necesidad en contextos de violencia doméstica.