Las dos organizaciones recordaron que desde el año 2019 realizan visitas y acciones de monitoreo de los centros de privación de libertad adolescente, con el objetivo de prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia adolescentes en conflicto con la ley penal.
Con respecto a esta situación ambas organizaciones presentaron una denuncia en la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, por la posible comisión de delitos contra la integridad física de un adolescente privado de libertad, entre otros. 
La información recabada descarta los indicios de que la lesión sufrida por el dolescente haya sido producida por “caerse de la cama”, como apuntan las declaraciones iniciales de  autoridades de INISA. En el Módulo correspondiente los adolescentes están recluidos individualmente por celda; cada una tiene una cucheta, pero los adolescentes duermen en las camas de abajo, donde están colocados los colchones. La altura de las camas de abajo es de aproximadamente 44 centímetros.
La denuncia penal se basa en dos puntos. En primer lugar, que el hecho se produce en condiciones de irregularidad en la seguridad del centro y, en segundo lugar, que la lesión se constata luego de que los adolescentes hayan sido violentamente reducidos por funcionarios de un centro distinto al que el adolescente lesionado pertenece. 
Después de más de 20 días de iniciada la investigación administrativa por parte de INISA, y tras haber realizado INISA también una denuncia penal el día miércoles 28 de abril, es indispensable y urgente, como mecanismo de protección, que sean apartadas de cargos de trato directo a las personas involucradas en la investigación. 
Recuerdan además que el Estado uruguayo continúa incumpliendo con la recomendación realizada en 2014 por el Comité Contra la Tortura (CAT) que ordena que “en casos de presuntos actos de tortura o malos tratos se suspenda inmediatamente de sus funciones a “en casos de presuntos actos de tortura o malos tratos se suspenda inmediatamente de sus funciones a los sospechosos mientras dure la investigación”.
Urge que las autoridades y el Poder Judicial tomen acciones efectivas de protección a las víctimas. Frente a la investigación penal iniciada, solicitamos que se proteja a los adolescentes dado que al, estar bajo la órbita de INISA, no se encuentran  adecuadamente contempladas sus garantías del debido proceso.