La Justicia también incautó un disco duro de computadora que pertenece al periodista Marcelo Morales que además de trabajar en la radio, es director del semanario "Noticias"

La denuncia fue realizada por RAMI, la gremial de radiodifusores del interior, pero llama la atención que la Justicia haya ejecutado esa medida de allanamiento e incautación siendo público y notorio que las dos cámaras legislativas sancionaron en general la ley que regulariza la situación de las radios comunitarias.

En el marco de una marcha realizada por el Día de la Mujer, un grupo de personas aprovechó la oportunidad para comenzar a vandalizar vidrieras de la avenida 18 de Julio de Montevideo. Al notar que eran filmados por un integrante de TNU, comenzaron a agredirlo verbalmente, lo empujaron y rompieron parte de su equipo. Algunos se cubrieron cobardemente el rostro.

El reconocimiento será otorgado por las organizaciones que trabajan desde hace años en el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura uruguaya: Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Amnistía Internacional Uruguay, Comisión de Asesinados Políticos por la Dictadura, Crysol (Colectivo de ex presos y presas políticos), Comisión de Derechos Humanos del PIT- CNT, Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), Instituto Solidaridad y Desarrollo (ISODE), Servicio de Rehabilitación Social (SERSOC) y SERPAJ.<

Se trata de dos convenios celebrados en el marco de la ley 17.805 (derechos de autor de la actividad periodística) que abarcan a los periodistas, camarógrafos y productores periodísticos de la televisión abierta, la Red de Televisión Color y todas las radios de Montevideo.

La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), con el auspicio del Open Society Institut - Justice Initiative, invitan a las organizaciones de la sociedad civil a participar de un taller teórico-práctico sobre acceso a la información pública en el marco del Programa de difusión del acceso a la información pública que están llevando adelante.

La sentencia sienta un precedente gravísimo para el ejercicio del periodismo y en los hechos limita la libertad de expresión, así como el debate de asuntos de interés público de modo alarmante.

Asistimos, además, a un cambio en la jurisprudencia que desde hace más de una década mantenía la Suprema Corte (con otra integración) y los Tribunales de Apelaciones que establecía la prevalencia de la libertad de expresión sobre el honor cuando la información divulgada es de interés público.

Las amenazas fueron realizadas a través de dos correos electrónicos enviados al periodista. En esos dos mensajes quien se presenta como un oficial sulbalterno del Ejército asegura que Lessa mintió al afirmar que la juventud militar rechazaba la actitud asumida por los mandos sometidos a la Justicia por delitos de lesa humanidad.

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