Tras la condena por difamación en Cerro Largo, el caso de la corresponsal de Subrayado reabre el debate sobre el acoso hacia las trabajadoras de los medios. El marco de la Ley 19.580, y del Código de Ética de APU exigen frenar la viralización de contenidos violentos y sancionar toda la cadena de agresión.
“Mi dignidad no está en discusión”. Con esa premisa rotunda, la periodista Silvia Techera, corresponsal de Subrayado en Cerro Largo y comunicadora de La Voz de Melo, rompió el silencio tras haber sido víctima de una campaña de acoso digital mediante la propagación no autorizada de audios íntimos e injuriosos en aplicaciones de mensajería.
El caso derivó este 29 de octubre en el dictado de la Sentencia N.º 230/2026 por parte del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Cerro Largo, condenando a Doroteo Rody Silva Tort como autor penalmente responsable de un delito de difamación a la pena de cuatro meses de prisión bajo régimen de libertad a prueba. El fallo dispone medidas concretas como la prestación de servicios comunitarios, la prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima, la prohibición de salir del país y la obligación especial de eliminar los audios de sus dispositivos y abstenerse de volver a difundir o divulgar cualquier contenido referido a la periodista.
Este antecedente judicial vuelve a poner en el centro del debate público las agresiones de carácter misógino y machista que enfrentan las mujeres en el ejercicio de la comunicación.
La violencia digital como forma de violencia de género
Lejos de tratarse de un episodio aislado o de un “conflicto personal”, los ataques dirigidos a mujeres periodistas responden a un patrón sistemático de violencia de género. El objetivo de este tipo de maniobras no es otro que disciplinar, amedrentar y desacreditar a la profesional en su rol público, recurriendo al escarnio y al ataque hacia su vida privada para socavar su credibilidad y su estatura laboral.
En Uruguay, la Ley N.º 19.580 (Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género) reconoce explícitamente en su marco conceptual diversas manifestaciones de violencia, entre ellas la violencia cibernética, mediática y telemática. La normativa establece que el uso de tecnologías de la información para difundir contenidos sin consentimiento que atenten contra la dignidad, la intimidad y la imagen de las mujeres constituye una vulneración directa a sus derechos humanos fundamentales.
Código de Ética Periodística de APU
Frente a la circulación irresponsable de estos materiales, el ámbito profesional cuenta con marcos autorregulatorios claros. El Código de Ética Periodística de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) impone compromisos éticos ineludibles respecto al tratamiento de la información y el respeto a la condición humana.
Específicamente, el marco ético de APU establece la responsabilidad de evitar la difusión de contenidos estigmatizantes y la reproducción de modelos violentos o estereotipos de género que menoscaben la dignidad de las personas. El compromiso periodístico exige no convertirse en amplificador ni caja de resonancia de discursos de odio, difamaciones ni agravios a la intimidad, obligando a los profesionales y a los medios de comunicación a ejercer un filtro ético riguroso ante la viralización de contenidos lesivos.
Avances judiciales y reclamo de justicia integral
Si bien la actuación del Departamento de Delitos Informáticos y de la Fiscalía Letrada permitió alcanzar esta primera condena mediante proceso abreviado, la representación legal de la periodista mantiene el reclamo para que la investigación avance sobre los autores intelectuales y sobre quienes emitieron originalmente las expresiones difamatorias.
La aplicación de la perspectiva de género en el ámbito judicial resulta indispensable para evitar análisis sesgados que dejen impunes los eslabones iniciales de la agresión. El estándar probatorio debe contemplar el impacto y la naturaleza de las agresiones misóginas en los entornos virtuales.
Un compromiso colectivo por la seguridad en los medios
Desde la Asociación de la Prensa Uruguaya expresaron su plena solidaridad y respaldo institucional a la compañera Silvia Techera. Reafirmando el compromiso de seguir trabajando activamente en la Mesa de Seguridad para el Periodismo, desde donde se busca abordar, previniendo y combatiendo de forma prioritaria la violencia digital y de género contra las y los trabajadores de los medios.
