La presentación de números totales, no desglosados y parciales por parte del presidente del Poder Electoral, el ex contralor general de la República y ex diputado del PSUV Elvis Amoroso, transformó un acto institucional en un acto político al proclamar al día siguiente como ganador al candidato/presidente Nicolás Maduro Moros.

Aún hoy, a más de una semana de las elecciones, los venezolanos y la comunidad internacional no han tenido acceso a los resultados desglosados de las mesas y los circuitos de votación.

El presidente en ejercicio Nicolás Maduro ha interpuesto un recurso de amparo ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia para que dirima la situación, lo que para expertos en el tema, no hace más que dilatar los plazos de respuesta y judicializar las elecciones, pasando por encima de otro poder del Estado como lo es el Poder Electoral.

Según el observador electoral Sebastián Hagobián López, consultado por Portal APU.uy “hasta que no se presenten y validen el 100% de las actas de votación no hay presidente electo en Venezuela”.

¿Golpe o autogolpe?

Para el ex ministro venezolano en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Andrés Izarra “lo que ha sucedido es un autogolpe”. Izarra ha reclamado desde la misma noche del pasado 28 de julio que “el gobierno presente las actas”, cosa que no ha hecho el ente electoral y que ha sumido a la nación venezolana en una escalada de protestas, manifestaciones y reclamo por conocer toda la verdad sobre lo que efectivamente se buscó dirimir en las padas elecciones.

Cacería de brujas

Así las cosas, en Venezuela se ha desatado una verdadera cacería de brujas contra quienes osen apartarse o no ceñirse al discurso oficial y reclamen conocer el contenido de las actas de escrutinio del 28 de julio y determinar efectivamente quién ha resultado ganador de la contienda electoral.

Múltiples denuncias de activistas comunitarios, periodistas y defensores de derechos humanos dan cuenta que personas de civil e incluso uniformados de distintos cuerpos de seguridad del Estado venezolano detienen a las personas en las calles, avenidas y carreteras del país para solicitarle la cédula y con ella, su celular personal desbloqueado para poder acceder a sus redes sociales y comunicaciones por aplicaciones como WhastApp. La negativa de entregar su celular es motivo suficiente para declararlo en desacato o ser víctima de extorción.

Una población secuestrada

Para el abogado Kelvi Zambrano, director de la Coalición por los Derechos Humanos y Democracia – organización que hasta este 5 de agosto había certificado más de 1600 detenciones tras las protestas iniciadas el pasado 29 de julio – dijo a Portal APU.uy que “en Venezuela no existe estado de derecho” y que han recibido “múltiples denuncias de personas que han sido detenidas indiscriminadamente y a las cuales oficiales de cuerpos de seguridad como el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) le solicitan ingentes sumas de dinero para otorgarles su libertad”.

Zambrano afirmó además que “varios de nuestros abogados y defensores han sido retenidos y privados de libertad cuando se apersonan ante los centros de detención para conocer sobre las circunstancias en las cuales manifestantes habían sido detenidos y cuáles eran los cargos que se le atribuían”.

Opinar e informar como traición a la patria

El propio presidente Nicolás Maduro ha denunciado en medios de comunicación del Estado que “Venezuela está sufriendo un golpe de estado” y ha llamado a sus seguidores a desinstalar aplicaciones como WhatsApp; qué, según lo que ha manifestado, “ha sido utilizada como plataforma para amenazar y atacar al Poder Popular”. Según Maduro una importante base de datos “de millones de integrantes de los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) han sido entregados a grupos delincuenciales internacionales.

En este contexto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela ha denunciado en las últimas horas que desde las estructuras judiciales venezolanas se “imputan como delitos de terrorismo a periodistas y reporteros presos en la última semana”.

El SNTP denunció además “el uso ilegal y arbitrario de leyes antiterrorismo contra periodistas y reporteros detenidos durante protestas post electorales. También se les ha impedido juramentar abogados”.

Entre los detenidos y acusados se encuentran el reporte gráfico del Estado Barinas Yousner Alvarado, el camarógrafo del andino Estado Trujillo, Paúl León; la reportera gráfica del Estado Miranda (zona metropolitana) Deisy peña y el periodista y dirigente político de Guárico, José Gregorio Carnero.