La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) se unen al reclamo de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) tras el anuncio del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa mexicano del secuestro de la periodista Roxana Guzmán Ramírez.
El Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP-México) exige a las autoridades de su país el despliegue de todos los recursos necesarios “para dar con el paradero de la periodista en forma inmediata y garantizar su integridad física”.
Según informó el SNRP: el martes 2 de junio de 2026 la periodista Roxana Guzmán Ramírez fue secuestrada por un comando armado que irrumpió en su casa en el municipio de Nanchital, estado de Veracruz. El hecho quedó registrado en un video en el que se observa a un grupo de hombres encapuchados romper la puerta e ingresar al domicilio. Desde entonces no hay noticias de su paradero.
La víctima es directora del diario Pulso Informativo del Sureste y ya había sufrido un hecho grave de violencia en 2017 cuando asesinaron a su esposo, Carlos Fernández Escalante.
La Asociación de la Prensa Uruguaya deja de manifiesto su apoyo a la FIP, la FEPALC y al SNRP exigiendo se coordine un operativo de búsqueda inmediata que garantice la aparición con vida de la periodista.
SNRP explicó que el secuestro contra Guzmán Ramírez ocurrió en un contexto generalizado de impunidad donde los ataques, las amenazas y las desapariciones forzadas buscan imponer zonas de silencio y censurar las investigaciones que ponen de manifiesto negocios ilegales entre organizaciones criminales y el poder político.
“Exigimos al gobierno mexicano que adopte medidas inmediatas para garantizar su integridad. Nos solidarizamos con su familia y con los periodistas de México, especialmente con nuestros colegas del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa. Resulta inadmisible que, en una democracia, se sigan presentando estos hechos”, sostuvo Santiago Ortíz, presidente de la FEPALC.
Agregó Ortiz que “México continúa siendo el país más riesgoso para el ejercicio del periodismo en el continente, y por ello, reclamamos que se activen todos los protocolos necesarios para proteger a quienes ejercen la labor de informar, frente a la violencia de grupos criminales y de poder. Desde toda América Latina y el Caribe, extendemos nuestra solidaridad y reafirmamos la defensa de la libertad de expresión como pilar fundamental de la democracia”.
