La Asamblea por un Mar Libre de petroleras se moviliza este 5 de junio hacia la Plaza Independencia para hacer entrega de un nuevo bloque de firmas que, sumadas a las ya presentadas, alcanzan un total de 60.000 voluntades ciudadanas. La cifra representa cerca del 2% de la población del país, un volumen que la organización destaca como un logro "a pulmón" y un claro indicador de resistencia civil frente a un proyecto que avanza sin canales reales de diálogo por parte del Poder Ejecutivo.

El mito del "primer pozo" y el control diario al Ministerio

Consultada sobre los recientes anuncios oficiales respecto a la confirmación de perforaciones exploratorias offshore de ANCAP para el año 2027, Juliana Orihuela, integrante de la Asamblea, aclaró que la noticia no toma por sorpresa al colectivo. "Si entrás ahora al OAN (Observatorio Ambiental Nacional), ya está presentado desde febrero de este año por la empresa APA. Estamos controlando el OAN a diario para saber cuándo van a abrir las puestas de manifiesto", señaló.

Asimismo, Orihuela corrigió errores en las informaciones circulantes que catalogan este anuncio como un hito fundacional: "Hay un par de errores en esa noticia. No sería el primer pozo. En 2016 Uruguay ya hizo su primer pozo ultraprofundo, el Pozo Raya, que dio como resultado un petróleo no comercial y fue decretado pozo seco. Hubo otros dos previos, Gaviotín y otro más. Este vendría a ser, en orden, el cuarto pozo exploratorio en la región".

Bombas de estruendo y un daño irreversible a la fauna

El núcleo de la denuncia de la Asamblea radica en el severo impacto ambiental que conllevan las tareas de exploración sísmica y perforación en el ecosistema marino uruguayo. De los mil días de sísmica proyectados originalmente, hasta el momento solo se han ejecutado 60. "El sonido es el elemento más importante para la comunicación en la vida marina. Las bombas de estruendo de aire comprimido se disparan en lapsos de entre 6 y 10 segundos, interfiriendo la comunicación de todas las especies", explicó la activista. El impacto directo incluye desde rupturas en los aparatos auditivos de los animales hasta el desplazamiento forzado de especies y la muerte de organismos sésiles (que carecen de movilidad).

Ante la dificultad técnica del colectivo civil para realizar necropsias que certifiquen legalmente las muertes de fauna en la costa, Orihuela apeló a los propios registros corporativos y estatales: "En solo 60 días de sísmica se reportaron más de 400 encuentros y avistamientos de fauna afectada por la misma empresa y por el Estado". Además, recordó el antecedente de 2016, donde la actividad pesquera nacional demandó al Estado tras reportar una merma del 40% en las capturas, demorando casi un lustro en recuperarse. "¿Qué valor tiene una ballena? ¿Quién le pone precio a la vida de un animal que purifica el océano? La verdad es que no sabemos si esto es recuperable", cuestionó.

La vía judicial y el nulo diálogo con el Poder Ejecutivo

Respecto a la falta de recepción por parte de las autoridades del Ministerio de Ambiente o del Poder Ejecutivo, desde la Asamblea descartan que la solución pase por instancias de cortesía política, debido a las acciones legales en curso. "Nosotros le estamos haciendo un juicio al Estado, entonces es poco probable que pretendamos que nos reciban a tomar un cafecito. Si realmente les importara la voluntad popular, lo que debieron hacer era no autorizar los estudios de impacto ambiental y frenar la sísmica", sentenció Orihuela.

Movilización artística y resistencia en las calles

La entrega de firmas programada para este viernes no se limitará a la formalidad administrativa ante el Ministerio de Ambiente. La Asamblea preparó una convocatoria abierta a la comunidad con fuerte impronta artística, que incluirá la interpretación de una pieza musical compuesta por una de las integrantes junto a las infancias, y la intervención de un grupo de artistas que presentará una réplica a tamaño real de una ballena orca en la plaza.

"Es difícil ir contra una de las industrias más poderosas del planeta como la petrolera. Las empresas con las que Uruguay firmó contratos son empresas con prontuarios ambientales y juicios millonarios en el mundo, como Shell y Chevron. A ellas no les importa que los científicos demuestren el daño; ya lo saben. La única forma de pararlos es demostrarles en la calle que la población no los va a dejar trabajar en paz. Nuestro mar y el futuro de las próximas generaciones no tienen precio", concluyó.