De acuerdo al más reciente informe, presentado en abril de 2022 por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) "se registraron 69 amenazas y restricciones a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay"

Del informe sobre "Periodismo y Libertad de expresión en Uruguay" elaborado por Cainfo se desprende que se constató "un aumento de un 40% de casos con respecto al año anterior y alcanza un promedio de más de un episodio por semana".

La estigmatización, judicialización, amenaza y hostigamiento a periodistas por parte de operadores políticos al frente de distintos niveles de gobierno, así como de organizaciones criminales u otros actores que hacen vida en la sociedad uruguaya, han encendido las alarmas de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), así como en otras organizaciones que trabajan el tema de libertad de expresión y derechos humanos en el país.

Al respecto APU, en comunicado público manifestó que "condena la preocupante sucesión de hechos atentatorios de la libertad de expresión y de trabajo de periodistas de Montevideo e interior" resaltando "total solidaridad y respaldo a estos trabajadores".

Consultado por Portal APU.uy Fabián Cardozo, presidente de APU, entiende que, en Uruguay "estamos en un momento bisagra, un momento donde hay que encender una luz amarilla".

"A veces la extrema polarización existente, que muchas veces comienza en redes sociales, se traslada a nuestra convivencia diaria y las reacciones que bajan o provienen del sistema político nos generan preocupación y nos hacen encender esa luz amarilla" dijo Cardozo

Para la directora ejecutiva del capítulo Uruguay de Amnistía Internacional, Lucía Pérez Chabaneau "la agenda de la libertad de expresión tiene múltiples desafíos, que está relacionada a la agenda más clásica como a la censura o la defensa de los defensores de derechos humanos, pero también involucra a las transformaciones en el mundo de la comunicación y la información".

En diálogo con Portal APU.uy la directora ejecutiva del capítulo Uruguay de Amnistía Internacional afirmó que "las nuevas tecnologías empujan a prestar atención a otros espacios en los que también se expresan las personas; estoy hablando especialmente del espacio on line", precisó.

"Allí se abren otras preocupaciones, que tienen que ver con la vigilancia o el acceso a los datos; todos asuntos que componen de alguna manera la agenda de libertad de expresión que, conforme avanzan las sociedades, también se va complejizando su abordaje", dijo a  Portal APU.uy Pérez Chabaneau.

Con respecto a los casos de manejo público sobre hostigamiento, intento de judicialización y amenazas a periodistas y comunicadores en Montevideo y el interior, Lucía Pérez reconoció a Portal APU.uy que "son todas situaciones que generan preocupación y que venimos señalando en nuestros informes anuales; lo cual debe ser una preocupación para Amnistía Internacional sino para toda la población. Porque las afectaciones a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo son una señal de la salud democrática", resaltó.

"Todos los actores tenemos cierta responsabilidad, sobre todos algunos en el debate público, siendo actores claves en la agenda y en el debate político y por lo tanto tienen una responsabilidad en garantizar que los intercambios y las argumentaciones se den en los mejores términos" afirmó Lucía Pérez Chabaneau consultada por Portal APU.uy sobre los comentarios estigmatizantes por parte de connotadas figuras públicas hacia el ejercicio periodístico de distintos comunicadores a nivel nacional.

En este sentido la directora ejecutiva del capítulo Uruguay de Amnistía Internacional reconoció a Portal APU.uy que "sin duda hay una preocupación cuando éstos se separan de los parámetros que permitan garantizar que todas las voces puedan ser escuchadas y sobre todo en el caso del ejercicio del periodismo",

Suma y sigue

Un raconto somero de las situaciones vividas por comunicadores, tanto de Montevideo como del Interior del país da cuenta de un estado de deterioro en la forma en cómo se percibe el trabajo periodístico y, por sobre todo, cómo se lo protege frente a estos avasallamientos de diverso calibre, intencionalidad y consecuencia.

El pasado martes 8 de noviembre, un periodista fue citado a la Fiscalía a consecuencia de la publicación de materiales de interés público, filtrados desde una reunión secreta del Parlamento. El intento de judicialización de su labor ha sido señalado como "una situación delicada" por parte del ex relator para libertad de expresión de la CIDH, el abogado Edinson Lanza.

Lanza ha señalado que "la Fiscalía debe incorporar estándares de protección de la libertad de expresión" en referencia al caso del periodista Eduardo Preve, director de informativos de TV Ciudad, la televisora pública del gobierno de la capital del país; en manos de la oposición al gobierno nacional.

Al caso del periodista Preve, se le suman otras situaciones vividas por comunicadores como Gabriel Pereyra, Alfonso Lessa, Silvia Techera o Yaniré Tafura; para mencionar sólo algunos casos que han ganado notoriedad nacional.

En octubre, datos de una investigación, realizada por la periodista Yaniré Tafura sobre posibles irregularidades en casamientos llevados adelante por una persona que no revestía la autoridad para hacerlo en la localidad de Sarandí del Yi (222.9 km al norte de Montevideo) le costó que su programa dejara de ser retransmitido en la radio local, luego que el Alcalde Carlos Luberriaga cuestionara públicamente la idoneidad profesional de Tafura y señalara intencionalidades políticas en su investigación.

Debido a la notoriedad que ganara el caso, tanto a nivel local como nacional, el primer viernes de noviembre se votó la conformación de una comisión investigadora en el legislativo de Durazno (centro del país) a instancias del edil departamental Jose Rizzo y como resultado de la investigación periodística dirigida por Tafura. 

En el mes de septiembre, el periodista y conductor del programa televisivo "En la mira", Gabriel Pereyra daba cuenta desde su cuenta Twitter que "el tercer jefe del Servicio de Inteligencia policial ordenó tareas de vigilancia y seguimiento sobre mi persona".

Sobre el particular Cainfo expresó que "la vigilancia a un periodista afecta su derecho a buscar y difundir información, por lo que constituye una amenaza a la libertad de expresión. Además, tiene un efecto inhibitorio sobre los demás periodistas y afecta la calidad de la información que llega a la población sobre temas de notorio interés público".

Por su parte, una persecución cinematográfica, sufrió el pasado mes de agosto el periodista Alfonso Lessa, quien viajaba junto a su esposa en su auto particular rumbo a Punta del Este; cuando en un momento determinado comenzó a ser seguido y hostigado por un vehículo durante varios kilómetros en la ruta interbalnearia (sur este del país) a la altura del Peaje Solís.

Lessa relaciona este hecho con una investigación de un sonado caso del año 2009, que se conociera como "Caso Feldman". En octubre de 2009 la policía encontró un arsenal en una vivienda del barrio Aires Puros, que luego se corroboró que pertenecía al contador Saul Feldman. 

Feldman resultó abatido en una vivienda que ocupaba en Solymar (departamento de Canelones) luego de atrincherarse por varios minutos ante la llegada de la policía, según un reporte de el diario El País 

El caso recobró notoriedad al conocerse que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) incluyera este tema en su más reciente Asamblea General (la N° 78) realizada entre el 27 y el 30 de octubre de este año en Madrid, España.

La SIP indicó que "recibió una denuncia del reconocido periodista, escritor y docente Alfonso Lessa, quien realiza trabajos investigativos a raíz de los cuales ha recibido amenazas por diversas vías".

La citada institución subrayó que "este tipo de advertencias físicas y directas no son habituales en el país, por lo cual provoca una especial preocupación para la SIP."

En otro caso, el pasado mes de julio la periodista Silvia Techera, ex presidenta de la Asociación de la prensa uruguaya, recibió amenazas de muerte mediante mensajes directos en sus redes sociales, luego que publicara datos de personas vinculadas al crímen organizado en Cerro Largo (este del país).

Techera formuló denuncia sobre el particular y las autoridades activaron mecanismos de protección hacia la periodista y su trabajo en territorio, lo cual determinó que sus movimientos fueran acompañados por efectivos policiales.

Río revuelto

Esta sumatoria de eventos se presentan en un contexto donde las denuncias de corrupción, irregularidades y señalamientos a líderes del gobierno se han vuelto recurrentes en el país. 

Uruguay ha estado en las portadas de los medios por temas vinculados a entrega de pasaportes a narcotraficantes, arresto e investigación al jefe de la custodia presidencial, entre otros temas que han derivado incluso en comparecencia de Ministros y otros funcionarios del gobierno al Parlamento a brindar explicaciones.

Más recientemente, Jorge Bermúdez - secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud - "opinó que los recientes hechos de corrupción que tuvieron lugar en Uruguay, como el caso que protagonizó el exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano, ameritan un juicio político al presidente de la República, Luis Lacalle Pou"; según reseña Caras & Caretas