El pasado 15 de Julio se anunció por parte del Ministerio del Interior (MI) la conformación de un Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, así como de un Grupo Multidisciplinario Técnico y Científico Honorario (un "GACH" de seguridad). Para comprender más a fondo entrevistamos a Rafael Paternain. Sociólogo, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS-Udelar)
“La conformación inicial de ese consejo (el de Política criminal y penitenciaria), está muy limitada, muy circunscripta a los poderes tradicionales de las instituciones del sistema penal, refleja la concepción de la seguridad, en términos de los aparatos represivos. Uno imaginaría que un consejo de esa naturaleza, podría llegar a tener un anclaje mayor, en términos de organizaciones sociales, de otros actores, de otra conformación de lógica de gabinete".
Paternain aclaró que suele tener una "opinión más bien escéptica" sobre este tipo de iniciativas ya que la política criminal la fijan los poderes ejecutivos, la misma escapa de la orbita de los especialistas y técnicos. Existe un recorrido consistente de política criminal "en el Uruguay que va desde la Ley de Seguridad Ciudadana (1995) hasta la LUC del año pasado", que mantiene cierta interrupción temporal en el primero gobierno del Frente Amplio, pero que luego vuelve a su cause tradicional.
“La gran ausencia y el gran vacío es sobre políticas inter-sectoriales e inter-institucionales de prevención de la violencia y el delito, no tenemos programas preventivos fuertes, consolidados, robustos, basados en evidencia, sobre esta ausencia sigue pasando el tiempo y seguimos sin dar respuestas políticas adecuadas”.
Argumentó que estamos viviendo en un contexto de aparente éxito de la política de seguridad, por la reducción de algunos índices o tasas, pero sostuvo que "los nudos del delito tienen la misma intensidad y los problemas institucionales tienen también la misma intensidad", lo que hace falta es un debate más amplio sobre los componentes de la política de seguridad. Paternain explica, que la criminología conservadora se ha concentrado en lo que es el "control, la disuasión y el castigo ante el delito" lo cual no es una política radical de prevención de la violencia, ni el delito.
Defendió que los "espacios de autonomía, y de autonomía técnica tienen la obligación fundamentalmente de producir recomendaciones interpelantes, no necesariamente las que el poder político pueda anhelar o desear para justificar sus decisiones”, en ese sentido le resulta auspicioso que integrantes del grupo asesor como Martha Valfre (abogada y psicóloga) y Nicolás Trajtenberg (Criminólogo) reconozcan que la tarea es "compleja y costosa", que "no son ni magos ni super héroes", y que valoren positivamente a la "justicia restaurativa" (declaraciones volcadas al programa "En Perspectiva" de Radiomundo).
Por último detalló que:
“La justicia restaurativa es una suerte de paradigma alternativo, que ya hace muchas décadas que se maneja, como alternativa y como control también de un modelo de justicia más orientado a lo punitivo, al castigo, a la sanción retroactiva de un hecho cometido, y la justicia restaurativa es un paradigma que piensa mucho más en recanalizar el conflicto, en darle participación a las partes que están detrás del conflicto penal, y pensar en alguna forma de restaurar el daño, de generar vínculos de acuerdo, de mediaciones entre las partes asociadas al conflicto. Hay muchas vertientes, puede ser más un complemento de las modalidades de la justicia penal, o puede ser también una modalidad completamente diferente, que suponen involucramiento, participación, arrepentimiento, acuerdos entre las partes, todo un engranaje, que está mucho menos pensado para sancionar hechos del pasado sino más bien para generar condiciones a futuro, que estén menos asentadas en el sufrimiento, en el dolor que supone la existencia del delito."