La Justicia dispuso 180 días de prisión preventiva para el exsenador Gustavo Penadés, mientras que ratificó la libertad anticipada con tobillera electrónica para el profesor Sebastián Mauvezin. La fiscalía y los abogados de las víctimas apelarán la resolución, mientras el tribunal fijó una nueva audiencia clave para el próximo 13 de octubre a las 14:30 hs.
En una nueva audiencia judicial por el caso Penadés, la Justicia penal resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva de forma efectiva por un plazo de 180 días para el exsenador Gustavo Penadés, quien se encuentra imputado por múltiples delitos relacionados con la explotación sexual de menores, abuso sexual y violación. En la misma audiencia, la magistrada del caso ratificó la libertad anticipada para el profesor de historia Sebastián Mauvezin, señalado por la investigación como un presunto intermediario clave en la trama de captación de las víctimas. Mauvezin permanecerá fuera del centro penitenciario bajo un régimen estricto de vigilancia que incluye el uso obligatorio de tobillera electrónica, prohibición absoluta de comunicación y acercamiento a las víctimas, además de severas restricciones de movilidad cotidiana.
La decisión vinculada a Mauvezin desencadenó un tenso y prolongado debate jurídico dentro de la sala de audiencias. Durante la sesión, la fiscal asignada a la causa presentó un recurso de reposición formal, argumentando de manera vehemente que la excarcelación del docente supone un riesgo procesal directo para el desarrollo de las diligencias pendientes, la recolección de evidencia y la protección integral de las víctimas. No obstante, tras un desglose pormenorizado de los elementos probatorios agregados al expediente y una rigurosa evaluación de las garantías procesales, la jueza optó por fundamentar extensamente su fallo y sostener la medida adoptada, ratificando la libertad supervisada técnica.
La decisión judicial no tardó en generar una rápida y categórica reacción por parte de las representaciones querellantes. Tanto los fiscales del Ministerio Público como el equipo de abogados defensores de las víctimas confirmaron que apelarán formalmente la resolución ante un Tribunal de Apelaciones en los próximos días. El objetivo central de la apelación será revertir el beneficio concedido al profesor y solicitar su reingreso inmediato a la cárcel, al considerar que la extrema gravedad de las imputaciones exige la contención cautelar más severa disponible en el ordenamiento legal.
La sede judicial fijó la fecha de la próxima audiencia formal para el próximo 13 de octubre a las 14:30 horas, oportunidad en la cual las partes expondrán sus argumentos sobre los avances del caso y la revisión de la situación de los imputados.
