Este sábado 13 de diciembre, a las 10:30 horas, se inaugurará oficialmente el Sitio de Memoria 300 Carlos / Infierno Grande en el Galpón 4 del Servicio de Materiales y Armamento del Ejército (SMA), ubicado en Av. Instrucciones 1925 esquina Casavalle.

A 50 años de la Operación Morgan, Uruguay se reconoce oficialmente uno de los principales centros clandestinos de desaparición forzada y tortura de la dictadura. Rodolfo Porley, periodista, sobreviviente de este centro y referente del movimiento por Memoria, Verdad y Justicia, reflexiona sobre el significado histórico y político de este acto.

¿Qué significa la inauguración de este Sitio de Memoria a 50 años de la Operación Morgan?

Para nosotros (quienes integramos el movimiento del Sitio y, especialmente, quienes fuimos víctimas directas de desaparición forzada) esta inauguración tiene un enorme peso histórico. La dictadura institucionalizó un método represivo completamente distinto al que se había visto antes en el país. Existían detenciones políticas y torturas previas, sí, pero estaban más acotadas y con cierto control institucional.

A partir de 1973 y particularmente desde noviembre de 1975, con la Operación Morgan, se instala un sistema masivo, sistemático y clandestino de desapariciones, torturas colectivas y muertes. Este centro (el mayor de todos) concentró prácticas que marcaron profundamente la historia reciente del país. Más de 600 prisioneros políticos pasamos por allí. En mi caso, casi cinco meses de desaparición forzada.

Por eso, inaugurar este Sitio de Memoria después de medio siglo es crucial: significa nombrar lo ocurrido, señalar el lugar, abrirlo a la sociedad y restituir la historia que aquí se quiso borrar.

¿Qué representa el reconocimiento oficial de este espacio como centro clandestino de detención, tortura y muerte?

Es un acto de justicia largamente esperado. La sociedad civil viene trabajando desde hace diez años y la ley de Sitios de Memoria, aprobada hace seis años, nos dio un marco clave para avanzar. Pero faltaba el reconocimiento institucional explícito.

Hasta hoy no había ninguna señalización del Galpón 4. Teníamos visitas autorizadas, sí, pero en un entorno militar, acompañados permanentemente por personal del Ejército y sin una aceptación pública del carácter represivo del lugar. Era un recorrido cargado de tensión.

Esta inauguración marca un antes y un después: por primera vez una autoridad del gobierno (la ministra de Defensa, Sandra Lazo) asistirá al predio, reconociendo oficialmente que aquí funcionó un centro de desapariciones forzadas, torturas masivas y ocho muertes documentadas.

Ese reconocimiento abre una puerta hacia la verdad plena.

¿Cómo puede contribuir este Sitio a la memoria colectiva y la defensa de los derechos humanos?

Los Sitios de Memoria son herramientas poderosas. No hay texto, documento o informe que pueda reemplazar la experiencia de recorrer físicamente estos lugares, entender la dimensión territorial del terrorismo de Estado y cómo operó dentro de la propia institucionalidad pública.

En este caso, el Galpón 4 funcionó dentro de un enorme complejo militar, similar (en menor escala) al Campo de Mayo en Argentina. Para llegar al lugar del acto caminamos entre 500 y 600 metros dentro de unidades militares aún activas. Esa vivencia impacta profundamente. Permite ver que el terrorismo de Estado no fue algo externo: sucedió dentro mismo de las estructuras del Estado.

Este Sitio permitirá conocer, estudiar, debatir y comprender. Y, sobre todo, impedirá que la negación avance.

¿Qué emociones le despierta volver a este lugar?

Es imposible no sentirlo como un verdadero infierno. Usted lo dijo bien: eso era. Los autores de estos crímenes sabían exactamente lo que estaban haciendo. Cuando uno lee a Dante Alighieri en La Divina Comedia, encuentra descripciones que parecen calcadas de lo vivido aquí.

Yo estuve desaparecido 149 días en este galpón y luego continué en otras unidades hasta completar 320 días sin comunicación con mi familia ni con abogados. Fui periodista del diario El Popular, militante, y como tantos otros recurrimos a la prensa clandestina cuando la dictadura cerró todas las vías legales. Esa actividad llevó a muchos compañeros a la prisión, la tortura y la desaparición forzada.

Volver a este lugar, ver sus dimensiones, su estructura y recordar a quienes murieron aquí, es revivir un dolor enorme. Pero también es una oportunidad para transformar ese dolor en memoria activa.

¿Cómo valora el rol de las organizaciones sociales y de los sobrevivientes para lograr este reconocimiento?

Ha sido un proceso durísimo. Durante años trabajamos con la ley como respaldo, pero sin reconocimiento del gobierno. Organizamos las visitas mensuales, abiertas al público, con inscripción previa, acompañados siempre por custodia militar. Sin señalización, sin contexto institucional, sin duelo posible.

Lo que vemos ahora (la colocación de la primera placa y la presencia de la ministra Lazo) es resultado de un esfuerzo persistente de organizaciones sociales, sobrevivientes, familiares y colectivos de derechos humanos. Ha sido un sufrimiento prolongado, pero imprescindible para avanzar.

¿Cuál fue el mayor desafío para concretar esta inauguración?

La falta de reconocimiento estatal. Durante años realizamos recorridas sin un marco institucional claro. La ley nos habilitaba, pero el territorio seguía siendo estrictamente militar. Realizar memoria en un espacio donde la actividad castrense continúa, donde hay presencia permanente de personal militar, no es sencillo.

El acto de este sábado constituye el primer paso institucional firme: el Estado diciendo “sí, aquí ocurrió esto”.

¿Qué mensaje considera fundamental destacar de este reconocimiento?

Que la memoria es un derecho. Que la tortura es un delito imprescriptible y que los Estados son responsables de investigar, esclarecer y reparar, incluso décadas después.

Y que la sociedad tiene derecho a saber toda la verdad, sin medias tintas ni ocultamientos.

¿Qué espera que comprendan las nuevas generaciones cuando visiten este Sitio de Memoria?

Ese quizá sea el objetivo más importante.

Las generaciones posteriores a la dictadura no han recibido, desde el sistema educativo, la información completa y rigurosa que deberían. Es responsabilidad de la sociedad y del Estado asegurar que se sepa lo que ocurrió: cómo se secuestraba, cómo se torturaba, cómo se desaparecía.

Y también comprender algo esencial: que el derecho a informarse: leer un diario, escuchar radio, ver televisión, buscar información en un celular,  fue un derecho humano absolutamente suprimido en Uruguay. Informar y ser informado era peligroso. Por eso tantos periodistas, impresores y distribuidores terminaron perseguidos, presos o desaparecidos.

A los jóvenes les diría: apropiense de la verdad, reclamen textos, contenidos, investiguen, visiten los sitios. Pregunten quiénes hicieron esto, qué responsabilidades hubo y qué falta esclarecer.

Porque sin memoria, no hay justicia; y sin justicia, no hay democracia plena.