En el marco del juicio por las torturas perpetradas en San Javier en 1980 y 1984, el juez de Fray Bentos de primer turno, Claudio de León, realizó un extenso pronunciamiento en el que pidió disculpas a las víctimas y a sus familiares en representación del Estado uruguayo. El magistrado subrayó que la sentencia reconoce la responsabilidad estatal en graves violaciones a los derechos humanos y se inscribe en el deber de investigar, sancionar y reparar establecido por el sistema interamericano.

De León afirmó que las personas detenidas durante los operativos fueron víctimas de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, que incluyó detenciones arbitrarias, privaciones de libertad agravadas y torturas como plantones, submarino y picana eléctrica. “Estos actos atentaron contra la dignidad humana, un valor anterior al Estado que jamás debió ser transgredido”, expresó al calificar los hechos como crímenes de lesa humanidad.

El juez también recordó que algunas de las víctimas fueron sometidas a una justicia militar carente de imparcialidad e independencia, y condenadas únicamente a partir de confesiones obtenidas bajo tormento. En ese sentido, sostuvo que el reconocimiento público busca contribuir a la reparación integral, a la verdad fáctica y a la restitución de la dignidad de quienes sufrieron la represión.

Finalmente, exhortó a todos los poderes del Estado a comprometerse activamente para evitar que hechos como los juzgados vuelvan a repetirse. Señaló que la finalidad última del fallo y del pedido de disculpas es garantizar la no repetición, prevenir futuras violaciones a los derechos humanos y asegurar que las atrocidades cometidas por agentes estatales no vuelvan a ocurrir en el país.