El presidente Yamandú Orsi anunció este miércoles la rescisión del contrato con el astillero Cardama por “incumplimientos contractuales graves” vinculados a la inexistencia de garantías exigidas para la entrada en vigor del acuerdo. “Vamos a hablar de seguridad nacional y del interés general de la nación”, afirmó el mandatario, al subrayar que las garantías eran un elemento sustancial del contrato y que la empresa admitió que la garantía de fiel cumplimiento “era inexistente”.

Orsi explicó que, además de esa irregularidad, se constató que la garantía de reembolso presentada tampoco cumplía con lo establecido contractualmente. “En las dos garantías que para nosotros son elemento sustancial para que el contrato entre en vigor, hubo incumplimientos”, señaló, y agregó que, tras otorgar a la empresa la oportunidad de regularizar la situación, el Ejecutivo resolvió rescindir el contrato, iniciar acciones por daños y perjuicios, recuperar el patrimonio estatal y determinar eventuales responsabilidades.

Por su parte, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, precisó que el contrato es de suministro y se rige por la jurisdicción nacional. “Acá no hay arbitrajes internacionales porque no estamos ante un inversor, sino ante un proveedor”, aclaró. Díaz detalló que la documentación presentada como garantía de fiel cumplimiento era falsa y que la garantía de reembolso tampoco se ajusta a lo pactado. “Hoy no tenemos garantías válidas, y eso configura incumplimientos graves que habilitan la rescisión”, sostuvo.

Finalmente, Díaz remarcó que el Estado uruguayo iniciará juicio para reclamar daños y perjuicios. “Que quede claro: el Estado uruguayo le va a hacer juicio para recuperar lo que se ha afectado del patrimonio público”, afirmó, en referencia a las acciones judiciales que comenzarán tras la decisión adoptada por el Consejo de Ministros.