El jueves 4 de diciembre, una delegación de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), integrada por Rody Olivera, presidente del sindicato, y Alicia Ortega, presidenta del Sector Prensa, viajó a la ciudad de Minas (Lavalleja) para mantener una serie de reuniones con todas las partes involucradas en la agresión sufrida por el comunicador Román Nappa. El objetivo fue reconstruir los hechos, obtener versiones completas y evaluar las garantías para el ejercicio periodístico en el departamento.

La primera instancia tuvo lugar con Román Nappa y su abogada Claudia Lete, quienes detallaron el proceso de denuncias previas, así como dificultades para acceder a documentación oficial. Lete explicó que sobre Nappa existen dos denuncias por violencia de género actualmente abiertas, con citaciones cruzadas entre la Unidad de Violencia Doméstica y Delitos Complejos. La abogada señaló que Nappa no tenía antecedentes de conflictos personales y que todos los episodios que derivaron en denuncias y en la posterior agresión ocurrieron en un lapso muy breve. Según su relato, una de estas denuncias surgió luego de que Nappa entrevistara en su programa radial a un hombre con un proceso abierto por violencia doméstica —quien pocos días después fue procesado y condenado— para que expusiera su versión del caso.

Tras esa emisión, la víctima del entrevistado envió un mensaje a la radio solicitando que no se utilizara su historia, comunicación que Nappa interpretó erróneamente como un pedido de derecho a réplica y que respondió al aire mencionando el nombre de la mujer, hecho que motivó la denuncia por violencia de género contra Nappa. La segunda denuncia provino de una oficial de policía, luego de que Nappa mencionara en otro programa la inicial de su apellido en relación con otro caso. Tanto Nappa como Lete sostenían que la agresión física sufrida días después podría estar vinculada a estas denuncias previas; sin embargo, esta hipótesis quedó descartada posteriormente, cuando en la reunión mantenida con la Jefatura de Policía se confirmó que no existía vínculo alguno entre las denunciantes y los agresores, según estableció la investigación policial.

En la segunda reunión, mantenida con el Jefe de Policía de Lavalleja, Crio. Gral. Alfredo Rodríguez, el Comisario Mayor Alejandro Carrera y el responsable de prensa Adrián Cano, las autoridades confirmaron que los agresores fueron identificados y que no tienen ningún vínculo con las dos denuncias por violencia de género que pesan sobre Nappa. La Jefatura informó —según el comunicado oficial entregado a la delegación— que la agresión no estuvo relacionada con su labor periodística ni con comentarios realizados en su programa radial, sino con un conflicto laboral vinculado a una empresa de limpieza y mantenimiento de espacios verdes dirigida por el comunicador. Los agresores, detallaron, serían familiares de una trabajadora que presuntamente habría sido víctima de malos tratos laborales, y actuaron en represalia por ese motivo. Esta línea de investigación es la misma que manejó la Fiscalía, de acuerdo con lo informado a APU.

Las autoridades detallaron que, cumplidas las instancias ante la sede judicial, la investigación fue formalizada contra A.D.N.E., de 48 años, y J.R.A.B., de 25 años, en calidad de presunto autor y coautor de un delito de lesiones personales. La magistrada dispuso para ambos medidas cautelares por 180 días: en el caso del padre, fijación de domicilio y prohibición de salir del país; y para el hijo, arresto domiciliario total, además de la prohibición de comunicación o acercamiento hacia la víctima por cualquier medio. La Unidad Investigativa de Seccional 1.ª concluyó que la agresión no tuvo relación alguna con el trabajo mediático de Nappa ni con su rol como funcionario municipal, sino exclusivamente con el conflicto laboral antes mencionado.

La tercera instancia fue con la Secretaria General de la Intendencia de Lavalleja, Arianna Bentos, una reunión dedicada a analizar el impacto del caso en la comunidad y la necesidad de que los comunicadores ejerzan su labor con responsabilidad, transparencia y respeto al Código de Ética. La jerarca destacó la importancia de evitar interpretaciones erróneas y de comunicar a la ciudadanía información sólida, verificable y contextualizada.

Tras completar todas las entrevistas, APU concluyó que la agresión física sufrida por Román Nappa no estuvo motivada por su actividad periodística, sino que respondió a un conflicto de índole privada, ajeno a cualquier intento de amedrentar o censurar su labor profesional. La organización reafirmó que continuará trabajando para garantizar que no exista vulneración alguna al ejercicio de la prensa ni a los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la comunicación, especialmente en situaciones donde pudiera verse comprometida la libertad de expresión y el libre ejercicio de la profesión.