07 de Marzo del 2026
Apuntes del día
Ciudadanía legal y documentación
Gobierno impulsa cambios para garantizar derechos de ciudadanos legales en los pasaportes
Gobierno prepara norma para resolver el problema de los pasaportes de ciudadanos legales
Díaz: el gobierno prepara solución para el problema de pasaportes de ciudadanos legales
Foto GUB.UY

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, afirmó que el gobierno trabaja en una solución normativa para corregir las diferencias existentes entre ciudadanos legales y naturales en la emisión de pasaportes. Según indicó, unas 15.000 o 16.000 personas se encuentran actualmente afectadas por esta situación.

En una entrevista con Canal 5, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, reconoció que el país enfrenta un problema vinculado a los pasaportes de ciudadanos legales y aseguró que el gobierno trabaja en una solución. “Tenemos un problema con los pasaportes vinculados a los ciudadanos legales, que es un problema que se generó y que hay que resolver”, señaló.

Díaz explicó que en Presidencia se conformó un grupo de trabajo que busca elaborar una norma que elimine las diferencias existentes en el documento entre ciudadanos legales y ciudadanos naturales. “Estamos avanzando a paso firme, pero seguro, para presentar a la brevedad posible un proyecto que resuelva este problema”, sostuvo.

Según el jerarca, entre 15.000 y 16.000 personas se encuentran actualmente en esta situación. “Entendemos que es justo resolverlo y que es necesario hacerlo”, afirmó, al tiempo que subrayó que la solución deberá ajustarse a la Constitución y a la legislación vigente.

El tema ha sido objeto de seguimiento por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), que ha trabajado junto a organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales como Acnur y la OIM. En informes presentados en 2025, la institución recomendó modificar la información consignada en el campo “nacionalidad” de los pasaportes para garantizar la libertad de movimiento de las personas con ciudadanía legal en Uruguay y adecuar la normativa a los estándares internacionales de derechos humanos.