Luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela se ha recrudecido la persecución a activistas de derechos humanos, dirigentes políticos, líderes comunitarios y periodistas.
Al momento, por lo menos cuatro trabajadores de la comunicación han sido condenados por juzgados especializados en terrorismo; mientras que otro importante grupo de periodistas y trabajadores de medios de comunicación tradicionales y digitales de distintos estados del país han sido detenidos, hostigados y han visto a sus medios de comunicación censurados o intervenidos.
De acuerdo a lo reportado por el Foro Penal, hasta el pasado jueves 15 de agosto se registraron 1406 arrestos, de los cuales 117 son adolescentes, 17 personas con discapacidad y 185 mujeres. Las personas liberadas suman 55.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) rechazó, en comunicado público, el “incremento de la censura postelectoral en Venezuela”, al tiempo que informó que “desde las protestas postelectorales se han producido 88 casos de violaciones a la libertad de expresión, que van desde detenciones de ciudadanos, periodistas, trabajadores de los medios, expulsión de periodistas y bloqueo de medios acentuando aún más la censura en los medios de comunicación”.
En este contexto, el CNP sostuvo que en las últimas semanas se ha desatado una “escalada brutal y sistemática represión” contra los periodistas, reporteros gráficos y fotógrafos, así como contra todo ciudadano que “se atreva a disentir de la narrativa oficial en cuanto a los resultados de las elecciones”.
Rechazo al hostigamiento a periodistas
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó el pasado 14 de agosto la imputación de este delito y condenó el aumento de las detenciones arbitrarias, censura y bloqueos contra la prensa en la nación caribeña.
Hay que recordar que Nicolás Maduro denunció públicamente que sobre el país se había desatado un ataque indiscriminado desde las redes sociales y plataformas digitales desde diversos países de Europa y América Latina, ordenando que se desinstalaran aplicaciones de mensajería y bloqueando la red social X por un lapso de 10 días; todo lo cual ha incrementado el cerco comunicacional hacia periodistas, medios, plataformas digitales y la comunidad en general que ha recurrido al uso de VPNs para lograr superar las trabas tecnológicas impuestas por Miraflores.
Esta semana la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y la Relatoría Especial para la Libertad Expresión (RELE) condenaron lo que consideran “prácticas de terrorismo de estado en Venezuela”.
En un informe publicado el pasado jueves dan cuenta que “la RELE ha recibido información sobre la escalada represiva y los ataques sistemáticos dirigidos contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que difunden información de interés público de especial trascendencia en el contexto poselectoral. Desde el 28 de julio, se han registrado aproximadamente 108 casos de vulneraciones a la libertad de expresión, que incluyen la detención arbitraria de periodistas y trabajadores de la prensa bajo acusaciones infundadas de "instigación al odio" y "terrorismo", anulación de pasaportes, el cierre de medios, la confiscación de equipos y la deportación de personal de prensa internacional”.
En el punto 10 de sus recomendaciones, solicitan al Estado venezolano a “suspender todas las estrategias de persecución digital y aquellas que emplean tecnologías para intimidar o silenciar a la población, en particular, personas defensoras de derechos humanos, disidentes, opositores políticos, testigos electorales, periodistas y medios de comunicación”
Alternativas a la represión
Como alternativa al señalamiento, hostigamiento, persecución y judicialización de la labor comunicacional, un grupo compuesto por decenas de periodistas y varios medios analógicos y digitales han apelado a la inteligencia artificial para quebrar la censura y garantizar la seguridad al momento de informar.
La propuesta consiste en la creación de avatares generados mediante IA. Bautizados como “la Chama” y “el Pana” relatan los sucesos más relevantes del acontecer venezolano de manera de no exponer a los organismos de seguridad venezolano a periodistas que puedan ser identificados y arrestados bajo el paraguas de la “ley contra el odio” vigente en el país.
El proyecto se ha denominado como “Operación Retuit” y su principal objetivo es “proteger a los periodistas, informar y que el valioso material periodístico independiente llegue a la mayor cantidad de audiencia posible a través de sus replicadores nacionales e internacionales”, comentaron sus impulsores al portal argentino INFOBAE.
Un miedo de larga data
La preocupación por la calidad de la posibilidad de desarrollar la labor periodística de manera segura y garantizada por el Estado como lo mandatan los estándares internacionales no es nueva en Venezuela.
En febrero de este año, la experimentada periodista Mary Pili Hernández, ex presidente del canal estatal VTV durante los primeros años de Hugo Chávez, comentó en sus redes sociales que luego de “40 años trabajando en los medios de comunicación y nunca antes había tenido temor de expresarme. Pero que quede claro: el silencio es por miedo, no por falta de indignación o de vergüenza ante los hechos”.
