La Ley de Urgente Consideración (LUC) cambió algunas pautas de comportamiento policial y los Defensores de Oficio han detectado situaciones preocupantes que afectan a la población más vulnerable. Además, la Asociación de los Defensores de Oficio del Uruguay (ADEPU) se muestra preocupada por los escasos recursos con que cuenta.
Los Defensores advierten el uso desmedido de la fuerza en operativos policiales, la constatación de presiones psicológicas llegando incluso a recurrir a las agresiones física, la realización de allanamientos sin una orden judicial que ampare dicho procedimiento así como también controles abusivos de identidad.
Esta realidad ameritó que la Asociación de los Defensores de Oficio del Uruguay (ADEPU), presentara una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia donde, justamente, advierten acerca de abusos policiales.
El Portal APU.uy conversó al respecto con el Presidente de ADEPU, el Dr. Joaquín Gamba que comentó que esta asociación llevó a cabo un relevamiento. Del mismo surge que si bien estas situaciones se registran en todo el país, se ha detectado un aumento de casos irregulares en los departamentos del interior. Menciona por ejemplo un incremento inusitado de la violencia en los allanamientos, pero también afirma que muchas veces es casi imposible obtener la prueba de estas ilegalidades.
Por otra parte tras la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) autorizó un plazo de cuatro horas para indagar un hecho antes de reportarlo a la Fiscalía, cuando anteriormente esa comunicación debía ser inmediata. Y es, precisamente en ese lapso, cuando se cometen las mayores irregularidades.
También conspira con la posibilidad de un tratamiento adecuado de la población, los escasos recursos humanos y tecnológicos con que cuentan los Defensores de Oficio.
Una solución deseable, expresa Gamba, es que la policía utilice las cámaras GoPro que fueron adquiridas para este tipo de procedimientos y de esa forma brindar garantías a todas las partes. “Noentendemos por qué no se usan”, comentó. Gamba explica que han trasladado estas preocupaciones a la Suprema Corte de Justicia, organismo administrativo superior que efectivamente informó de esta realidad, tanto al Ministerio del Interior como a otros organismos involucrados.
"El trato brindado por algunos de los funcionarios a estos internos (que aún son inocentes) no sería, en muchos casos el más adecuado”.
Las cifras oficiales brindadas hace pocos días por parte del Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dan cuenta de un incremento en las formalizaciones y en las personas privadas de libertad. Sin embargo, como correlato inevitable también se registra una superpoblación carcelaria que se ha expresado recientemente en alguno de los centros de reclusión en demanda de situaciones de hacinamiento extremo, falta de acceso al agua potable, con deficiente alimentación y abrigo y sin posibilidad de visitas familiares.
Además la situación se ve insólitamente agravada en aquellas personas que cumplen prisión preventiva y que deberían tener mejores condiciones de reclusión, sin embargo es frecuente que estas personas prefieran llegar a un acuerdo más desventajoso, con tal de no estar “en la preventiva”. Por citar sólo un ejemplo, el Comisionado Parlamentario, Juan Miguel Petit, advertía, en mayo del 2018, una situación de estas características en la unidad Nº 19 Cañitas en el departamento de Río Negro. En efecto, en una nota enviada al Director del INR, Gonzalo Larrosa, exponía lo siguiente:
“Debido a las dificultades que se han presentado en algunas unidades para adecuar sus instalaciones a la normativa prevista en el Código del Proceso Penal que comenzó a regir el 1º de noviembre pasado, se ha alojado a muchas personas privadas de libertad en espacios que serían muy inadecuados y pasando 15 o 20 días sin salir al patio o que lo hagan una sola vez por un lapso de media hora debido a la imposibilidad de juntarse con otros internos. Agravando más esta situación, las visitas para los internos que están en preventiva sólo están permitidaslos días miércoles, no pudiendo realizarse los fines de semana. (…) Por otra parte, el trato brindado por algunos de los funcionarios a estos internos (que aún son inocentes) no sería, en muchos casos el más adecuado”.
Al día de hoy no hay un cambio previsto ya que la Rendición de Cuentas no contempla un mayor presupuesto que permita modificar la realidad que describen los Defensores de Oficio y que deja planteado un panorame preocupante y de gran incertidumbre.
