El miércoles declaró justamente la esposa de González, Elena Zaffaroni, también lo hicieron el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, y el abogado especializado en Derechos Humanos Pablo Chargoñia. En tanto el jueves presentaron sus alegatos finales los denunciantes y el Estado Uruguayo.

Zaffaroni se refirió a la complicidad existente entre el poder militar y el poder político por lo que reclamó dejar de lado de forma definitiva al terrorismo de Estado y con él los crímenes de la desaparición.

“Hemos seguido desparramando la impunidad de ese delito a toda la sociedad, los militares que cometieron ese delito fueron previamente ascendidos por la democracia”, recordó Zaffaroni. Afirmó también que el Estado debe ocuparse de los desaparecidos   “como si buscara a sus hijos, con la misma desesperación que los buscaron sus madres”. “La reparación tiene que ver con lo que pasó, no es simplemente dar un dinero, la reparación es que esto no vuelva a pasar, y ¿qué es lo que no tiene que volver a pasar, si no sabemos lo que pasó?” se preguntó.

 “Los hallazgos han sido siempre con alguna información militar. En el de Ubagesner [Chávez] es porque los datos estaban en la Fuerza Aérea [...] el de Miranda es porque entregaron un plano exacto de donde estaba, el del maestro [Julio] Castro y el de [Ricardo] Blanco hubo un militar que fue en reiteradas oportunidades al Batallón 14, que fue amenazado e intimidado para que no lo hiciera”, subrayó.

“La Justicia que se ha abierto paso con una lentitud espeluznante, en la que se han muerto madres, en que nuestros hijos han envejecido, a nosotros ya no nos quedan tantos años por delante, mi hijo tiene 46 años y no hemos obtenido ninguna respuesta satisfactoria” dijo Zaffaroni.

El fiscal Ricardo Perciballe se informó en qué etapa se encuentra cada uno de los casos que se  plantean en esta instancia y sobre los archivos de la dictadura sobre los mismos dijo que “uno tiende a pensar que existen y que en algún lugar están. Los servicios de inteligencia funcionaron, funcionan y funcionarán”. Se podría “hacer una solicitud amplia al Ministerio de Defensa [Nacional] o al Ministerio del Interior, pero si no decimos dónde se pueden ubicar es difícil que se busquen” aseguró el fiscal.

Segunda jornada

Este jueves en tanto se llevó a cabo la segunda jornada en la que expuso la representación de las presuntas víctimas. La presentación la hizo Lucía Giudice, profesora de Filosofía de Derecho en la Udelar y especialista en litigio estratégico  y que participó en esta instancia como integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR).

Giúdice dijo en su intervención que “quedó ampliamente demostrado que, aún en el año 2021, sigue siendo un problema algo tan elemental como la calificación jurídica de los más horrendos crímenes”. Y fue aún más categórica al afirmar que a 50 años el Estado Uruguayo promueve la violación de estos derechos “al no ofrecer vías concretas que permitan encaminar procesos judiciales y administrativos, tendientes a obtener la verdad”.

“Es fundamental que los Estados investiguen efectivamente los hechos  pues la La necesidad imperiosa de evitar la repetición de los mismos depende en buena medida de que se evite su impunidad y se satisfaga las expectativas de las víctimas y (de) la sociedad en su conjunto de acceder al conocimiento de la verdad de lo sucedido”, afirmó Giúdice.

Además hizo notas que los familiares peticionarios son víctimas del Estado uruguayo en dos formas: por el terrorismo de Estado en primera instancia pero también “por el ocultamiento, el falseamiento de la verdad, las falsas expectativas, y la falta de investigación efectiva en plena Democracia”.

Posteriormente otro representante de la representación de las víctimas, el abogado Diego Camaño de IELSUR) afirmó que Uruguay “es campeón en la firma de tratado de Derechos Humanos” pero eso “no quiere decir que sea campeón en darles cumplimiento” porque para eso “debe traducirse en una conducta interna del Estado que, en estos casos, no se ha visto”.

Con respecto a la exposición de la representación del Estado que llevó a cabo este jueves Carlos Mata, en la que se refirió a algunos documentos encontrados en los últimos tiempos referidos a la dictadura, el también representante de IELSUR, Martín Fernández dijo que “los archivos no tienen que ser obtenidos, tienen que ser buscados, tienen que ser exigidos, (…) que la presidencia exija a sus subalternos que se le brinde la información necesaria”.

A su turno la primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, y relatora para Uruguay, se refirió a los casos de , con respecto a las ejecuciones de “las muchachas de abril” que la comisión “desea enfatizar la absoluta falta de un enfoque de género en las investigaciones”.
El Estado uruguayo no cumplió con adoptar una perspectiva de género en las investigaciones, pese a los indicios de violencia existentes como es la desnudez y el embarazo de una de las víctimas”.

Y luego de hacer suyas algunas expresiones de Elena Zaffaroni vertidas en la jornada anterior, respecto a la esperanza, dijo que la Comisión resalta el carácter reparador que tendrá la sentencia de la Honorable Corte” no solo por los hechos del pasado sino para los actuales, para lo cual “el Estado uruguayo debe remover los obstáculos que aún persisten, y adoptar las medidas necesarias para evitar que tales casos queden en la impunidad y las víctimas de tan graves violaciones ocurridas en la dictadura, finalmente puedan obtener verdad, justicia y reparación”.