Mediante un comunicado, el sindicato expresó este sábado como “peligrosa” a esta decisión adoptada desde el gobierno nacional, al tiempo que consideran que “se pretende desmantelar a la empresa pública atentando contra el monopolio que hasta ahora pertenecía a Antel”.

En diálogo con Portal APU.uy, la vocera de SUTEL Florencia Leymonie expresó que esta decisión del gobierno  “afecta directamente la línea de negocios de Antel, ya que no se conoce cuál será el modelo de negocio que se pretende impulsar o desarrollar.

Al tiempo que precisó que “llama la atención que se tomen este tipo de medidas en este momento en el cual este tema aún no está laudado a nivel parlamentario, se actuó por el costado del parlamento por medio de un decreto y nosotros vamos a pedir conocer cuál es la opinión de los otros actores políticos, no sólo de la oposición sino también del gobierno”.

Leymonie ratificó lo expresado por el comunicado emitido por la mesa ejecutiva de Sutel al recordar que “este es un negocio que genera una recaudación cercana a los 400 millones de dólares anuales y que con la incursión de privados en dicho negocio “se compromete el acceso universal de las telecomunicaciones”

Según la sindicalista, en lo que respecta a los pasos a seguir “en principio, el 29 se reunirá el Congreso de delegados para analizar acciones legales luego que el Poder Ejecutivo otorgara licencias a Nuevo Siglo, TCC, Monte Cable, Praimar y Korfield para vender internet”, ratificó.

Si bien “hay un dictamen de la suprema corte de justicia, entendemos que había otros caminos para recorrer antes de tomar este tipo de decisiones, en un momento donde lo que se está defendiendo es el desarrollo tecnológico que ha logrado el país en todo este tiempo, por lo cual se trata de un tema de soberanía”, resaltó Leymonie.

Por su parte, Edison Lanza; ex relator de Libertad de Expresión de la CIDH y actual responsable de relaciones internacionales y Gobierno Abierto del gobierno de Canelones, destacó sobre el particular que otorgar “licencia de Internet para los medios que ya tienen televisión abierta y cable. Por decreto, sin marco jurídico y acompañado de pago anual de US 1 millón de la propia Antel por contenido a sus próximos competidores” es “muy llamativo y complicado”.

Mientras que como una “mala señal” consideró el director ejecutivo de Observacom, el investigador Gustavo Gómez; quien lamentó que “el gobierno decidió otorgar licencias de Internet a las 3 grandes empresas de cable de Montevideo, sin esperar un cambio legal que abriera esa posibilidad también a los pequeños cableros de Uruguay”

Así las cosas, los trabajadores de las telecomunicaciones sindicalizados en Sutel se declaran “en sesión permanente analizando los pasos a dar para evitar se continúe con estas políticas destructivas impulsadas por esta administración”, resalta la Mesa Ejecutiva en su más reciente comunicado público de este fin de semana.