En un contexto marcado por la creciente sensibilidad social en torno al acceso al agua potable, el MOVUS volvió a instalar en la agenda pública un debate de fondo: la eficacia, transparencia y orientación estratégica de las inversiones en infraestructura hídrica.

A través de un comunicado difundido el pasado sábado 14 de marzo, la organización cuestionó el reciente contrato firmado por la estatal OSE para la construcción de una nueva planta potabilizadora en el área metropolitana.

La iniciativa oficial, presentada como una solución estructural para garantizar el suministro de agua en Montevideo, Canelones y la Costa de Oro, contempla una inversión inicial de 200 millones de dólares y apunta a incrementar en 200.000 metros cúbicos diarios la capacidad de producción.

Sin embargo, el análisis de MOVUS introduce una lectura crítica que tensiona el relato gubernamental y coloca en el centro del debate no solo la viabilidad técnica del proyecto, sino también su legitimidad económica y social.

Un diagnóstico estructural: pérdidas masivas y prioridades erradas

El eje central del cuestionamiento radica en un dato contundente: el sistema metropolitano pierde aproximadamente el 65% del agua potabilizada. En términos prácticos, esto implica que “dos de cada tres litros de agua” no llegan efectivamente a los usuarios finales. Desde esta perspectiva, la organización sostiene que aumentar la producción sin atacar las pérdidas estructurales equivale a profundizar la ineficiencia.

“El sistema no necesita más agua sino menos pérdidas de agua”, señala el comunicado, sintetizando una crítica que combina evidencia técnica con sentido común en la gestión de recursos públicos.

La afirmación no es menor: si se redujeran esas pérdidas a estándares comparables incluso con redes del interior del país, se podrían ahorrar más de 200.000 metros cúbicos diarios, es decir, un volumen equivalente al que la nueva planta pretende agregar.

Este punto introduce un elemento clave en la discusión: la relación entre inversión y eficiencia. En términos de política pública, la crítica de MOVUS apunta a una posible desviación de prioridades, donde se privilegia la expansión de infraestructura antes que la optimización de la existente.

Costos reales y opacidad: el otro foco de tensión

Más allá del cuestionamiento técnico, el comunicado enfatiza un aspecto especialmente sensible en democracias contemporáneas: la transparencia en el uso de recursos públicos. Según MOVUS, el costo real del proyecto podría superar ampliamente los 200 millones de dólares anunciados, alcanzando cifras cercanas a los 700 millones.

El argumento se basa en la estructura de pagos prevista: desembolsos anuales de 40 millones de dólares durante 17 años y medio, lo que comprometería de forma significativa las finanzas de OSE sin que exista, según la organización, un correlato en términos de aumento de ingresos o mejora sustantiva del servicio.

“El costo trascendió, a pesar de que el contrato no ha sido publicado”, advierte el documento, subrayando la falta de acceso público a información clave. En este sentido, MOVUS confirmó haber iniciado un pedido formal de acceso a la información, apelando a los mecanismos institucionales disponibles.

La opacidad en contratos de gran escala no es un tema menor. Desde la perspectiva de la gestión pública, la ausencia de información verificable limita el control ciudadano y debilita los principios de rendición de cuentas, elementos esenciales en cualquier sistema democrático.

Comparaciones internacionales y eficiencia operativa

El comunicado incorpora además un recurso analítico relevante: la comparación internacional. Según los datos presentados, el sistema metropolitano de Uruguay potabiliza más de 600.000 metros cúbicos diarios para abastecer a 1,7 millones de personas, una cifra similar a la que se registra en Madrid para atender a una población de 3,4 millones.

La comparación no solo busca evidenciar ineficiencias, sino también reforzar la idea de que el problema no radica en la disponibilidad de agua, sino en la gestión del recurso. En este sentido, MOVUS plantea que una mejora en los estándares de manejo permitiría no solo reducir pérdidas, sino también incrementar los ingresos de OSE en casi 40 millones de dólares anuales mediante la incorporación de agua actualmente no contabilizada al sistema de facturación.

Derechos humanos, ambiente y gobernanza

Más allá de los aspectos técnicos y financieros, el planteo de MOVUS se inscribe en una concepción más amplia del agua como derecho humano fundamental. Uruguay, que consagró este principio en su Constitución, enfrenta el desafío de traducir ese mandato en políticas públicas coherentes, eficientes y sostenibles.

En este marco, la organización advierte que decisiones como la construcción de la nueva planta pueden comprometer no solo las finanzas públicas, sino también el futuro ambiental del país. La insistencia en extraer agua de la misma fuente, sin resolver las pérdidas del sistema, podría agravar tensiones ecológicas en un contexto regional marcado por la variabilidad climática.

Asimismo, el comunicado denuncia la falta de inversión en programas clave como la Reducción de Agua No Contabilizada (RANC) en Montevideo. “OSE no hace NADA”, afirma el texto con énfasis, señalando la ausencia de políticas activas para abordar pérdidas técnicas y conexiones irregulares.

Una disputa de sentido: inversión vs. gasto

El título del comunicado —“¿Inversión o gasto?”— no es casual. Resume una disputa de sentido que atraviesa buena parte de las políticas públicas contemporáneas: cuándo una obra puede considerarse una inversión estratégica y cuándo, por el contrario, constituye un uso ineficiente de recursos.

Para los integrantes de MOVUS, la respuesta es clara: “No se trata de una inversión, sino más bien de un gasto desproporcionado e injustificado”. La afirmación interpela directamente a las autoridades y abre un espacio de debate que excede el caso puntual, proyectándose sobre el modelo de desarrollo, la planificación estatal y la relación entre infraestructura y derechos.

El desafío de gobernar con evidencia

El comunicado de MOVUS plantea una interpelación directa a la lógica de toma de decisiones en materia de infraestructura hídrica. En un escenario donde los recursos son limitados y las demandas sociales crecientes, la necesidad de priorizar intervenciones basadas en evidencia se vuelve ineludible.

La discusión sobre la nueva planta de OSE no es solo técnica ni financiera: es, en esencia, una discusión sobre el tipo de Estado, de desarrollo y de democracia que se quiere construir. Entre la expansión de obras y la optimización de sistemas existentes, entre la opacidad y la transparencia, entre el gasto y la inversión, se juega una parte sustantiva del futuro de la gestión pública en Uruguay.