El proceso electoral peruano ha sido muy complejo desde el inicio. La segunda ronda electoral del 6 de junio marcó una paridad que muestra a un país dividido y polarizado. La demora en conocer los resultados finales profundizó esa brecha. Sin embargo ahora queda demostrado que la población entiende las razones de esas dilatorias.
La candidata peruana Keiko Fujimori impugnó el resultado de las elecciones de su país y eso impidió que se reconociera la victoria del maestro Pedro Castillo más allá de lo razonables. La candidata identificada con la derecha primero habló de irregularidades y luego transitó por el camino de considerar la existencia de un posible fraude.
Esto no resultaba creíble cuando las delegaciones llegadas desde el exterior y los organismos internacionales no encontraron indicios de tal conducta. Ahora, una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) concluye que la mayoría del electorado de Perú está convencido que Fujimori actuó a sabiendas de su derrota.
Esta actitud ha generado el rechazo de la población que en un 69% desaprueba la conducta de Fujimori, en tanto en las zonas rurales ese descontento alcanza guarismos más contundentes, llegando a un 76%. Esa diferencia no es fortuita, ya que es en el ámbito rural donde Castillo alcanzó los mayores índices de votación.
El periódico local La República publicó una investigación demostrando que en al menos 50 mesas de votación impugnadas, las actas con los resultados fueron validadas por los representantes de su partido, Fuerza Popular, lo que invalida las denuncias.
Por su parte los 35 jurados electorales especiales de Perú no hicieron lugar a los 943 recursos de nulidad presentados por Fuerza Popular y consideraron que todos los recursos fueron improcedentes e infundados.
Laberintos judiciales
Pero hay otra razón de fondo para la actitud de la hija del ex dictador Alberto Fujimori, y es tratar de evadir, o al menos demorar, un veredicto judicial en su contra por el caso Lavajato.
El 22 de junio el juez Víctor Zúñiga declaró improcedente el pedido de detención preventiva contra Fujimori solicitado por el fiscal José Domingo Pérez, quien había solicitado su encarcelamiento por incumplir con la prohibición de reunirse con Miguel Torres y con Lourdes Flores Nano, testigos en ese caso.
El fiscal afirmó que “Keiko Fujimori pretende sustraerse de la justicia. Es desafiante con el proceso. Lo que busca es que le archive el proceso y Miguel Torres y Lourdes Flores están colaborando para que no sea juzgada”.
Efectivamente, de llegar a la presidencia la candidata lograría el archivo de la causa que la involucra en lavado de activos y en dirigir una organización criminal, lo que podría llevarla a la cárcel por al 30 años.
El juez Zúñiga no niega que Fujimori “incumplió con las normas que se le impusieron en abril de 2020”, pero entiende que el fiscal no cumplió con el procedimiento correcto.
Pero como vimos, si bien lo esencial es invisible a los ojos, como siempre nos recuerda El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, lo esencial de la democracia no suele ser invisible a los ojos de la población.
