Desde el Portal APU.uy entrevistamos a Gustavo Gómez, director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Comunicación, Medios y Convergencia (Observacom), a Martin Prats abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) y docente de la Facultad de Información y Comunicación (FIC); ambos coincidieron en que la ley representa retrocesos y quita garantías.
Argumentan que la Ley N°19.307 de Servicios de Comunicación Audiovisuales (LCSA) aprobada en 2015 parte de un enfoque de DDHH, lo que implica brindar garantías a sectores vulnerables de la población, así como regular de manera rigurosa la concentración de la propiedad de señales de radio, cable o servicios de internet. También prevé instancias de participación ciudadana en los medios públicos, así como organismos de fiscalización para dar recomendaciones a todo el sistema audiovisual ante situaciones de vulneración de derechos.
La ley que alguna vez fuera considerada ejemplo internacional para la red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión en América Latina y el Caribe (IFEX-ALC), sería derogada, por una ley que para ambos especialistas parte de la defensa del modelo de negocios (concentrado en pocas manos), en detrimento de la libertad de expresión, garantías de la pluralidad de voces, así como de la participación ciudadana en el otorgamiento de licencias del espectro de radio (un bien público, finito).
Los riesgos de concentrar los medios en un pequeño conglomerado de dueños son el empobrecimiento de las ofertas de información, entretenimiento y contenidos culturales, potencialmente uniformizandolos. Desconociendo el pacto de San José de Costa Rica al cual Uruguay es signatario, y sobre el cual se establece que el Estado debe garantizar la más amplia libertad de expresión (lo cuál implica democratizar el acceso a señales de radio), así como velar por la protección de los sectores vulnerables de la sociedad.
La ley vigente establece que los propietarios de licencias de cable deban aportar una contraprestación a un fondo para la promoción del sector audiovisual nacional, el cual no fue requerido por el gobierno del Frente Amplio durante los 5 años que debía hacerlo, hasta su último año de gobierno en el que si lo hizo. Tan solo 3 meses después asumió un nuevo gobierno que dejó sin efecto la disposición, por lo que el Fondo de promoción nunca recibió dinero alguno. También fue el destino de algunos organismos, que la ley creó pero nunca fueron convocados o se demoró mucho en conseguir que pudieran comenzar a trabajar.
Ha sido dicho*, que las principales razones expuestas para modificar la ley vigente son:
1) que está atrasada porque no regula a los servicios audiovisuales en Internet (como Netflix y Disney plus) y
2)que la ley vigente tiene demasiados artículos, y por lo tanto es restrictiva.
Sin embargo, la ley vigente es muy minuciosa, porque busca ser clara en los términos en los que se expide, y no dejar a discreción lo que se pudiera interpretar. A su vez el nuevo proyecto, no regula servicios de Internet, por lo cual en ese sentido también está atrasada, solo que esta vez está 5 años más atrasada.
*Maria Simón y Gabriel Kaplún en el Foro Plural: Una nueva ley de medios en debate (FIC-Udelar)
