Colectivos ambientalistas denuncian el grave impacto socioambiental de los nuevos proyectos de urbanización. Y denuncian la falta de respuesta institucional frente a la destrucción de humedales, la tala de monte nativo y el riesgo hídrico.
Representantes de la Red Ambiental Piriápolis y Alrededores y de la Unidad de Denuncia Ambiental Ciudadana comparecieron ante las Comisiones de Ambiente y de Planeamiento de la Junta Departamental de Maldonado. El objetivo central de la audiencia consistió en exponer la crítica situación territorial del Municipio de Piriápolis, y formalizar la solicitud de una veda cautelar urgente sobre la conversión de suelo rural a urbano.
Las trece organizaciones firmantes expresaron su profunda preocupación por la rápida proliferación de emprendimientos inmobiliarios canalizados mediante los Programas de Actuación Integrada (PAI), los cuales abarcan unas 400 hectáreas. Según explicaron en la sesión, la habilitación sistemática de estos fraccionamientos se ejecutan sin una visión integral de la región, perjudicando severamente a varias cuencas hidrobiológicas y profundizando deficiencias estructurales en el área.
Entre los perjuicios proyectados destacan las recurrentes inundaciones, la carencia de saneamiento adecuado, la contaminación del agua y la sobrecarga de los servicios básicos. Además, alertaron sobre las repercusiones sociales y los efectos dañinos para la salud pública y mental de las comunidades residentes.
Durante la reunión, el colectivo ciudadano presentó ante los ediles un conjunto de ocho carpetas que contienen denuncias documentadas, peritajes técnicos y propuestas operativas elaboradas desde el año 2022. Mediante un detallado registro fotográfico, expusieron infracciones graves que persisten en la zona: el relleno no autorizado de humedales, la canalización arbitraria de arroyos, la tala indiscriminada de monte nativo y diversos focos de contaminación hídrica.
Los voceros lamentaron que las denuncias caigan de manera reiterada en la inacción institucional, advirtiendo que ni los organismos municipales ni los departamentales o nacionales implementaron planes de control efectivos, medidas de reparación ambiental o sanciones ejemplares.
Ante este escenario, la plataforma social formuló exigencias concretas: congelar la tramitación de nuevos proyectos PAI para auditar las irregularidades, exigir la Evaluación Ambiental Estratégica en cumplimiento del artículo 47 de la Ley de Ordenamiento Territorial, priorizar la elaboración del Plan Local de Ordenamiento, para Piriápolis y Solís, y garantizar una participación ciudadana real.
Las delegaciones enfatizaron que esta acción institucional respalda el trabajo desarrollado en las Mesas de Diálogo Territorial. Asimismo, recordaron que la defensa de las cuencas y el acceso al saneamiento encuentran amparo explícito en el artículo 47 de la Constitución de la República, el cual consagró la protección ambiental y el agua como derechos humanos esenciales de interés general.
