La muerte del trabajador Matías Torres (33) oriundo de Tacuarembó, a consecuencia del impacto de un rayo cuando realizaba tareas de pastoreo en el departamento de Florida el pasado 16 de agosto, conforma una “nefasta estadística”
De acuerdo a la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA), suman 23 los trabajadores rurales que han resultado muertos o gravemente lesionados en los últimos 33 meses. Sus edades van desde los 13 a los 74 años.
En un comunicado, al cual han adherido también desde el Sindicato Peones de Estancias SIPES y el Sindicato Único Trabajadores del Arroz y Afines SUTAA, señala que “el sector rural, insignia de nuestro país; donde se producen las mayores riquezas del país, es también un espacio de muerte para los trabajadores”.
En diversas circunstancias y rubros de la explotación agrícola y pecuaria del país, los trabajadores agremiados del campo han relevado que “en treinta y tres meses se han producido veintitrés incidentes que han terminado con la vida o han lesionados trabajadores rurales”, lo cual posiciona al trabajo rural como un “espacio de máxima vulneración”, tanto para niños, personas adultas e incluso adultos mayores vinculados a tareas productivas en distintos puntos del país.
Estos hechos suceden a contrapelo de lo que reclama la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “la cual durante el año 2022 declaró como un derecho fundamental en el trabajo, el derecho a un entorno de trabajo “seguro y saludable”.
Los trabajadores rurales agremiados entienden que esta vulneración a la seguridad en los entornos laborales atenta contra el derecho “de todo trabajador a no morir, ni enfermar, ni lastimarse trabajando”
Uruguay está comprometido por “la norma internacional” como miembro de la OIT, “a respetar el principio a un entorno de trabajo seguro y saludable” aunque la realidad sigue presentando desafíos importantes que enciende las alarmas entre los trabajadores.
En este sentido, en enero del 2022 el gobierno nacional firmó un decreto “que permite suspender trabajo rural ante circunstancias climáticas de riesgo”. El decreto 38/2022 emerge como un intento para dotar de mayores grados de seguridad a los trabajadores del campo, pero es blanco de fuertes cuestionamientos por parte de la UNATRA, la cual no suscribió el borrador del decreto denunciando “profundas incongruencias”, dijo a Portal APU.uy Marcelo Amaya directivo de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA).
Según Amaya dicho decreto, “deja a criterio del empleador la asignación o no de tareas a campo, más allá de las advertencias meteorológicas emitidas por INUMET y tampoco garantiza que no haya descuentos de jornales a los trabajadores ante la negativa de cumplir sus tareas mientras se encuentre activa una alerta que ponga en riesgo su seguridad laboral”.
Según consta en la normativa se “establece que los responsables (de su implementación) son el empresario, encargado o capataz, quienes deberán difundir y hacer cumplir las indicaciones a los trabajadores a su cargo”
En su momento, en diálogo con Comunicación Presidencial, el inspector general de Trabajo, Tomas Teijeiro afirmó que “en términos generales, hay seguridad en el ámbito rural. Lo que muchas veces hay es desconocimiento o conductas arriesgadas de empleadores o trabajadores que ponen en juego la vida”, aseveró.
Por su parte, el presidente del Instituto Uruguayo de Meteorología, Pablo Cabrera dijo a Portal APU.uy que “el INUMET fue parte informante ante la Comisión de Diputados cuando se trató el tema y al propio MTSS de cómo se emitían las alertas, características, polígonos de áreas afectadas y umbrales”; al tiempo que recordó que “siempre las condiciones de trabajo y protocolos son competencia del Ministerio de Trabajo”, puntualizó Cabrera.
Desde Portal APU.uy dialogamos con Marcelo Amaya de la UNATRA quien dijo sentir “mucha preocupación” frente al incremento de los accidentes fatales en el sector. Amaya reconoció que dejar a criterio del empleador el realizar o no tareas bajo condiciones meteorológicas adversas “es exponer al trabajador a situaciones de vulnerabilidad y no se le puede pedir que salga a un campo inundado por el mero hecho de portar un chaleco salva vida”.
“A nosotros nos preocupa el hecho de que se pueda permitir que un trabajador salga a campo cuando hay arroyos crecidos o niveles de agua que hacen imposible saber por dónde se está transitando ya que eso no aporta en nada a la seguridad laboral que hemos venido reclamando”, puntualizó Amaya.
El dirigente sindical entiende que “la salud y la seguridad laboral no están en el centro del debate y percibimos una alta dosis de permisibilidad por parte de las autoridades que deberían velar por la seguridad de los trabajadores”, dijo a Portal APU.uy Marcelo Amaya.
Los trabajadores consideran que en lo que respecta a fiscalización en el sector, su implementación es muy compleja y el no haber hecho vinculante las alertas emitidas por el ente oficial al momento de firmar el decreto “nos plantea incongruencias fuertes que entendemos deben ser analizadas y atendidas, ya que no vemos que se proteja al trabajador ante la discrecionalidad del empleador”, lamentó Amaya.
Con el comunicado emitido por los trabajadores rurales agremiados buscan "que estas situaciones no se naturalicen", al tiempo que entienden "que es necesario generar conciencia sobre la necesidad de un debate como sociedad sobre esta problemática, pero es muy difícil cuando vemos que no hay voluntad política para lograrlo”, remarcó Amaya.
