¿Es necesario que el Estado sea el garante de las prestaciones sociales o es necesario un nuevo paradigma en ese sentido? Tal vez allí está planteada la raíz del tema que se suele soslayar y en cambio la discusión se concentra en aspectos operativos imposibles de resolver si no se considera, primero, el marco regulatorio.
En Uruguay está funcionando una comisión de expertos en el tema, que ha solicitado más de una prórroga antes de expedirse con respecto a las propuestas que habrá de elevar al gobierno y que deberán ser consideradas, seguramente, por el Parlamento de nuestro país.
Hay, es notorio, posturas encontradas pero también hay un puñado de tópicos que pueden ser considerados como válidos hasta que una mayor flujo de información expone esos temas a una mayor reflexión. Uno de esos conceptos es que la seguridad social en Uruguay es deficitaria y que el Estado no puede seguir haciéndose cargo de ese saldo negativo. Es cierto pero hay razones para que eso sea así, y hay propuestas para que no sigamos viendo esa situación de “quiebra” a la que aluden algunas figuras políticas.
El Director del Banco de Previsión Social (BPS) Ramón Ruiz, que es el representante del equipo que eligieron los trabajadores para ese organismo, brinda algunas propuestas que revertirían esa situación descripta y que situan la pérdida en 600 millones de dólares anuales, equivalente a un punto del Producto Interno Bruto (PIB).
En primer lugar afirma que la reforma, si bien es necesaria, no es urgente, pero más allá de eso repasa las “fugas” que tiene el instituto previsional.
En primer lugar afirma que el BPS no cobra 233 millones de dólares por exoneraciones a empresas. El equipo que representa Ruiz no plantea que se eliminen las mismas, sino que se consideren como recursos genuinos y no como un déficit.
A su vez, cuando se le traslada a la Dirección General Impositiva (DGI) siete puntos de IVA por lo que se recauda del IASS, esta le cobra una comisión al BPS de 87 millones de dólares que es, precisamente, el equivalente a todo el gasto de funcionamiento de la DGI. Entonces solicitan que el BPS tenga un régimen similar al de la educación que está exonerada, según se resolvió en la Rendición de Cuentas de 2018, de costos por esas transferencias.
Pero, por otro lado, el banco es un ente recaudador de impuestos que vuelca a la DGI sin que ésta le pague por ese servicio.
Sin embargo, uno de los puntos más llamativos en estas “fugas” que tiene el instituto previsional del Estado es que le hace el trabajo administrativo a los fondos previsionales privados (AFAPs) sin cobrar “ni un peso”, afirma Ruiz.
La entrevista también transitó por la edad de retiro, otro de esos tópicos que se plantean como verdades reveladas pero que ameritan una mirada con mayor detenimiento, en especial en las distintas ramas de actividad.
Ruiz, destaca el trabajo de su equipo que ha llegado a la conclusión de que es necesario procesar una discusión integral del sistema de previsión social en Uruguay.
