La Justicia dispuso este miércoles el arresto domiciliario total con tobillera electrónica para el exsenador Gustavo Penadés y el profesor Sebastián Mauvezín, quienes enfrentan graves acusaciones por delitos sexuales contra menores de edad. La decisión fue adoptada a pesar de los fuertes cuestionamientos de la fiscalía y los abogados de las víctimas.

La fiscal Alicia Ghione había solicitado la prórroga de la prisión preventiva hasta junio de 2025, señalando que aún faltan testimonios clave y pericias por realizar, además de nuevos elementos que surgen de la investigación, como la información obtenida de los celulares de los imputados. Ghione advirtió que los riesgos procesales siguen siendo elevados, mencionando posibles intentos de entorpecer la investigación, el peligro de fuga y el riesgo para las víctimas.

Sin embargo, el tribunal decidió aplicar una medida menos severa, lo que fue fuertemente criticado por la fiscal, quien expresó su desacuerdo y anunció que apelaría la resolución. "Esperamos que el Tribunal de Apelaciones revoque esta sentencia y restablezca la prisión preventiva", afirmó Ghione en rueda de prensa.

Por su parte, los abogados de las víctimas, Juan Raúl Williman y Soledad Suárez, también expresaron su preocupación, asegurando que las víctimas siguen expuestas a riesgos, incluso después del avance de la investigación. Subrayaron que el tiempo transcurrido y las evidencias recolectadas no garantizan la seguridad de las víctimas.

El caso sigue siendo un tema de debate en el ámbito judicial, con opiniones divididas sobre la proporcionalidad de la medida tomada y la protección de los derechos de las víctimas frente a los de los imputados.