La reciente decisión del presidente chileno Sebastián Piñera de militarizar zonas fronterizas para impedir el ingreso de familias migrantes motivó esta charla con el uruguayo Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo del Movimiento de Acción Migrante (MAM) y miembro de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y pro Migrantes.
De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a junio de 2019 se estimaba que el número de migrantes internacionales era de casi 272 millones en todo el mundo, 51 millones más que en 2010.
En tanto, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) el número de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo era de 79,5 millones a finales de 2019. De ellos, 26 millones eran refugiados, 45,7 millones de personas desplazados internos y 4,2 millones eran solicitantes de asilo.
Con esas cifras es lógico visualizar que se trata de una realidad preocupante pero que, al mismo tiempo, no debería generar rechazo porque en algún punto nos involucra y nos compromete a todos. Sin embargo eso no es lo que ocurre.
Una de las metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas.
También se ocupa de otros aspectos como la trata de personas, las remesas y la movilidad internacional de estudiantes, entre otros ya que la migración suele ser relevante para otros muchos objetivos.
El 16 de setiembre 2016 en Nueva York, Estados Unidos, se reunió la Cumbre de la ONU sobre los Refugiados y los Migrantes en la Asamblea General de la ONU para lo cual el Secretario General presentó el informe titulado “En condiciones de seguridad y dignidad: respuesta a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes".
“En dicha Cumbre, los Estados Miembros de las Naciones Unidas adoptaron un conjunto de compromisos, conocido como la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes (A/RES/71/1), que expresa la voluntad política de los dirigentes mundiales de salvar vidas, proteger derechos y compartir la responsabilidad a escala mundial. Esta declaración reconoce la contribución positiva que hacen los migrantes al desarrollo sostenible y se compromete a proteger la seguridad, la dignidad y los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio”. (**)
La situación chilena
El sábado 12 de febrero, a falta de un mes para que se produzca la asunción del nuevo gobierno, el actual mandatario chileno, Sebastián Piñera, dispuso un "estado de excepción" que supuso un despliegue militar en los sectores fronterizos de cuatro provincias de las regiones de Antofagasta y Arica, en el norte el país.
La novedad la comunicó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, luego de mantener una reunión con parte de los transportistas que exigían medidas de seguridad y el endurecimiento de las fronteras.
"El estado de excepción permitirá la colaboración entre las Fuerzas Armadas y la policía con dos focos: Combatir el tráfico de drogas y el tráfico de migrantes", explicaba el jerarca.
El detonante de una situación ya de por sí tensa, se generó luego de la muerte de un camionero, dentro de un marco de protestas en la zona fronteriza.
Las provincias que estarán militarizadas son Arica, Parincota, Tamarugal y El Loa, en las frontera con Perú y Bolivia, donde también se reforzó el control con medios aéreos y terrestres: radiopatrullas de carretera, motos, helicópteros y un avión vigía.
En la zona norte de Chile existe, desde hace meses, una corriente migratoria que implica la llegada masiva de personas indocumentadas y, por otro lado, la celebración de huelgas contra la migración, paros de transportistas y manifestaciones xenófobas.
“Las fronteras llegaron después que los pueblos estaban viviendo, y quedaron familias viviendo de un lado y del otro”.
Eduardo Cardoza explica en esta entrevista para el portal APU.uy, algunos aspectos que desmienten algunas creencias que están arraigadas en parte de la población de los países, pero que no tienen que ver con datos concretos. Es más, los datos van en contra de esos preconceptos que se reiteran como verdades absolutas cuando en realidad son falsedades.
Por ejemplo, aporta cifras estadísticas mediante las cuales se evidencia que la delincuencia vinculada a la migración, es de un 0,1%, “casi la nada” afirma. Y agrega luego que “la migración en Chile, entre 2014 y 2017, creció un 206%, pero los delitos en los cuales estaba vinculadas personas que fueran extranjeras, disminuyeron, en ese mismo período, en un 53%”.
Afirma también que los migrantes que han llegado a Chile se han incorporado a la economía sin que se generen impactos como por ejemplo en la baja de salarios. Por otra parte estudios internacionales demuestran que, con los fenómenos migratorios, la economía se expande y los que ingresan toman para sí tareas que requieren mayor cantidad de mano de obra u otras que se descartan por parte de los que ya viven en ese territorio.
“Hoy en Chile hay un millón quinientas mil personas migrantes, y eso representa un 8% de la población” con lo que se requiere de políticas interculturales y un discurso desde los círculos de poder que contribuya a una mejor y mayor integración.
Las migraciones “son parte de procesos sociales globales que aportan a la sociedad y que pueden aportar muchísimo más en la medida en que sean bien tratados” asegura Cardozo que no duda en calificar de maltrato lo que reciben los migrantes en Chile.
(*) Eva Maria Geigl, directora de investigaciones del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia y corresponsable de un equipo de paleogenómica del Instituto Jacques Monod, en París.
