Hay casualidades que muchas veces no lo son y por eso se habla de causalidades. Una demora en poder concretar este intercambio con la investigadora Francesca Lessa hizo que lo realizáramos el 27 de junio, fecha que es tomada, habitualmente y discrepancias mediante, como el comienzo de la dictadura cívico-militar de Uruguay. Otra de esas “curiosidades” hace que la nota sea publicada el 2 de julio, fecha en que murió en Argentina el ex-comisario general Miguel Osvaldo Etchecolatz. Se trata de un militar que, entre 1976 y 1979 estuvo al frente de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense y fue el responsable de una veintena de 20 centros clandestinos de detención y otras tantas maternidades clandestinas.

Se fue sin remordimientos y sin aportar información. Ese había sido, precisamente, uno de los temas centrales de la entrevista, poder comprender el grado de compromiso que las distintas generaciones tenemos con estos temas.

“La indiferencia o falta de conocimiento sobre estos temas no es algo que se pueda adjudicar exclusivamente a los jóvenes”, afirma Lessa. Y apoya esa convicción no sólo en su estudio, trayectoria y conocimiento del tema sino también en la tesis doctoral de un colega chileno, Hugo Rojas profesor en la Universidad Alberto Hurtado de aquel pa´´is, que al abordar la indiferencia hacia el tema de la violación de los Derechos Humanos en Chile llegó a esa misma conclusión.

La preocupación de los jóvenes por estos temas, en opinión de la investigadora, se refleja, en el caso de Uruguay en la marcha multitudinaria que se registró el pasado 20 de mayo en el centro de Montevideo y en los encuentros que también se organizaron en distintos puntos del territorio.

Hay, en cambio, personas de generaciones que corresponden al tiempo de la dictadura cívico-militar, al tiempo de la represión, de las desapariciones, que no parecen interesarse de la misma forma por el esclarecimiento de los casos de ese tiempo. Tal vez, opina Lessa, “porque sienten que no fueron afectados directamente”.

 “El respeto, la promoción de los Derechos Humanos, tanto del pasado pero también en el presente, va más allá de las banderas políticas. Tiene que ser un compromiso de toda la sociedad y también de los representantes políticos en cada país”.

Hay una continuidad que ha permanecido en casi todos los gobiernos democráticos, desde la transición hasta la fecha, ha sido que la búsqueda de verdad y justicia nunca se ha convertido en una política de Estado. Aun así la entrevistada reconoce que hubo diferencias “muy importantes” en un gobierno y en otro. En ese sentido diferencia los mandatos de Julio María Sanguinetti, “donde se impulsó claramente una política de silencio (y de) impunidad”, con los de Tabaré Vázquez y de José Mujica, “donde se pudo avanzar en alguna de las causas de violaciones de Derechos Humanos”. Señala, como parte de esos avances, la identificación de algunas, muy pocas, de las personas desaparecidas.

“Obviamente es importante marcar estas diferencias y señalar los avances que hubo bajo los gobiernos del Frente Amplio, pero creo que había muchísima más expectativa de que se hubiese podido lograr mucho más de lo que efectivamente se obtuvo en esos años”, complementa.

La investigadora italiana ubica en los últimos dos años una serie de pedidos de procesamiento por parte de la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad que considera que es “uno de los avances más importantes que hubo en los últimos años” pero, al mismo tiempo advierte que la Justicia “sigue siendo bastante lenta en resolver estos pedidos de procesamientos”.

Otro motivo de preocupación que se advierte desde el exterior es el proyecto de Ley presentado por Cabildo Abierto que favorecería con prisión domiciliaria a “las pocas personas” que están en prisión por delitos de Lesa Humanidad. La inquietud la centra en esos partidos que nuevamente pretenden instalar políticas de impunidad.

Dos sentencias internacionales

Uruguay ya ha tenido dos sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la “sentencia Gelman del año 2011” y más recientemente “la sentencia en la causa Maidanik y otros”. En estos casos “lo que es interesante resaltar – afirma Lessa – es que la Corte, en ambas sentencias ha afirmado, de una forma muy contundente, la lentitud y los diferentes obstáculos que siguen existiendo en el país y que realmente han dificultado los avances en la búsqueda de verdad y justicia”.

Y pone el énfasis en que ambas sentencias de la Corte tienen que ver con casos de “desapariciones forzadas”, lo que se conoce como “delitos permanentes” o “secuestros permanentes”. Agrega que “la Corte ha sido muy clara en decir que esa denegación de justicia constituye, además, una nueva violación de los derechos humanos de los familiares que han estado buscando justicia, además de los delitos que sus seres queridos ya sufrieron en su momento”.

“La impunidad no sólo es dañina para los delitos del pasado, sino también para el presente y el futuro” porque “genera condiciones para que nuevas violaciones de Derechos Humanos se vayan perpetrando”

 

Hay actores y sectores políticos que hablan insistentemente de “dar vuelta la página” y dejar estos temas como hechos del pasado, ya superados por la sociedad. La pregunta que le planteamos a la entrevistada es si esto lo considera viable.

Para eso recurrió a un ejemplo, el de la Guerra Civil Española que se extendió desde el 17 de julio de 1936 hasta el 1° de abril de 1939: “ya pasaron muchos años y, a pesar de muchos intentos de instalar amnistía, impunidad y silencio, vemos como cada vez más ese tema sigue en la mesa, y aparece, no sólo en el debate político y social en el país, sino hasta en la producción cultural” comenta, aludiendo, por ejemplo, a la película “Madres Paralelas” de Pedro Almodóvar estrenada en 2021.

“A pesar que en muchos países se ha intentado tomar una decisión política de adoptar la amnistía y la impunidad como una respuesta (…), las sociedades siempre han avanzado y han vuelto porque son heridas en el tejido social que ninguna decisión política puede cerrar” afirma. Agrega luego que es necesario un proceso que permita “enfrentarse con ese pasado para lograr las respuestas que se necesitan”, pero únicamente con “una base de verdad y justicia”  que por el momento “no existe en España, ni en Uruguay ni en otros países, como Brasil, por ejemplo”.

Precisamente, en lo referido a ese país, compara los casos de las violaciones de Derechos Humanos cometidos durante la dictadura con las que se cometen en el presente. Y afirma, al respecto que la cifra de ejecuciones arbitrarias, desapariciones y casos de tortura por parte de la Policía Militar, es muchísimo más elevada en estos tiempos que en el período dictatorial.

Estudios académicos realizados por esa situación permiten concluir que esa realidad que se vive hoy en Brasil es, precisamente, por no haber resuelto el legado que dejó la dictadura. Entonces hoy está instalada esa cultura de la impunidad contra lo que se puede definir como “el enemigo”, compuesto tanto por militantes de izquierda, como grupos ilegales de tráfico de drogas, “o simplemente los que viven en barrios pobres”. Sobre todos ellos se construye una imagen de “ciudadanos sin derechos” legitimando el uso de la violencia y de la brutalidad por parte de la policía agrega.

Entonces para Lessa la conclusión es la que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando afirma que “la impunidad no sólo es dañina para los delitos del pasado, sino también para el presente y el futuro” porque “genera condiciones para que nuevas violaciones de Derechos Humanos se vayan perpetrando”.

Los casos que Francesca Lessa reúne en este trabajo, que espera que pueda ser editado en idioma español en setiembre de este año, “son prácticas de represión política que siguen siendo utilizadas por parte de diferentes gobiernos autoritarios en diferentes regiones del mundo”.