Hace pocos días en Uruguay, una delegación de familiares de presos por crímenes de lesa humanidad autodenominados "presos políticos", tuvo una audiencia virtual -de rutina- con el representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Uruguay, y la asesora en derechos humanos, la cual fue amplificada por algunos medios uruguayos reiterando términos polémicos.
Para conocer más del tema Apu.uy conversó con Gastón Grisoni, presidente de Crysol una organización que nuclea a las y los ex presos políticos del Uruguay. Al ser consultado acerca de la diferencia entre un preso común y un preso político, Grisoni explica que la diferencia fundamental radica en que en la dictadura las detenciones, procesamientos, así como las torturas, asesinatos y desapariciones fueron ordenadas desde el Poder Ejecutivo, sin atenerse a las normas vigentes (las cuales se encontraban suspendidas). Quienes hoy son presos por crímenes, durante o antes de la dictadura, lo son de acuerdo a las leyes vigentes, y con todas las garantías del debido proceso. Es decir que fueron procesados por el Poder Judicial con absoluta independencia, siguiendo las leyes que el Parlamento Uruguayo estableció en sus plenas potestades. En particular recalca la Ley de Amnistía de 1985 (N° 15.737) en la cual se reconoce la rectoría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la Ley interpretativa de la caducidad de 2011 (N°18.831), que junto con la condena de la CIDH al Estado uruguayo por el caso Gelman, y las sucesivas declaraciones de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia a la Ley de caducidad a partir del 2009, mandatan al Estado uruguayo a investigar y llegado el caso, a sancionar a los responsables de los crímenes cometidos antes o durante la dictadura.
Es en este contexto que la reunión de la ONG "Familiares de prisioneros políticos - Uruguay" con la delegación de la ONU, no tiene mayor trascendencia para Grisoni. Agrega que Crysol mantiene reuniones de trabajo periódicas con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en América del Sur (donde participan Jan Jarab y Michel Bachellet, junto a múltiples organizaciones sociales), las cuales no trascieden en los medios uruguayos.
"Hay una campaña insistente del "partido de la impunidad" (por Cabildo Abierto), y de los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad, presionando a la coalición y al gobierno, tratando de manipular a la opinión pública para lograr revertir el proceso que se ha venido alcanzando: de que la Justicia uruguaya cumpla con sus cometidos constitucionales, monopólicos y exclusivos" esto es investigar, esclarecer y sancionar los crímenes cometidos antes y durante la dictadura, afirma Grisoni
En esa cruzada mediática toma participación relevante el “Foro de Montevideo” (del cual la escritora Mercedes Vigil es la cara más visible), reivindicando la liberación de los criminales de la dictadura, así como el proyecto de liberación de los presos mayores de 65 años que propuso Cabildo Abierto. En tanto uno de los voceros de la ONG "familiares de presos políticos", Diego Flores, concurrió a la comisión parlamentaria encargada de analizar este tema para argumentar a favor de la liberación de los imputados por crímenes de Lesa Humanidad.
Más allá de las dos posturas antagónicas, Grisoni afirma, con indignación, que "lo que es escandaloso es el titular de Montevideo Portal, que los define como prisioneros políticos".
