El maltrato se refiere a cualquier acción u omisión que produce daño, vulnera el respeto a la dignidad y el ejercicio de los derechos de una persona adulta mayor. Es, en definitiva, una violación del derecho a la integridad personal.

Debido a que el maltrato de las personas mayores representa una vulneración de sus derechos, constituye un problema social y, como tal, requiere de la mayor atención y de mejorar aquellos mecanismos que puedan ayudar a identificar y a visibilizar las situaciones de abuso. También implica desnaturalizar actitudes, creencias y prácticas de maltrato en los entornos donde conviven e interactúan las personas mayores, sus familias y las comunidades en las que están insertas.

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (OEA, 2015) lo define como la “acción u omisión, única o repetida, contra una persona mayor que produce daño a su integridad física, psíquica y moral y que vulnera el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente de que ocurra en una relación de confianza”.

Pero entonces es necesario definir cuáles son los tipos y las formas de maltrato y ahí encontramos las conductas de abuso emocional o psicológico, la negligencia, el abuso o maltrato físico, el abuso financiero, el abuso sexual y el abandono, además de aquellos que se vinculan con representaciones sociales prejuiciosas.

Precisamente el “viejismo” es ese prejuicio negativo sobre la vejez que se extiende a las personas que están en esta etapa del curso de vida. Pero está también el “infantilismo”, que es la tendencia a tratar a los mayores como si fueran personas carentes de derechos o incapaces de tomar decisiones por sí mismos.

Por otro lado también está presente el “maltrato cultural”. La definición puede resultar algo compleja si decimos que la misma surge cuando se utilizan aspectos del mundo simbólico para legitimar o justificar la violencia de tipo estructural o directa, a través de los medios de comunicación, valores culturales, lengua, educación, religión, artes y ciencias. En definitiva son aquellas argumentaciones que hacen percibir como “normales” situaciones de violencia profunda.

Factores de Riesgo

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) los principales factores de riesgo que pueden incrementar la posibilidad de que una persona mayor reciba malos tratos, entre otros son de distinto tipo:

Personales: cuando se registra deterioro de la salud física y mental, ya que la sitúa en una posición de desventaja al convertirla en un ser dependiente de otras personas. Pero además, si es mujer, aumentan los niveles de violencia similar a lo que ocurre cuando la persona sufre patologías de salud mental, si vive con quien es el o la agresor/a y si a su vez esta última hace abuso del consumo alcohol y/o de sustancias psicoactivas.

Relacionales: Cuando el agresor depende de la persona adulta mayor, generalmente por razones económicas, se incrementa el riesgo de malos tratos.

Socio culturales: La representación de las personas mayores como frágiles, débiles y dependientes; el debilitamiento de los vínculos entre las generaciones de una misma familia; los procesos sucesorios y de derechos de la propiedad que afectan la distribución del poder y de los bienes materiales de las familias; el abandono por la migración de parejas jóvenes que dejan a los padres y mayores solos en sociedades en las que tradicionalmente los hijos se han ocupado de cuidar a las personas mayores y por último la insuficiencia o carencia de recursos monetarios para poder hacer frente a  los cuidados.

Enclaves Comunitarios: El aislamiento social de las personas mayores y de quienes proveen cuidado, junto con la falta de apoyo social, puede incidir en malos tratos. En esa realidad los mayores quedan en desventaja por la pérdida de capacidades físicas o mentales, o por la pérdida de amigos y familiares que los amparen.

Contexto de Pandemia

Aunque todas las personas de cualquier edad corren el riesgo de contraer COVID-19, las personas mayores tienen un riesgo significativamente mayor de mortalidad y enfermedad grave después de la infección, y los mayores de 80 años mueren a un ritmo cinco veces mayor que el promedio. Se estima que el 66% de las personas de 70 años o más tienen al menos una afección subyacente, lo que los coloca en un mayor riesgo de impacto severo por el COVID-19.

Esta situación hace que deban incrementarse los mecanismos de prevención e intervención a las situaciones de violencia, más teniendo en cuenta que nuevas configuraciones de violencia se han instalado de forma que tiende a ser normalizada como privación de salidas y libertad de movimiento; ensañamiento, obstinación o encarnizamiento terapéutico o diagnóstico, algo incrementado en el contexto de pandemia; limitación de acceso a información  y, en la relación médico-paciente, restricción de la información sobre su propia salud.

A continuación compartimos dos marcos normativos a tener en cuenta:

• LEY 19.430 (2016) aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos de las Personas Mayores, normativa fundamental porque se define y se establece el reconocimiento de derechos humanos específicos.
• LEY 19.580 (2017). LEY DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES BASADA EN GENERO. Esta ley es clave porque la violencia de las mujeres mayores basada en género sigue siendo un tema relevante y sobre el que aún falta visualización.