El viernes 4 de junio, en el marco del Día Mundial de la Fertilidad, se lanzó en nuestro país la campaña denominada #derechoadarvida.
Actualmente la ley n° 19167 de Reproducción Humana Asistida vigente en Uruguay tiene por objeto “regular las técnicas de reproducción humana asistida acreditadas científicamente, así como los requisitos que deben cumplir las instituciones públicas y privadas que las realicen”. Sin embargo no está contemplada la cobertura para mujeres con potencial infertilidad debido a tratamientos oncológicos.
El Dr. Juan Ceretta, abogado y docente de la Universidad de la República (UDELAR), es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República; docente del Consultorio Jurídico y de la Clínica de Litigio Estratégico en la Carrera de Abogacía y es, además, un reconocido activista por la defensa de los Derechos Humanos.
En contacto por el Portal APU.uy, Ceretta señala que ha recibido varias consultas sobre el amparo de la ley. “Uno de los problemas es el de las mujeres jóvenes y adolescentes que tienen que someterse a algún tratamiento de quimioterapia para tratar su enfermedad oncológica y saben que, como efecto secundario, se va a afectar su capacidad reproductiva”.
Para estos casos, existe la posibilidad de preservar los óvulos antes de someterse a la quimioterapia, de manera tal de salvaguardarlos y poder utilizarlos posteriormente. Esta técnica está mencionada en la ley, pero no es financiada por el Fondo Nacional de Recursos.
“Estas mujeres, en tanto se enfrenten a dicha situación, tienen la posibilidad de acceder cuentan con el dinero para pagar la técnica, pero si no lo tienen se enfrentan a una disyuntiva: o tratar su cáncer y en la gran mayoría curarse, porque en muchos de los casos nos referimos a cáncer de mama o cáncer de ovario con detecciones tempranas, pero a cambio renunciar el día de mañana a la posibilidad de ser madres”,menciona Ceretta.
Respecto a los costos que se deben afrontar para la conservación, en promedio van desde los tres mil hasta los diez mil dólares, dependiendo de cuánto tiempo permanezcan preservados. “Hace un tiempo terminamos haciendo un juicio de amparo donde se condeno al Estado a financiar ese procedimiento” explica respecto a un caso puntual en el que se implicó. Este fue uno de los disparadores para buscar una solución que no implique tener que realizar juicios. “Empezamos con la idea de una campaña para difundir esto, para generar conciencia y que el sistema político se haga eco de estas falencias de la ley”.
Por otra parte, en la campaña también se incluyen a las mujeres que logran preservar sus óvulos, pero padecen una enfermedad de transmisión hereditaria y al momento de hacer la fertilización necesitan utilizar el procedimiento denominado “diagnóstico pre-gestacional”. Lo que permite es que, una vez formados los embriones, poder identificar cuáles no recibieron esa información genética defectuosa. “Este diagnóstico tampoco está incluido en el decreto. Es más, mujeres con enfermedades hereditarias o pacientes oncológicas están excluidas de los beneficios de la ley. Todo esto motivo a intentar lograr cambios que no son demasiado significativos o no deberían dar lugar a mucha discusión porque tampoco tienen un costo económico imposible de afrontar por el Estado”.
Para Ceretta la corrección o inclusión de la ley es posible realizarla. Permitiría que las mujeres que se enfrentan a esta difícil situación no dependan de su condición económica para poder acceder a tratamientos que les permitan en un futuro cumplir su sueño de consolidar una familia. Al ser consultado sobre las repercusiones que han tenido hasta el momento los cambios que presenta, menciona que “algunos representantes nacionales que se han preocupado por esto y se han comunicado. Han mostrado interés en atender esas demandas”.


