Rusia, Cuba, Irán, Colombia y organizaciones internacionales condenaron el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela y reclamaron una reacción urgente de los organismos multilaterales para frenar la escalada.
El Gobierno venezolano denunció una “agresión militar criminal” tras bombardeos atribuidos a EE.UU. en distintos puntos del país. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) activó un despliegue integral para la defensa del territorio y la población.
El Gobierno uruguayo manifestó su “seria preocupación” por los ataques de Estados Unidos contra Venezuela, rechazó toda intervención militar y llamó a una solución pacífica en el marco del derecho internacional.
La vicepresidenta de Venezuela denunció impactos en Caracas y en los estados Aragua, Miranda y La Guaira, señaló que se activaron los planes de defensa nacional y acusó a Washington de violar la soberanía y la paz del país.
El Tribunal de Apelaciones dispuso prisión preventiva efectiva para siete militares condenados por torturas durante la dictadura. El fallo de primera instancia había impuesto penas de entre 11 y 15 años de prisión y ordenado un pedido de disculpas del Estado a las víctimas.
Hasta octubre de 2025 se registraron más de 35 mil denuncias por violencia doméstica y basada en género y 33 femicidios en el país. Aunque la cifra de asesinatos de mujeres muestra un leve descenso frente a años anteriores, los datos confirman que la violencia sigue siendo estructural y cotidiana.
El fallo del juzgado de Fray Bentos probó las detenciones ilegales, las torturas y los abusos cometidos en 1980 y 1984, y marcó un precedente al reconocer estos hechos como crímenes de lesa humanidad.
Durante la lectura de la sentencia por las torturas cometidas en San Javier durante la dictadura, el juez Claudio de León realizó un pedido público de disculpas en nombre del Estado uruguayo y calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad.
La Justicia condenó a nueve militares retirados por las torturas cometidas en San Javier durante la dictadura, en el marco del operativo montado en 1980 para sostener el régimen militar. El fallo fue dictado por el juez de Fray Bentos de primer turno, Claudio de León, y establece distintas penas de penitenciaría por privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves.
El fundador de WikiLeaks presentó una denuncia en Suecia contra autoridades de la Fundación Nobel por considerar que el galardón otorgado a María Corina Machado viola el testamento de Alfred Nobel y facilita crímenes de guerra.
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