La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Perú por la esterilización forzada y posterior muerte de Celia Edith Ramos Durand, una campesina que en 1997 fue sometida a una ligadura de trompas tras reiteradas presiones del personal de salud. Ramos Durand sufrió complicaciones durante la intervención y falleció luego de ser trasladada en estado de coma a una clínica de la ciudad de Piura.

En su sentencia, el tribunal sostuvo que el caso no fue un hecho aislado, sino parte de una política estatal masiva de control de natalidad implementada durante los últimos años del gobierno de Alberto Fujimori. Según distintos informes, cerca de 300.000 mujeres, en su mayoría campesinas, indígenas y en situación de pobreza,  fueron esterilizadas en el marco de ese programa.

La Corte también señaló que muchas de las víctimas fueron engañadas, presionadas o no recibieron información adecuada sobre el procedimiento. En numerosos casos, las intervenciones se realizaron en centros de salud sin condiciones sanitarias adecuadas ni personal capacitado, lo que provocó graves secuelas e incluso la muerte de varias mujeres.

El fallo ordena al Estado peruano avanzar en las investigaciones para determinar responsabilidades, así como implementar medidas de reparación para las víctimas, entre ellas un acto público de reconocimiento, compensaciones económicas y la adopción de normas que garanticen el consentimiento libre e informado en materia de salud sexual y reproductiva.

Diversos organismos internacionales han señalado que este programa de esterilizaciones podría constituir un crimen de lesa humanidad por su carácter sistemático. La sentencia de la Corte IDH marca un nuevo hito en la búsqueda de justicia para miles de mujeres que, casi tres décadas después, continúan reclamando verdad, reparación y garantías de no repetición.