En una resolución que ha generado gran impacto en la sociedad, la justicia dictó sentencia esta tarde en el caso de Carlos Moisés Martínez Pereira, imputado por la muerte de su progenitor, Carlos María Martínez Álvarez. La jueza penal de 30° Turno, Dra. María Noel Odriozola, condenó al joven a 12 años de penitenciaría como autor de un delito de homicidio especialmente agravado por el parentesco y el uso de arma de fuego.

El fallo se distancia de la pretensión inicial de la fiscal de primer turno, Sabrina Flores, quien había solicitado una condena de 18 años de prisión. Para fijar la pena en 12 años, la magistrada se afilió a la doctrina del tercio de la pena sobre el delito base, considerando el contexto de "intensa emoción" y la primariedad absoluta del acusado, quien carecía de antecedentes penales.

El proceso técnico se centró en la aplicación del Artículo 36 del Código Penal, invocado por la defensa técnica a cargo del Dr. Marcos Prieto. La defensa solicitaba la absolución total bajo la figura del "homicidio liberatorio", argumentando que el acto fue una respuesta psicopatológica a un sufrimiento crónico derivado de torturas y abusos sistemáticos por parte de la víctima hacia todo el núcleo familiar.

Según el alegato defensivo, Moisés sufrió un colapso disociativo tras enterarse de que su padre planeaba mudarse cerca de su madre y descubrir la magnitud de los abusos físicos y sexuales contra sus hermanos. No obstante, la magistrada consideró que en este caso no se cumplieron los presupuestos para la exoneración de pena, señalando que la conducta, pese al trasfondo, no habilitaba la impunidad total.

Uno de los puntos más críticos del juicio fue el cuestionamiento a la eficacia de la protección estatal. Mientras la Fiscalía argumentó que existieron omisiones en denuncias previas, la defensa sostuvo que el sistema estatal falló históricamente en proteger a la familia Martínez, dejando al joven en una situación de vulnerabilidad extrema que derivó en el trágico desenlace del pasado 25 de mayo de 2025.