A casi un mes para acceder al gobierno de Uruguay, la transición entre el gobierno saliente del Partido Nacional y sus socios y el Frente Amplio, presenta aristas de difícil solución como en en los casos del proyecto Arazatí (Neptuno), los déficit en algunos servicios y empresas públicas -como ASSE y Antel- y los juicios internacionales que están abiertos contra Uruguay.
No obstante, las reuniones entre el presidente electo Yamandú Orsi y el excandidato nacionalista Alvaro Delgado, así como las reuniones entre los ministros designados para el próximo gobierno y los del actual, se están desarrollando sin mayores inconvenientes, excepto el rechazo frontal del futuro ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, al proyecto Arazatí, confirmado luego de la reunión con el actual ministro Robert Bouvier.
A nivel presidencial, el designado prosecretario Jorge Díaz se reunión con el actual secretario de Presidencia Rodrigo Ferrés, enterandose en detalle de los juicios internacionales que enfrenta Uruguay con demandas de la minera de capitales indios Aratirí, que reclama unos 3.500 millones de dólares; el aparentemente ya solucionado -aunque falta pagarle- con la empresa panameña Latin American Regional Aviation Holding (que gerenciaba la línea aérea Pluna) por casi 900 millones de dólares, aunque el año pasado se condenó a nuestro país a pagarle 30 millones de dólares, cuyas cuotas comenzarían el próximo febrero.
También está la demanda de la empresa Montecon, que desde el año 2000 era el principal operador de las áreas públicas para contenedores y carga general, cuyo protagonismo fue reducido cuando el actual gobierno entregó gran parte del puerto de Montevideo a Katoen Natie, de capitales belgas. Los titulares de Montecon son los accionistas de Neltume Ports, la empresa chilena Ultramar y el grupo canadiense ATCO, y reclaman un pago de 600 millones de dólares.
