Una resolución del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), publicada el 23 de diciembre de 2025, habilitó el uso de los tóxicos metiocarb y tiacloprid como método de control poblacional de cotorras en todo el país por un período de 365 días. La medida encendió la alarma de colectivos ambientalistas, profesionales y activistas por la fauna, que denuncian el carácter no selectivo, cruel y ambientalmente riesgoso de estos productos.

Noel Vila y Tamara Villanueva, voceras de la campaña contra el envenenamiento de fauna, señalaron que la resolución fue adoptada “en una fecha crítica, con mínima visibilidad pública y escaso margen para responder”, y que la única vía efectiva para frenar su aplicación es un recurso jurídico respaldado por informes técnicos especializados.

“El uso de venenos no distingue especies, genera sufrimiento prolongado y abre la puerta a un daño ambiental en cadena que puede afectar aves nativas, mamíferos, polinizadores, animales domésticos y cursos de agua”, advirtieron.

Riesgos toxicológicos y advertencias científicas

El metiocarb es un carbamato neurotóxico de alta peligrosidad para aves y mamíferos, mientras que el tiacloprid pertenece a la familia de los neonicotinoides, sustancias ampliamente cuestionadas por la comunidad científica por su impacto sobre la biodiversidad.

Investigaciones desarrolladas en el ámbito de la Universidad de la República (Udelar) y del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) han advertido en distintas oportunidades sobre los efectos de los plaguicidas neurotóxicos en las cadenas tróficas, así como el riesgo de envenenamiento secundario, cuando animales carroñeros o predadores consumen ejemplares intoxicados.

Además, informes técnicos de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) han señalado que el uso de agrotóxicos sin controles estrictos puede provocar contaminación del suelo y del agua, con impactos persistentes en los ecosistemas rurales.

La propia resolución del MGAP reconoce la peligrosidad de los productos y establece que los animales muertos deben ser recolectados y enterrados. Sin embargo, desde el colectivo cuestionan la viabilidad real de ese control. “No existen garantías de que esos cuerpos sean retirados a tiempo ni de que no continúe la cadena de envenenamiento”, sostienen.

Antecedentes y alternativas ignoradas

Uruguay ya aplicó métodos letales contra las cotorras a fines de la década de 1990, con una matanza estimada en más de 250.000 aves, sin resultados sostenibles a largo plazo. “Hoy estamos nuevamente frente al mismo problema, lo que demuestra que la matanza no es una solución”, señalaron las voceras.

Actualmente, el INIA trabaja en líneas de investigación vinculadas al control reproductivo, como cebos anticonceptivos, que apuntan a reducir el crecimiento poblacional sin generar daño colateral ni sufrimiento animal, alternativas que no fueron priorizadas por la resolución oficial.

Desde el punto de vista ecológico, especialistas de la Udelar han explicado que la sobrepoblación de cotorras está estrechamente ligada a desequilibrios generados por la actividad humana, como la expansión de monocultivos, la forestación con eucaliptos (que ofrecen refugio y sitios de nidificación) y la abundancia de alimento. “El problema no es la especie, sino el modelo productivo”, subrayan.

Llamado urgente a profesionales

Ante este escenario, el colectivo lanzó una convocatoria urgente a profesionales para respaldar el recurso jurídico que busca suspender la aplicación de la resolución. Se solicitan informes firmados de:

Veterinarios

Biólogos y ecólogos

Ingenieros agrónomos

Especialistas en fauna, flora y ambiente

Ornitólogos y avicultores

Productores con enfoque agroecológico

Profesionales del área ambiental en general

Los informes deben fundamentar, desde un enfoque técnico y científico, el tipo de sufrimiento que provocan estos tóxicos, el impacto sobre especies objetivo y no objetivo, y los riesgos para el ecosistema, el suelo, el agua y la fauna silvestre y doméstica.

“Nos quedan pocos días. Sin respaldo técnico, esta medida avanza sin control. La responsabilidad es colectiva, porque el desequilibrio lo generamos como sociedad”, señalaron.

La fecha límite para presentar el recurso es el 5 de enero, y desde el colectivo insisten en que la intervención profesional es clave para evitar que Uruguay vuelva a recurrir al envenenamiento masivo de fauna como respuesta estructural a un problema ambiental.