El 9 de julio de 1984, un grupo de 21 personas integrantes de organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos, realizaron un ayuno para reclamar a las autoridades una “amnistía total e irrestricta” para todas las y los presos políticos. 42 años después, la comunicadora y exdirigente de APU, Graciela Possamay, recordó la instancia como “la experiencia más sublime jamás vivida”.

La norma prioriza la prevención, la educación y el trabajo con las comunidades. El país se convierte en el primero de América Latina en contar con una legislación específica contra esta práctica.

La distinción reconoce los hechos ocurridos en la institución durante el período 1968-1985 y busca promover la investigación, la preservación de archivos y la transmisión de la memoria sobre las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado.

La Fiscalía de Homicidios solicita 18 años de penitenciaría por homicidio especialmente agravado, mientras la defensa invoca el artículo 36 del Código Penal para solicitar la absolución por "sufrimiento crónico".

En una conferencia marcada por la denuncia del "genocidio" y la crítica al sistema imperialista, el referente brasileño confirmó que la nueva misión humanitaria zarpará el 12 de abril desde Barcelona. Evaluó como "histórica" la posible participación de políticos y sindicalistas uruguayos en la travesía.

Más allá de los premios, la ceremonia de la Academia volvió a convertirse en un escenario político. Actores y directores aprovecharon la alfombra roja para pedir un alto el fuego permanente en Gaza e Irán, denunciar la guerra y visibilizar la situación del pueblo palestino.

La Secretaría de Género y Feminismos de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) difundió un comunicado en el que reivindica un 8 de marzo antiimperialista, exige igualdad salarial y reclama condiciones dignas y seguras para las mujeres trabajadoras de la comunicación.

Recientemente publicamos una nota referida a Julia Chuñil, activista medioambiental mapuche y presidenta de la Comunidad Indígena Putreguel, desaparecida en noviembre de 2024. En enero de este año la causa tuvo una derivación increíble.

El Tribunal de Apelaciones dispuso prisión preventiva efectiva para siete militares condenados por torturas durante la dictadura. El fallo de primera instancia había impuesto penas de entre 11 y 15 años de prisión y ordenado un pedido de disculpas del Estado a las víctimas.

El Juez Claudio de León asegura que fue una de las pocas veces que aceptó todo lo que solicitó la Fiscalía. Aún así el magistrado dijo estar “absolutamente convencido de que esos delitos que se cometieron, en esa época, con estas personas, fueron delitos de lesa humanidad” y en ese sentido estableció su fallo.